Pronunciamiento: LAS CONSULTAS DEL BANCO MUNDIAL Y LAS REFORMAS NEOLIBERALES

Ene 30, 2017 | Amazonía, Comunidad Informativa, EITI, Energía Sostenible, Noticias, Transparencia

Las organizaciones firmantes mostramos preocupación por los impactos de la relación entre el Grupo del Banco Mundial (GBM) y nuestro país en el marco del proceso de Alianza con el Perú 2017-2021. El 2015 nuestras organizaciones participaron en el evento alternativo a la Reunión Anual del Banco Mundial y del FMI bajo el lema “Desmintiendo el Milagro Peruano”. En aquel momento se advirtió acerca de las reformas y recortes de estándares y condiciones institucionales en materia ambiental y social de la banca multilateral.

En ese escenario, el actual gobierno  viene implementando acciones de reactivación macroeconómica, mediante cambios normativos a través del otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Como resultado, entre diciembre de 2016 y enero de este año se han emitido 112 Decretos Legislativos, 65 de los cuales están enfocados en la reactivación económica, y en algunos de ellos hay un retroceso en materia de derechos de los pueblos indígenas, transparencia y acceso a la información, seguridad territorial, flexibilización de la normativa minera, el derecho al agua, la minería informal, flexibilidad laboral, entre otros.

Esta avalancha normativa no es un gesto aislado, un escenario similar se dio en el gobierno anterior con los llamados paquetazos ambientales. La Ley N° 30230, impulsada por el Banco Mundial como una “acción previa” a la aprobación de un DPL (Préstamos de políticas para el desarrollo, en inglés), ha sido señalada como nociva para la institucionalidad ambiental. Esta ley implicó el recorte de facultades fiscalizadoras del OEFA, reduciendo o dando amnistía a multas por infracciones, impidiendo la sanción a las empresas en favor de medidas correctivas, además de imponer negocios de infraestructura afectando derechos indígenas.

Asimismo, El GBM financió la ley marco de APP (Asociación  Público Privada) , en el marco del DPL sobre gastos públicos y política de financiamiento de desarrollo de gestión de riesgo fiscal, que promueve la inversión extranjera en megaproyectos de infraestructura a través de APP que genera riesgos de déficit fiscal, impactos socio-ambientales, entre otros. En línea con esta política, el DL 1251 reforma la legislación de APP y la estructura de ProInversión con la finalidad de acelerar el proceso de promoción de proyectos; los cuales además se rodean de superpoderes de expropiación territorial a cargo de una nueva burocracia la APIP (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) adscrita a ProInversión (que a su vez depende del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF) creada por DL 1333.

Las condicionalidades de política económica de los préstamos que ofrece el GBM unido a funciones tan sensibles como las de indicar qué países deben recibir más o menos recursos financieros de fuentes tanto públicas como privadas, les ha permitido imponer desde reformas estructurales derivadas del “Consenso de Washington”, hasta las políticas de austeridad para enfrentar la actual crisis económica que vive el mundo y que, en su momento, no ayudaron a prever. La aplicación de estas medidas provocaron la precarización del trabajo y no ha sido solución a la gran informalidad laboral, la pérdida del derecho al acceso universal a servicios básicos de salud y educación y priorizaron los intereses del mercado al de las personas. Dicho consenso junto a las políticas de austeridad son responsables del aumento de la exclusión y la desigualdad a nivel global y en especial de América Latina.

Actualmente el GBM está elaborando su Estrategia Marco de Alianza País del Perú por lo que las organizaciones firmantes consideran oportuno alertar sobre los potenciales impactos de los Decretos Legislativos emitidos en los últimos meses. En ese sentido, rechazamos los cambios normativos promovidos por el Gobierno Peruano ya que debilitan aún más la institucionalidad y el rol del Estado, sobre todo la ambiental, social y de transparencia y acceso a la información.

Los cambios deben ser respaldados o promovidos por estrategias y/o estándares internacionales y de la misma manera los procesos de participación y transparencia  implementados adecuadamente convocando a los actores organizados de la sociedad civil, llámese trabajadores, pueblos indígenas, entre otros.

Reconocemos que las inversiones son importantes para el desarrollo del país, siempre y cuando sean en beneficio del pueblo, y no para favorecer a las grandes transnacionales que lucran y corrompen a funcionarios y partidos políticos de gobierno. Por eso no vamos a permitir que se basen en la flexibilización normativa.

El rol de la banca multilateral es apoyar las reformas políticas, sociales y económicas en pro del desarrollo nacional. Al contrario, flexibilizar los controles socio-ambientales para tener inversiones sostenibles, ha probado su fracaso. La ley 30230 prometía mayor inversión, sin éxito, ya que el Perú, desde el 2011 se ha mantenido en el puesto 67 de ranking de competitividad Doing Business, por lo que aquí hay ningún efecto probado sobre la dinamización de las inversiones. Dónde si hay indicadores es el aumento de la conflictividad social, de emergencias ambientales, costos sociales y de la corrupción asociada a la falta de transparencia en grandes proyectos de infraestructura.

Por ello, pedimos lo siguiente:

 

  1. Tener la oportunidad de conocer y comentar el borrador del Marco de Alianza entre el Banco Mundial y el Gobierno de Perú antes de que esté finalizado; por lo cual solicitamos que se encuentre disponible públicamente, para que los interesados tengan el tiempo necesario de ofrecer su retroalimentación

  2. El GBM debe rendir cuentas en todo momento a los ciudadanos de sus operaciones. Las voces de la sociedad deben tener un espacio relevante en dichas instituciones y no solo dos reuniones anuales, y además debe contar con mecanismos específicos que garanticen la participación y vigilancia de los pueblos indígenas, trabajadores.

  3. El GBM asuma su responsabilidad en la lucha contra los flujos financieros ilícitos promoviendo mecanismos de transparencia para las transnacionales a fin de que paguen los impuestos correspondientes en los territorios donde obtienen renta. La atracción de inversiones extranjeras no debe estar sustentada en estímulos y exoneraciones fiscales.

  4. Es necesario que la igualdad de género sea considerada como principio de ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía económica, en todas las políticas y mecanismos de las instituciones financieras.

  5. Es esencial se considere la vigilancia indígena y social de la inversión en las intervenciones del GBM, en especial respecto al oleoducto no incluido en DL 1292.

  6. Igualmente promover que los países que quieran recibir préstamos brinden protección legal a la orientación sexual, a la identidad de género y otros sectores de la población en situación de vulnerabilidad. El GBM debe incluir una referencia explícita a la no discriminación y a la identidad y expresión de género, así como a la orientación sexual (de manera transversal) en sus políticas operativas.

  7. El GBM debe promover el respeto por las leyes laborales de los países y trabajo digno, en el Perú las normas laborales y el respeto de los derechos de los trabajadores ha sido menoscabo en los últimos años, por lo que el GBM en el nuevo Marco de Alianza con el Perú debe incidir en fortalecer los derechos laborales de los trabajadores y no flexibilizar las normas a favor de los grandes inversionistas.

  8. El GBM debe promover y asegurar que no se debilite el marco nacional de transparencia y acceso a la información pública en el país, tal como ha sucedido con el actual gobierno a través del DL N°1353. Teniendo en cuenta además que el GBM viene apoyando iniciativas internacionales de transparencia en industrias extractivas como el EITI.

  9. El GBM debe reducir la presión sobre los bosques y contra la población que depende de los mismos, la biodiversidad y las reservas de carbono. Debe incrementar su rol coherente en la lucha contra el cambio climático, especialmente en las áreas cubiertas de bosques y en las cabeceras de cuenca y otras zonas generadoras de agua, lo cual implica que los fondos actuales que administra tengan una mejor coordinación y no dupliquen esfuerzos, y corregir el tráfico de concesiones mineras promovido por el DL 1336 y la desregulación de concesiones maderable del DL 1283. Asimismo, debe aumentar las iniciativas de adaptación en su cartera de proyectos, en concordancia con el Acuerdo de París.

  10. Lograr lo anterior a través del apoyo del GBM a la inversión estatal en la titulación territorial colectiva indígena; el manejo holístico de recursos; la implementación del REDD+ Indígena y planes de adaptación climática con rol central de las mujeres indígenas.

  11. Asimismo, creemos importante que el GBM se asegure un mejor planeamiento energético, donde se financie de manera clara y oportuna las energías renovables y se reduzcan los subsidios a los combustibles fósiles.

  12. El GBM no debe seguir promoviendo políticas de privatización de los servicios públicos, ni la flexibilización socio-ambiental en ningún país del mundo. Las APP deben ser estudiadas caso por caso y no impuestas como un dogma, evaluando los costos para los sectores populares y la precarización laboral, los impactos que genera y estableciendo mecanismos de transparencia en los contratos a fin de facilitar el monitoreo ciudadano.

  13. EL GBM debe modificar la flexibilización socio ambiental que ha traído consigo el cambio de sus estándares ambientales y sociales para inversiones públicas y privadas, esto acarreará conflictos socio-ambientales, como los recientemente vividos en la región, especialmente en Perú en proyectos mineros como el proyecto Las Bambas, donde se están aplicando instrumentos de gestión sin una adecuada gestión ambiental y participación ciudadana (por ejemplo, ITS).

  14. Considerando esta tendencia nacional (e internacional) es importante el fortalecimiento por parte del GBM de procedimientos claros para la evaluación de los riesgos ambientales y sociales de sus proyectos y no dejar estos procesos solo en manos de los Estados.

  15. El GBM debe respetar y cumplir en todas sus operaciones y recomendaciones de políticas, los convenios y recomendaciones de la OIT, especialmente en cuanto a la promoción de trabajo digno y decente.

  16. Es necesario que la participación y los procesos de consultas ciudadanas e indígenas sean realmente procesos amplios e inclusivos. Que permita y garantice el acceso previo y adecuado culturalmente de la información a ser consultada, en lugar de promover el secretismo que se facilita con el DL 1353.

Lima, 27 de enero de 2017.

Suscriben:

  1. Alianza Internacional de Habitantes
  2. Alianza Mexicana contra el Fracking
  3. Asociación Arariwa
  4. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
  5. Asociación Civil Eco Raíces (Argentina)
  6. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT
  7. Asociación Gilberto Bosques
  8. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
  9. Asociación Nacional de Centros – ANC
  10. Asociación, Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia)
  11. Bank Information Center – BIC
  12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
  13. Centro de investigación, documentación y asesoría poblacional – CIDAP
  14. Centro Humboldt (Nicaragua)
  15. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA
  16. Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES
  17. CEPIS – Proyecto Amigo
  18. Climate Action Network Latin America – CAN-LA
  19. Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente – CIMA (Argentina)
  20. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)
  21. Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP
  22. Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú – CITE
  23. Confederación Nacional Agraria – CNA
  24. Consejo Machiguenga del río Urubamba – COMARU
  25. CooperAcción
  26. Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo – CORPI-SL
  27. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
  28. Derechos Humanos y Medio Ambiente
  29. Environmental Investigation Agency – EIA
  30. Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud – FENUTSSA
  31. Federación Nacional de Trabajadores en las Universidades del Perú – FENTUP
  32. Federación Nacional de Trabajadores Municipales del Perú – FETRAMUNP
  33. Foro del Buen Ayre (Argentina)
  34. Foro Juvenil de Izquierda
  35. Forum Solidaridad Perú
  36. Freshwater Action Network – FAN
  37. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS
  38. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe – GFLAC
  39. Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente – GEMA (República Dominicana)
  40. Grupo Propuesta Ciudadana – GPC
  41. ILLA – Centro de Educación y Comunicación
  42. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS
  43. International Work Group for Indigenous Affairs – IWGIA
  44. Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11
  45. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)
  46. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andina y Amazónicas del Perú – ONAMIAP
  47. Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU
  48. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú – ORPIAN-P
  49. Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO
  50. Pobladores (México)
  51. Proética – Capítulo Peruano de Transparencia Internacional
  52. Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas – RLIE
  53. RED MUQUI
  54. Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE
  55. Red Uniendo Manos Perú
  56. Salud Preventiva Andina
  57. Servicios en Comunicación Intercultural – Servindi

[Actualización de firmas al 10 de febrero de 2017]

Pronunciamiento publicado en La República, el 30 de enero de 2017.

Acceda a la versión en pdf de la publicación aquí.