Georgia, 20 de julio de 2018.- [Envío especial] En el marco de la 5taCumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP Global Summit), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú y Cultura Ecológica de México, miembros de las redes La Iniciativa de Acceso (TAI) y LACP10 (organizaciones que promueven el Acuerdo de Escazú) realizaron el panel “Promoting the Binding Agreement of Escazú: Access to Information, Participation, and Environmental Justice (Principle 10)”.
El panel estuvo conformado por Paula Martins de Artigo 19 (Brasil), Renato Morgado de Imaflora (Brasil), Carole Excell de WRI y Aída Gamboa de DAR (Perú). El objetivo de este encuentro fue colocar en la agenda de la Cumbre #OGPGeorgia el más reciente acuerdo vinculante aprobado en marzo de 2018 en Costa Rica, en favor de los derechos de acceso en materia ambiental en América Latina y el Caribe.
De esta manera, se informó a los asistentes del proceso de negociación del Acuerdo Regional del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ahora Acuerdo de Escazú). Asimismo, su historia, los logros obtenidos en beneficio de la región y los próximos pasos para su firma, ratificación o adhesión por parte de los países de la región. Se recalcó la importancia de este tratado de derechos humanos ambientales para nuestros países que coadyuvaría a garantizar un desarrollo sostenible.
Acuerdo innovador
América Latina y el Caribe atraviesan graves hechos de corrupción, violencia generalizada, conflictos sociales, amenazas y muertes a los defensores ambientales. Como respuesta a ello, este Acuerdo se convierte en el primer tratado de derechos humanos en materia ambiental en la región, pues incorpora un artículo con disposiciones para la protección de los defensores del medio ambiente y una definición de personas o grupos en una situación de vulnerabilidad relacionada con estos derechos.
Además, este instrumento proporciona disposiciones para el acceso a información ambiental efectiva, la participación temprana desde el diseño de un proyecto de explotación de recursos naturales hasta su implementación y el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la compensación por daños y recursos.
Al finalizar el panel se instó a los participantes a apoyar este proceso para lograr que 11 países de América Latina y el Caribe lo firmen, ratifiquen o se adhieran y pueda entrar en vigor. Sociedad civil de la región se encuentra promoviendo la firma y ratificación de este acuerdo en cada país, cuya aplicación efectiva puede ser muy beneficiosa para lograr una democracia ambiental inclusiva en nuestros países.