Viernes, 21 de julio de 2017.- Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Perú cuentan con normativa en acceso a información y transparencia, pero ¿se aplica efectivamente? Prácticas como la entrega de data parcial, tardía, poco entendible, (a costos inaccesibles) y sin enfoque intercultural, e incluso la ausencia de información, parecen ser el común denominador.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que la jurisprudencia internacional otorga al derecho de acceso a la información su carácter fundamental. Por ello, no debe ser considerado como un mero trámite administrativo, ya que implica consecuencias importantes al interior de los Estados. Lanza participó del evento “Transparencia y acceso a la información en extractivas como derecho humano: Los casos en Latinoamérica y el Caribe”, realizado en la ciudad Lima, el pasado 5 de julio de 2017.
“El acceso a información pública no es solo abrir la puerta a un millón de expedientes y que el burócrata de turno me diga: ‘Acá está su información, búsquela’, sino facilitar que sea fácilmente digerible y asequible para quienes necesitan la información”, agregó Lanza. Además, afirmó su compromiso por avanzar hacia la construcción de un instrumento que sistematice las demandas de la sociedad civil y poblaciones vulnerables.
Transparencia extractiva y ambiental en la región
Durante el encuentro, Fernando Peña, director del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Jurgen Guevara, oficial de Industrias Extractivas del Centro Humboldt, Erick Cú Caal, representante de las Autoridades Ancestrales del Territorio Q’eqchi’, Bernabé Impi, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), y Lizardo Cauper, presidente de Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) informaron sobre la situación de vulneración al derecho de acceso a la información en industrias extractivas y cómo ello afecta otros derechos fundamentales como participación, medio ambiente sano, salud en sus localidades.
El 18 de marzo de 2017, los tres primeros casos se dieron a conocer en la Audiencia Pública ante la CIDH, “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en América Latina y el Caribe” (ver relatoría de la audiencia aquí). Tal como en marzo pasado, se solicitó al relator Edison Lanza visite las zonas afectadas por los proyectos de inversión: la provincia de Sánchez Carrión (República Dominicana), y los departamentos de Chontales (Nicaragua) y Alta Verapaz (Guatemala), pedido al que se sumaron las organizaciones indígenas de Perú.
Asimismo, que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión realice un informe con recomendaciones a los Estados con estándares específicos de acceso a la información, transparencia y participación socio-ambiental en extractivas, importancia que también fue recalcada por David Lovatón de Due Process of Law Foundation (DPLF). Para ello, sociedad civil se comprometió a apoyar otorgando información a la CIDH. Este tipo de documentos seria de apoyo para la nueva Relatoría Especial de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA).
Necesidades de información
Acceso a los contratos, información fiscal, tributaria y, principalmente, a los estudios de impacto ambiental (EIA) mediados o en el idioma de las comunidades indígenas afectadas son las principales demandas en Centro América y el Caribe. Mientras que por el lado peruano, si bien se puede acceder a algunos de estos documentos, se requiere que información como las sanciones, multas, impactos, compromisos y pagos socio-ambientales de las empresas se difundan; y que todos los documentos de los expedientes administrativos sobre los EIA y procesos de licitaciones puedan ser publicados por las entidades competentes.
A esto se suma que se aseguren la participación efectiva de las poblaciones locales y mejores procesos de consulta previa de los pueblos indígenas, lo cual es compartido por Bernabé Impi de AIDESEP y Lizardo Cauper de ORAU. Sobre la consulta previa, Omar Sar de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría de Pueblo recalcó que si desea tomar en serio este proceso la información que se entrega debe ser compresible.
El presidente de ORAU precisó que la información no llega a las comunidades donde se implementan las actividades extractivas, para contrarrestarlo hacen uso de sus sistemas de vigilancia. No obstante, sus hallazgos de impactos ambientales no llegan a las autoridades competentes, pues el Estado aún no reconoce formalmente su labor en defensa del ambiente. “Toda la información que nosotros sacamos a través de nuestros hermanos comuneros que hacen uso del control y vigilancia territorial, no lo tienen otras instituciones”.
Avance y retos desde el sector público
Patrick Wieland, jefe del Senace, ente encargado de la evaluación ambiental de EIA detallados en los sectores de minería, energía e hidrocarburos señaló que se está “trabajando pautas para que los resúmenes ejecutivos de los EIA sean más amigables”. También reafirmó su compromiso por incorporar el enfoque de género e intercultural en los EIA.
Por su parte, Lillian Ynguil del OEFA adelantó la elaboración de un repositorio digital con la información más solicitada por los usuarios. “En el Oefa queremos que se tenga acceso directo a las actas de supervisión, reportes públicos, entre otros”. Otra tarea pendiente a concluir es la traducción de la web institucional a idiomas nativos. De otro lado, Eliana Gonzáles de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial abordó la importancia de la justicia ambiental. “El Poder Judicial va a impulsar la creación y preparación de más juzgados en dicha materia, pese a los problemas presupuestales”.
Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recurso Naturales (DAR), hizo hincapié que para el diseño de un abordaje intercultural y de género es fundamental convocar diversos actores y, en especial, a los pueblos indígenas. En materia de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, subrayó la preocupación de sociedad civil sobre el futuro del aporte por regulación (APR), en manos del Tribunal Constitucional, “el papel del Oefa es muy importante para el país y necesita de ese presupuesto para mantener sus actividades en el seguimiento de los estudios de impacto ambiental”.
Finalmente, Vanessa Cueto recalcó que en el ámbito nacional, es importante generar propuestas de cara a la publicación de un reglamento del Decreto legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información pública. Recordemos del potencial peligro de restringirse información a través de los lineamientos que cada entidad debe elaborar para clasificar data como secreta, confidencial o reservada, según señala el DL N° 1353.
Este evento fue un esfuerzo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú), Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP- USAD, República Dominicana), el Centro Humboldt (Nicaragua) y Due Process of Law Foundation (DPLF). Y fue posible gracias al apoyo de la Fundación Ford, Open Society Foundations y Oxfam.
Fotos: Annie Morillo / DAR
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