Lanzan fondo de ayuda financiera de emergencia para impactos inminentes en territorios indígenas

Mar 19, 2019 | Comunidad Informativa, Defensores, Empresas y Derechos Humanos, Noticias, Vigilancia indígena

Lima, 19 de marzo de 2019.- En un contexto donde las vulneraciones a los derechos humanos de organizaciones y pueblos indígenas ocurren no solo por la presencia de megaproyectos extractivos y de infraestructura, promovidos desde el Estado, sino de grupos ligados al tráfico de tierras, el narcotráfico, la tala y la minería ilegal es necesario de respuestas inmediatas para contrarrestar estos impactos.

En ese sentido, el proyecto “Promoviendo los Principios Rectores desde los Pueblos Indígenas” informa del lanzamiento oficial de su Mecanismo de Ayuda Financiera para el acceso a la justicia y la atención de impactos a los derechos humanos, con el fin de registrar, denunciar y atender los impactos inminentes.

Federaciones regionales, locales o comunidades indígenas amazónicas pueden acceder a este mecanismo hasta por un tope de 5000 euros, no cubren gastos por honorarios y los plazos de implementación de cada solicitud son de nueve (9) meses. Las actividades culminarían a más tardar en diciembre de 2019.

Las organizaciones interesadas deberán enviar una solicitud formal con: Nombre del/la solicitante, ubicación de la actividad, número de beneficiarios (cantidad de mujeres y de varones), justificación de la actividad de acuerdo a los criterios mencionados en los puntos anteriores. Además, adjuntar presupuesto detallado y el registro de la organización y/o carta de respaldo de la organización indígena.

El proyecto “Promoviendo los Principios Rectores desde los Pueblos Indígenas” es ejecutado por la Coordinadora de Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI-SL), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana del Norte del Perú (ORPIAN-P), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), en coordinación con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y con el apoyo de la Unión Europea.

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