Hace más de un mes, al interior del país, en nuestra selva, el derrame de más de tres mil barriles de petróleo en Morona e Imaza (Loreto y Amazonas, respectivamente) con la rotura de ductos del Oleoducto Norperuano, puso en evidencia las fallas del proceso de flexibilización ambiental con la Ley N° 30230 y sus implicancias en la fiscalización ambiental. Lo ocurrido en las comunidades indígenas de Loreto y Amazonas es un claro ejemplo de lo importante que es la transparencia ambiental, en los procesos de otorgamiento de derechos relacionados con proyectos extractivos.
En entrevista con Nicolás Lúcar, Vanessa Cueto, presidenta de DAR, recordó la antigüedad del Oleoducto Norperuano (más de 40 años de ejecución), proyecto que se maneja con un instrumento desactualizado: un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Durante la conversación, se señaló la importancia de la vigilancia indígena, teniendo en cuenta que las organizaciones indígenas fueron las primeras en advertir los derrames. Recalcó también la necesidad de institucionalizar a la vigilancia como parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de la transparencia ambiental.
Asimismo, indicó que a través de la Ley 30230 se debilitó la institucionalidad ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ya que dicha ley planteó se prioricen las medidas preventivas y debilitando su papel sancionador, vía ATV+.
En esa misma línea, también precisó para RPP TV tal como lo señala la Defensoría del Pueblo que es fundamental conocer cuál será el proceso para indemnizar a los pobladores afectados por el derrame de petróleo. Asimismo, que debe tomarse en cuenta los impactos acumulativos futuros producto del derrame.
¿Y qué dicen los afectados?
Edwin Montenegro presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana del Norte del Perú (ORPIAN-P) dio sus testimonios sobre la situación que enfrentan tras el derrame, en diálogo con Jesús Verde en el canal de noticias RPP TV.
Por su parte Agilio Semperi, jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), alertó sobre el derrame de líquido de gas natural (LGN) ocurrido el 19 de febrero, asimismo recalcó la necesidad del monitoreo indígena para prevenir impactos productos de las actividades extractivas, en el espacio de Juan Carlos Tafur en Radio Exitosa.
#TransparenciaAmbientalYA
Estos hechos demuestran la importancia de transparentar información básica y vital sobre proyectos extractivos que afectan –directa o indirectamente– poblaciones locales e implementar adecuadamente el derecho al acceso a la información y la transparencia en las inversiones para que sean sostenibles. En entrevista con Radio Exitosa y RPP TV, Pilar Camero, miembro del Consejo Directivo de DAR, conversó sobre lo vital que resulta la transparencia en las inversiones extractivas para la generación de confianza, tomando como muestra los derrames de crudo en Imaza y Morona.
Una alternativa para impulsar y fomentar estos conceptos es la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). En la actualidad 51 países conforman el EITI. Esta iniciativa busca transparentar los pagos de las compañías petroleras, mineras y gasíferas al gobierno, así como la rendición de cuentas de los gobiernos por dichos ingresos. Del 22 al 25 de febrero, se realizó en Lima su 7° Conferencia Global. Este encuentro reunió a más de mil participantes entre gobiernos, empresas y sociedad civil que integran la iniciativa o desean serlo.
Diversas organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, propiciaron el debate de la necesidad de incorporar en los estudios de conciliación o informes EITI un estándar ambiental como parte del análisis de cada país. Asimismo, poner en agenda la necesidad de la transparencia ambiental en las industrias extractivas para hacer frente al actual contexto de flexibilización de la institucionalidad ambiental en las inversiones, realidad que no solo afecta al Perú, sino a otros países de la región.
En ese sentido, la Conferencia del EITI era la oportunidad dialogar sobre mejores prácticas que aseguren el mejor desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales y de la Amazonía, como transparentar información relacionada con la fiscalización ambiental.