Lima, 5 de mayo de 2017.- A través del pronunciamiento titulado “Pueblos indígenas demandan transparencia y no más corrupción en licitaciones y megaproyectos en territorios indígenas de Latinoamérica y el Caribe”, promovido por sociedad civil, organizaciones indígenas y campesinas en el marco del Foro Social Panamazónico realizado en Tarapoto del 28 de abril al 1 de mayo; se enfatiza la necesidad de contar con información como herramienta fundamental en la defensa de sus derechos colectivos.
Con más de 80 firmas –de pueblos indígenas, campesinos y sociedad civil nacionales e internacionales– se resalta una vez más como el derecho al acceso a información pública es vital para que los ciudadanos, y en especial, las poblaciones vulnerables a proyectos extractivos y de infraestructura, como los pueblos indígenas, puedan conocer de primera mano sus potenciales impactos. Del mismo, modo exigir altos estándares socio-ambientales, de no poseerlos, y candados anticorrupción.
Países de Latinoamérica y el Caribe vienen aplicando políticas para agilizar sus inversiones ante la caída de los precios de los minerales, sin tomar en cuenta los impactos directos e indirectos en el ambiente y en poblaciones históricamente en desventaja, incluso acosta del respeto de territorios indígenas, campesinos y nativos. Ante ello surge la pregunta si esto ha servido para mejorar su calidad de vida, bajo sus propias condiciones.
A esto se suma, el modelo de la banca multilateral con salvaguardas laxas donde la transparencia y el acceso a la información no son priorizados como herramientas que previenen la corrupción y los conflictos socio-ambientales, y permiten –gracias a la información clara, sistematizada y oportuna– el diálogo horizontal bajos las mismas condiciones en la toma de decisiones. De esta manera, los pueblos pueden ser coparticipes de las decisiones del Estado y acceder de los beneficios que se obtengan por actividades extractivas y de infraestructura.
La defensa de la contaminación ambiental ha hecho que los pueblos indígenas, campesinos y nativos sean vigilantes ante cualquier irregularidad producida en los proyectos realizados cerca o en sus territorios. Por lo que cada vez más recurren a mecanismos de transparencia y acceso a información para la adecuada supervisión de estos proyectos; siendo urgente que dichos mecanismos posean un enfoque intercultural.
El pronunciamiento también propone una serie de condiciones hacía un nuevo estándar socio-ambiental referido a: consulta previa, políticas interculturales, estudios de prefactibilidad y evaluaciones ambientales estratégicas, remediación, programas de desarrollo local sostenible, inversiones con procesos participativos en las licitaciones públicas, contratos y procesos de evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA), publicación de información oportuna y actualizada de los procesos de evaluación ambiental y concesiones, información desagregada de sanciones y multas ambientales, e información socio-ambiental, entre otros.
Asimismo, exigen mayor participación indígena en iniciativas internacionales que promuevan la transparencia. Así los países con presencia indígena miembros de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia Ambiental en América Latina y el Caribe (Principio 10) tengan más motivos para incorporar su enfoque dentro de sus proceso.
Además que organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puedan participar en estos espacios internacionales como un garante del de la incorporación de la transparencia y derecho de acceso a la información en temas socio-ambientales.
Acceda al pronunciamiento completo para fortalecer la labor de vigilancia, autogobierno, protección de territorios y derechos indígenas aquí.
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