Foto: CIDH
Lima, 27 de julio de 2017.- Organizaciones de sociedad civil de Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana se encuentran construyendo recomendaciones sobre transparencia y acceso a la información, evaluación de impacto ambiental, consulta previa, libre e informada, entre otros, para el sector extractivo y de infraestructura. Estos aportes tienen como fin ofrecer insumos e información sistematizada al trabajo de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y colaborar con la consolidación del ejercicio pleno de derechos, como el acceso a información y consulta previa, en América Latina y el Caribe.
De igual modo, se encuentran trabajando en el desarrollo de estándares específicos sobre acceso a la información, transparencia y participación en el ámbito extractivo y, en general, la gestión de recursos naturales, las mismas que serán entregadas a la relatoría especial de Libertad de Expresión. Así se informó vía carta dirigida a los miembros de la CIDH, entregada durante la reunión que se sostuvo con organizaciones de la sociedad civil nacional en internacional, en el marco del 163° Periodo Extraordinario de Sesiones de la CIDH, realizado el pasado 5 de julio en la ciudad de Lima, Perú.
Foto: CIDH
Criminalización de los defensores y defensoras ambientales, conflictos socio-ambientales y corrupción son el común denominador en la región. En ese sentido, se espera que a través de las relatorías DESCA y para la Libertad de Expresión se abra un espacio de diálogo entre la CIDH, la sociedad civil, los pueblos indígenas y demás sectores de la ciudadanía afectados por el patrón de violaciones derivadas de la extracción intensiva de recursos naturales sin las debidas salvaguardias. Asimismo, la misiva insta a que la CIDH visite los países de las zonas afectadas por las actividades extractivas firmantes de la carta pública, y de esta manera se brinden recomendaciones a los Estados.
Acceda a la carta a continuación:
Lima, 5 de julio de 2017
Señores
Integrantes de la CIDH
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Presente.-
Asunto: Transparencia y el derecho de acceso a la Información en el ámbito de las industrias extractivas
De nuestra consideración,
Las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes en el marco de nuestra participación en el 163° Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizado del 3 al 7 de julio en la ciudad de Lima, Perú, con el fin de expresar lo siguiente:
Los gobiernos de América Latina y el Caribe han privilegiado un modelo de desarrollo basado en la promoción de las inversiones con énfasis en proyectos extractivos y de infraestructura, bajo la promesa de más empleo y rentas. Su principal argumento es que el desorden regulatorio, los diversos trámites administrativos y derechos como la consulta previa, libre e informada; participación ciudadana; acceso a la información y transparencia; así como la fiscalización ambiental en el sector extractivo y de infraestructura, desalientan estas inversiones, y por ende, el crecimiento económico.
Por ello, durante los últimos años, nuestros gobiernos han adoptado una estrategia de desregulación y flexibilización de estándares socio-ambientales, con el fin de acelerar el ciclo de megaproyectos, facilitando así las inversiones como motores de desarrollo. En este contexto, tenemos por lo menos tres elementos que ponen en evidencia que esta estrategia está equivocada y que, por el contrario, la desregulación socio-ambiental sumada a la falta de mecanismos efectivos de transparencia y acceso a la información tienen consecuencias nefastas para la garantía de otros derechos fundamentales. Los pasivos ambientales que abundan en la región, la criminalización de la protesta contra los defensores y las defensoras de la naturaleza y contra las poblaciones locales; y los casos de corrupción asociados a grandes proyectos extractivos y de infraestructura son solamente algunos de los efectos colaterales de las políticas de desarrollo que imperan en la región.
En marzo de este año se presentó, en el 161° Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, la Audiencia Pública “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en América Latina y el Caribe”, en donde se expuso sobre la vulneración del derecho de acceso a la información en el sector extractivo en República Dominicana, Guatemala y Nicaragua. Dicha audiencia tuvo como objetivo visibilizar que el acceso a la información y la transparencia son instrumentales al respeto y garantía de otros derechos fundamentales, como el de participación, el de acceso a la justicia, a la consulta previa, libre e informada, al medio ambiente sano, a la salud y a la vida.
De otro lado, queremos enfatizar nuestra preocupación por el aumento de las vulneraciones de derechos a los defensores ambientales. Según datos de Global Witness solo en 2015, 122 líderes ambientales y defensores del territorio fueron asesinados en América Latina, de un total de 185 asesinados en todo el mundo (40% de este total pertenecían a pueblos indígenas).
Por todo lo expuesto, informamos que actualmente nos encontramos en un proceso de construcción de recomendaciones sobre transparencia y acceso a la información, evaluación de impacto ambiental, consulta previa, libre e informada, entre otros, para el sector extractivo y de infraestructura. Lo anterior, con el fin de aportar insumos e información sistematizada que pueda servir al trabajo de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y colaborar a que se consolide como un referente importante para el ejercicio pleno de tales derechos en América Latina y el Caribe.
Esperamos que estos aportes puedan ser incluidos en el Plan de Trabajo y sean desarrollados por Relatoría DESCA para la evaluación del impacto de los megaproyectos en los derechos humanos. A tal efecto, esperamos poder abrir un espacio de diálogo entre la CIDH, la sociedad civil, los pueblos indígenas y demás sectores de la ciudadanía afectados por el patrón de violaciones derivadas de la extracción intensiva de recursos naturales sin las debidas salvaguardias. Nos ponemos a su disposición para coordinar con la Relatora Especial DESCA, Dra. Soledad García Muñoz, sobre estos temas y su Plan de Trabajo.
Por otro lado, quisiéramos hacer de su conocimiento que venimos promoviendo medidas específicas para mejorar la transparencia y el acceso a la información como condición fundamental para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En ese sentido, adjuntamos la Relatoría de la Audiencia Pública “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en América Latina y el Caribe” que recoge las principales declaraciones de dicha audiencia.
Finalmente, esperamos poder contribuir para que la Relatoría Especial de Libertad de Expresión desarrolle estándares específicos sobre estándares de acceso a la información, transparencia y participación en el ámbito extractivo y, en general, la gestión de recursos naturales. En esta línea, saludamos el interés manifestado por el Relator Especial, Dr. Edison Lanza, en la mencionada audiencia temática llevada a cabo durante el 161º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH.
Estamos convencidos de que el monitoreo a la situación de las personas y comunidades afectadas por el avance de los megaproyectos en América Latina y el Caribe, así como la producción de indicadores y estándares más específicos por parte de las relatorías temáticas de la Honorable CIDH serán un valioso aporte para la vigencia de derechos tan fundamentales como la participación, el acceso a la información y la transparencia en la región.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de nuestra consideración y estima personal.
Atentamente,
Autoridades Ancestrales Indígenas Q’eqchi’es (Guatemala)
Centro Humboldt (Nicaragua)
Centro Nacional de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres (Guatemala)
Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés)
Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD, República Dominicana)