Lima 18 de junio de 2018.- Urge la implementación de un sistema de monitoreo socio-ambiental y seguimiento actualizado mensual de los proyectos y contratos por las autoridades competentes, para una vigilancia permanente que involucre a ciudadanos, Estado, Academia y sector privado, señaló Aída Gamboa, autora de la publicación “Portales de transparencia y solicitudes de acceso a la información: Balance 2013-2017 (minería, energía y cambio climático). Esto como parte de los mayores mecanismos de transparencia en procesos de licitación en proyectos extractivos y de infraestructura que propone en su estudio y así se eviten más casos de corrupción.
La gobernanza en los proyectos de infraestructura o extractivos, sean o no asociaciones público- privadas, debe ser requisito irrenunciable dado ola de casos de corrupción que se vive en el país y que ha atravesado a 12 países de América Latina y el Caribe. Por ello es vital, la difusión del proceso de planificación, perfil del personal y sus cambios dentro de los comités o gerencias que realizan una licitación pública, así como de los funcionarios que tomarán las decisiones finales en las licitaciones. De igual modo, la difusión de criterios para la evaluación de los postores al público en la página web de las entidades competentes, los resultados, así como las actas de presentación de las propuestas técnicas y económicas.
Asimismo, uno de los criterios para la evaluación de cualquier postor en una licitación debe ser las consideraciones socio-ambiental del proyecto, por lo que en próximas licitaciones el organismo promotor de la inversión privada debe solicitar dicha información y evaluar sus riesgos y los futuros impactos. Adicionalmente, las opiniones de la Contraloría General de la República (que realice de oficio o por denuncias de terceros) en cualquier proceso de licitación o en la implementación de cualquier proyecto sean vinculantes y accesibles vía web.
Más recomendaciones
Perú ha asumido compromisos en materia de transparencia, como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI en inglés), la Alianza para el Gobierno Abierto, e incluso ha participado en el proceso de negociación del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación y justicia ambiental (Acuerdo de Escazú). En ese sentido se recomienda cumplir con canales de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en aprobación de la normativa nacional sobre gestión ambiental para prevenir la conflictividad social
Además, elaborar una metodología dirigida por la Comisión Nacional EITI-Perú para incorporar información socio-ambiental dentro de sus informes de transparencia (y no solo en parte contextual como el VI Estudio de Conciliación Nacional). Igualmente, que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú (Principio 10 de la Declaración de Río) para también proteger a los defensores y defensoras ambientales, y a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
La publicación resume el trabajo realizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entre los años 2013-2017, en el seguimiento a la actualización de los portales de transparencia estándar de las entidades públicas del sector minero-energético y las vinculadas con el cambio climático. Consideramos que para cumplir con lo mínimo obligatorio que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es necesario un monitoreo continuo hacia el cumplimiento de plazos en la publicación y entrega de información. Otros aspectos a tomar en cuenta es implementar portales de datos abiertos, incrementar el número de responsables de transparencia especializados; destinar presupuesto para el área u oficina encargada; al igual que incrementar las capacidades de los responsables y funcionarios en general; y promover mayor participación a nivel de gobiernos regionales en las áreas analizadas.