Lima, 14 de diciembre de 2020.– En el marco del 178 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatora Especial para los Pueblos Indígenas de la CIDH, Antonia Urrejola solicitó tender puentes entre el Estado peruano y los pueblos indígenas, frente al estado de desprotección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci). Además, señaló la disposición de su relatoría para brindar el acompañamiento. “Es muy importante la posibilidad de buscar un diálogo entre el Estado, las organizaciones indígenas y de sociedad civil. Tener una reunión de trabajo virtual, de seguimiento dentro del próximo mes. Nuestra disposición para acompañarlos y buscar una agenda de trabajo”.
El relator de la CIDH y comisionado para Perú, Stuardo Ralón, ratificó el interés por ser parte de dicho encuentro con miras de buscar soluciones bajo un enfoque de derechos humanos. Este pedido responde a los testimonios vertidos en la audiencia pública “Situación de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial en Perú”.
Jackeline Borjas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) precisó que la audiencia conjunta está enfocada en: la situación de los Piaci del departamento de Loreto y de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), en específico los Machiguenga-Nanti en contacto inicial del Bajo Urubamba (Cusco); las consecuencias de la demora irrazonable en la creación de nuevas reservas indígenas; y el reciente asesinato de la familia Mastanahua en Purús (Ucayali).
Situación de los Piaci frente a la COVID-19
En representación de los nueve países de la cuenca amazónica, que alberga a más de 66 pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, estuvo la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Su coordinador general, José Gregorio Díaz Mirabal, consideró esta audiencia como una oportunidad clave para el presente y futuro de los Piaci, al ser un espacio con presencia del Estado peruano y organizaciones indígenas. Reiteró su apoyo a las demandas de su base nacional, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), así como a la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU).
Frente al grave riesgo a las vidas de los Piaci por el impulso de las actividades extractivas e ilegales en sus territorios, José Gregorio Díaz Mirabal denunció la grave situación de los PIACI en periodo de emergencia y llamó al Gobierno peruano de transición medidas más efectivas y concretas. “Hemos visto el limitado liderazgo del viceministerio de Interculturalidad (VMI) de Perú que a pesar de la situación jurídica que favorece a estos pueblos no está haciendo un trabajo efectivo para garantizar los derechos de los Piaci. Situación que fuerza su desplazamiento hacia el contacto, la destrucción, la muerte y la contaminación”.
Jorge Pérez, presidente de ORPIO (Loreto), denunció el otorgamiento de concesiones forestales y de hidrocarburos que se superponen a los territorios Piaci. “A la fecha, existen 95 concesiones forestales vigentes, 82 se superponen a las solicitudes de reserva indígena y 13 colindan con las mismas. Existen seis lotes de hidrocarburos (lotes 103, 107, 95, 39, 67 y LXIII), que se superponen a cuatro solicitudes de reserva”. Agregó que tres de estos lotes (67, 39 y 95) se encuentran en fase de explotación. “Mientras existen demoras para la creación de las reservas indígenas, el Gobierno Regional de Loreto habría entregado ilegalmente y de mala fe 43 concesiones forestales en esta zona”. Por ello, ORPIO solicitó se anulen tales concesiones ya que ponen en riesgo la supervivencia de los Piaci.
José Alberto Kaibi Omenki, subjefe de COMARU (Cusco), indicó que “desde 2014, se conoce que las epidemias de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, ambas agudas, son un factor crítico en la muerte de la población [machiguenga-nanti de contacto inicial de la RTKNN]”. Realidad que afecta su estructura poblacional y potencial de crecimiento demográfico. También, influye en el deficiente estado nutricional de los niños machiguenga-nanti. COMARU solicitó la actualización del análisis de situación de salud de estos pueblos, y se identifique la fuente de contaminación del mercurio al interior de la reserva; incluyendo en las evaluaciones a los machiguenga-nanti en contacto inicial, considerando que sobre su territorio se superpone el Lote 88 de Camisea, y existen campamentos de trabajadores cercanos a los mismos.
José Kaibi manifestó su disconformidad con el accionar de la Comisión Multisectorial, encargada de la adecuación de la RTKNN, al limitar la participación del COMARU y AIDESEP, quienes han demando se respete los estándares de no regresividad, de esta tal forma que el proceso no implique una reducción de estándares de protección de los PIACI de la RTKNN. “En Perú no existen criterios específicos y claros para la determinación de categorías como ‘interés nacional’ o ‘necesidad pública’. Se hace un uso indiscriminado de estas”.
En respuesta, Nancy Portugal, directora de la DACI del Ministerio de Cultura (MINCU), describió las acciones para garantizar la intangibilidad del territorio de los Piaci y establecer medidas de protección. Mencionó que han sostenido articulación permanente e ingresos conjuntos con el sector salud en el ámbito nacional, regional y local para la prevención, atención y seguimiento de los casos de salud de la población en situación de contacto inicial.
Sin embargo, José Kaibi desmintió tales declaraciones e indicó que “existen problemas desde el MINCU para entregar información transparente y oportuna, generando desconfianza en las organizaciones sobre la veracidad de las acciones implementadas. Muchas de las actividades indicadas por las autoridades [en la audiencia pública] no son de conocimiento de los pueblos indígenas, pese a que a través de sus bases conocen de la situación inmediata en las zonas de intervención”.
El Petitorio
Richard Rubio, vicepresidente de AIDESEP, solicitó que el Estado peruano garantice el cese de toda actividad que suponga un riesgo de contagio de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial. Asimismo, que Ministerio de Cultura, como ente rector del Régimen Especial Transectorial, debe articular al interior del Gobierno las acciones necesarias para investigar y erradicar de manera inmediata las actividades ilegales en territorios de los PIACI. De igual modo, se eleven los mecanismos de control y fiscalización de las vías y rutas de ingreso a las reservas indígenas, territoriales y aquellas reservas indígenas que se encuentran en trámite. Y que se priorice un plan y política específica para pueblos en contacto inicial, y se otorgue el presupuesto necesario para su implementación.
Expresó su preocupación por el asesinato de la familia Mastanahua en contacto inicial en Purús, Ucayali, uno de los seis pueblos en situación de contacto inicial identificados por el Estado peruano. “Se habría dado en circunstancias no esclarecidas, pero que presumen que se encontrarían relacionadas con conflictos interétnicos con pueblos Mashco Piro o Pano en situación de aislamiento, quienes, a su vez, han sido desplazados por el ingreso de actores dedicados a actividades ilegales en el alto Purús, como el narcotráfico y el cultivo de coca”.
Comentó que este asesinato, denunciado por ORAU, evidencia la situación de vulnerabilidad de los pueblos en contacto inicial en Perú. Lamento que “ya muertos, al parecer siguen sin ser de interés ni prioridad del Estado peruano, pues sus cadáveres aún no han sido levantados de acuerdo a las declaraciones del jefe de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, Hugo Pari Taboada”. Esto evidencia la falta de logística y presupuesto para efectivizar las acciones de protección; y de una política específica para una protección efectiva, diferenciada y oportuna de los pueblos en situación de contacto inicial sentenció Richard Rubio.
Sobre el proyecto de ley N° 4044
Ante lo expuesto en la audiencia, urge que el pleno del Congreso de la República de Perú apruebe el dictamen sobre el Proyecto de ley N° 4044. Por ello, Richard Rubio solicitó a la CIDH que emita un comunicado de prensa donde respalde el dictamen favorable al proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 28736 para que se establezca la intangibilidad efectiva y estricta de los territorios y se adopten medidas de prevención y atención de salud en el marco del COVID-19. “Esperamos que la comisión pueda sacar este comunicado a fin de priorizar iniciativas y medidas orientadas a garantizar medidas que salvaguarden la vida e integridad de los PIACI”, indicó.
Reactivación con enfoque de derechos
El comisionado para Perú, Stuardo Ralón, precisó al Estado peruano que “cualquier reactivación económica no puede hacerse a costa o en detrimento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Tiene que haber un balance, un respeto, tiene que generarse las condiciones para que se pueda vivir una cultura de pleno respeto de los derechos de todos los peruanos y peruanas”. Por su parte, Antonia Urrejola, ante la complejidad de estos temas requirió información al Estado sobre cómo han sido las coordinaciones con las organizaciones indígenas para implementar las medidas presentadas en la audiencia, y si existe medidas diferenciadas para pueblos en aislamiento y en contacto inicial. Finalmente, requirió al Estado que responda sobre los riesgos de contagio en Piaci por presencia de agentes externos. Como dato adicional Urrejola informó que el año 2021, desde su relatoría se trabajará un informen temático sobre el derecho a la libre determinación.
Esta audiencia fue solicitada por COICA, AIDESEP, ORPIO, COMARU, DPLF y DAR. Y las intervenciones son parte del trabajo del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas de la COICA, creado en 2018, con el fin de monitorear, hacer seguimiento, difundir y denunciar casos de vulneración de derechos de defensores y defensoras indígenas, en el marco de proyectos extractivos y de infraestructura.
