V Reunión del Comité de Negociación del Principio 10. Foto: Carlos Vera / CEPAL (Vía: Flickr).
Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2016.- Del 21 al 25 de noviembre se realiza la Quinta Negociación del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la justicia en Asuntos Ambientales del Principio 10, en la ciudad de Santiago de Chile. Con la adhesión de Dominica a la Declaración de la aplicación del Principio 10, ahora son 23 países de América Latina y el Caribe quienes participarán del proceso.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) integra el grupo de las organizaciones de la sociedad civil presentes en la reunión, denominados “PÚBLICO”. Junto con 19 organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay ofrecerán propuestas para fortalecer el acuerdo regional sobre Principio 10.
Inicio de las sesiones
El primer día se presentaron las acciones nacionales realizadas por los países signatarios de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10. Lillian Ballón, directora de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, nueva representante del país en las negociaciones, explicó que la creación de la Autoridad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales constituye un gran avance del Ejecutivo en dicha materia, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). Actualmente, el grupo de trabajo encargado de elaborar la propuesta de creación del ente rector presentó un informe con recomendaciones al MINJUS que contó con los aportes de sociedad civil, entre ellos, DAR.
Ballón también resaltó el trabajo de capacitación a pueblos indígenas sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental por parte del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanzó el Observatorio del Principio 10, a través del cual se difundirá las políticas y jurisprudencia sobre Principio 10 en los países de América Latina y el Caribe.
Para el segundo día de sesiones, el punto más discutido fue el artículo 7.8 sobre la información de contratos concesiones, permiso y proyecto sujetos a evaluación ambiental. La propuesta de la CEPAL señala: Cada Parte establecerá mecanismos de difusión conforme a su legislación nacional con la finalidad de garantizar el acceso público de los contratos, autorizaciones o permisos suscritos por autoridades públicas que impliquen la ejecución de proyectos de inversión sujetos a evaluación ambiental.
Sobre el particular, la sociedad civil representante del público indicó la necesidad de que los países establezcan mecanismos de difusión de la información claros. Andrea Cerami del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, precisó que existen seis países en la región que pertenecen a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés) donde se transparentan los contratos, licencias, en minería e hidrocarburos. Estos son Honduras, Guatemala, Republica Dominicana, Colombia, Perú, México, quienes implementan la iniciativa, mientas que Brasil, Argentina y Chile evalúan presentar su candidatura para integrar el EITI.
Esta propuesta se debe a que algunos representantes de los gobiernos proponen eliminar palabras claves al interior del acuerdo como “establecer” o “garantizar” y modificarlas por “impulsar”. Utilizar tal terminología restaría fuerza al acuerdo ya que se tratan de verbos débiles. De otro lado, sorprende que Colombia, país recientemente adscrito al EITI tenga posiciones divergentes, que contradicen el espíritu de la iniciativa, pues ha manifestado estar de acuerdo con no transparentar determinada información bajo la justificación de ser de interés nacional y económica, cuando en el artículo busca el acceso a los contratos concesiones, permisos y proyecto sujetos a evaluación ambiental. El conocimiento de esto es vital para gestión sostenible de nuestros recursos naturales y actividades que impacten en el ambiente.
El tercer día empezó con un llamado de las organizaciones de la sociedad civil a los países presentes en la reunión (PÚBLICO) exhortando los más altos estándares en acceso a la información, participación y justicia al interior del acuerdo. El pedido parte debido a que muchos de los países poseen marcos jurídicos con especificaciones y marcos ambientales que protegen el medio ambiente. En ese sentido, Euren Cuevas, director ejecutivo de INSAPROMA convocó a ser progresistas y a no bajar los estándares.
“La región no le perdonara a los gobiernos aquí presentes que los recursos invertidos de sus impuestos para este proceso (…) ya localmente se han tomado medidas jurídicas en este sentido, como la creación de leyes de acceso a la información, participación y acceso a la justicia, es por ello que no entendemos la actitud de dos o tres gobiernos en esta sala, en centrarse en proteger a las empresas y su información por encima de los derechos de acceso a la información y los derechos humanos”, expresó Cuevas tras leer las palabras de motivación de las organizaciones civiles presentes en la negociación.
De igual modo, Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, se refirió sobre algunas de sus observaciones sobre documento preliminar en materia de acceso a la información pública, de tal manera sean utilizados para robustecer el acuerdo. Moisés mencionó que se vienen retrocediendo estándares pues los gobiernos aprobaron el artículo 7.11 en donde se indica que: “La autoridad competente puede destruir la información que tenga en su poder de acuerdo con las leyes, políticas y lineamientos nacionales”.
Sin embargo, en ninguna legislación internacional de acceso a la información ni en la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la Organización de los Estados Americanos (OEA) existe precedente, pues lo que la jurisprudencia internacional trata de conservar es la información de las entidades públicas como parte del acervo histórico y la memoria institucional; sobre todo promover la mayor transparencia posible. Esto se aprobó sin objeción de ninguno de los países.
Al cierre de la edición, Ruth Buendía, presidenta de la Central Asháninka Río Ene (CARE – Asháninka), solicitó se incorpore en el texto del Acuerdo Regional el derecho a la participación indígena, pedido que sería evaluado pues el acuerdo no se hace referencia específica a los pueblos indígenas, como sujetos de derechos diferenciados y propios, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Estas preocupaciones de sociedad civil no vienen siendo incorporadas por los gobiernos. Por ello, instamos, en especial, al Gobierno peruano mayor proactividad y participación en las negociaciones con propuestas que eleven los estándares de acceso a la información, participación y justicia, e incluir el enfoque intercultural y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas.
Acciones de sociedad civil
Representantes de la sociedad civil también vienen participando en la V reunión, quienes manifestaron sus avances en la implementación del Principio 10. En el caso de DAR, Aída Gamboa, indicó que todavía hay temas por incorporar como el Sistema Comunitario Ambiental y una definición clara de lo que es el “público”, pues dentro de este no se incorpora a los pueblos indígenas, quienes son sujetos de derechos reconocidos por la mayoría de los países quienes han ratificado el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo, sociedad civil expuso al Comité de Negociaciones las acciones realizadas por diferentes organizaciones, entre ellas DAR para promover el Principio 10, como los talleres de capacitación a funcionarios públicos y sociedad civil, donde se explicó la importancia del Principio 10 en los departamentos de Cusco y de Iquitos; las reuniones nacionales y regionales para coordinar y articular acciones sobre transparencia ambiental en hacia el Principio 10 y otras iniciativas de acceso a la información; así como notas y artículos de opinión para visibilizar este acuerdo.
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