La Piñita, República Dominicana (Foto: DAR).
Lima, 16 de marzo de 2017.- Organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y comunidades de Nicaragua, Guatemala y República Dominicana expondrán sobre los casos de vulneración a su derecho al acceso a la información en el marco de las industrias extractivas. Los testimonios se compartirán el 18 de marzo, durante el 161 Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La audiencia “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en América” tiene como propósito principal subrayar como la afectación al pedido de información, en el contexto extractivo; afecta otros derechos fundamentales, como la participación y consulta previa de pueblos indígenas. Siendo los frecuentemente perjudicados, las poblaciones más vulnerables y sometidas a una situación de desventaja histórica, como mujeres, pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes.
En el salón Rubén Darío de la sede institucional de la CIDH se presentarán los casos recogidos en torno a la dificultad e imposibilidad de conocer información sobre las actividades extractivas en las etapas de aprobación de la concesión, la evaluación de impacto ambiental y la posterior fiscalización de las actividades que afectan el entorno y los derechos básicos de las comunidades de los países objeto de la audiencia.
La audiencia ha sido solicitada por: el Movimiento Salvemos a Santo Domingo, con el apoyo del Centro Humboldt de Nicaragua; Acción Ciudadana y Convergencia Social y de ONG’s “Tezulutlán”, con el apoyo de comunidades organizadas en resistencia por sus recursos hídricos de Guatemala; la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Espacio Nacional para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ENTRE), con el apoyo de comunidades afectadas por la minería de los poblados de La Piñita, Tocoa y el Yagal de la provincia Sánchez Ramírez de República Dominicana; y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) junto con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), en el marco del seguimiento a las políticas de acceso a la información y transparencia en América Latina y el Caribe.
Asimismo, en la cita se abordarán algunos patrones vinculados a la falta de información fiscal en el ámbito extractivo de Latinoamérica y el Caribe. De igual modo, se mostrarán ejemplos de cómo la ineficacia de los procedimientos administrativos y judiciales para reclamar la entrega de información –sobre las concesiones, contratos, el pago de regalías, y las exenciones tributarias, de licenciamiento y fiscalización ambiental–, suelen ser manejados con secretismo por parte de la administración pública, a pesar de ser de innegable interés público.
Hablar de acceso a la información es hablar de un derecho fundamental humano. Más aún cuando en el marco de las actividades extractivas y de infraestructura se pone en riesgo la vida de defensores ambientales y de las comunidades afectadas por los proyectos. Los conflictos por esta clase de proyectos exceden las fronteras. Los Estados de Latinoamérica y el Caribe relajan sus estándares socio-ambientales para atraer inversiones, siendo la transparencia y el acceso a la información, el inicio de los problemas.
La gobernanza a través políticas efectivas de acceso a la información y participación son vitales para reducir conflictos. Por ello, la presentación de estos casos en la Audiencia Pública permitirá alertar a los gobiernos a tomar cartas en el asunto.