Lima, 21 de julio de 2020.- No ratificar el Acuerdo de Escazú para su vigencia en la cuenca amazónica es desconocer los derechos de quienes habitan en la Amazónica, así como los derechos sobre sus territorios, los cuales son concesionados a privados sin incluir a los pueblos indígenas en la toma de decisión ni en la distribución de los beneficios por la explotación de recursos naturales respetando sus planes de vida y visión de desarrollo, señaló Aída Gamboa, coordinadora el programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Estas declaración fueron dadas en el segundo día de “El Grito de la Selva”, conversatorio organizado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus 9 bases nacionales, –entre ellas la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) de Perú– previo a la Asamblea Mundial por la Amazonía, el pasado 18 de julio.
El evento buscó dar a conocer la grave situación que atraviesan los pueblos indígenas por la COVID-19 y las actividades extractivas, que en este contexto de flexibilización de los marcos normativos propuestos por los gobiernos pondría en mayor riesgo el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, fue un espacio para difundir sus demandas, propuestas y herramientas para hacer frente a la emergencia sanitaria.
En la mesa “La mujer indígena y su rol en la defensa del territorio”, conversamos sobre la importancia del Acuerdo de Escazú para la protección de las defensoras indígenas. Las mujeres indígenas tienen un rol fundamental en la lucha firme por la conservación y manejo sostenible de los bosques y los recursos naturales que estos nos brindan. Ellas, no solo defienden sus territorios, sino que garantizan una tierra digna donde vivir a la humanidad y próximas generaciones, mencionó Jackeline Borjas, especialista de DAR, quien moderó esta mesa.
Más aún en el contexto de pandemia, las mujeres indígenas defensoras se encuentran en riesgo. Siendo violentadas y agredidas por agentes externos que desean que ellas paren su labor de defensa del medio ambiente. Aída Gamboa precisó que “más de 300 asesinatos a poblaciones y defensores indígenas se registran año a año en la región. Esto muestra que el Acuerdo de Escazú es necesario para contrarrestar esta problemática». La representante de DAR indicó que Escazú dispone que los Estados garanticen mecanismos eficientes de acceso a la justicia y la inclusión de los saberes ancestrales de los pueblos.
Lo relevante del primer tratado regional en asuntos ambientales para la región es que brinda medidas para reconocer, proteger y promover otros derechos vitales para el ejercicio de los y las defensoras indígenas, como a la vida, integridad personal, libertad de expresión, circulación, reunión y asociación pacífica. Por ello, Aída Gamboa hizo un llamado a los parlamentos para promover la ratificación del tratado que le da voz a los más vulnerables. «Con el Acuerdo de Escazú los pueblos indígenas van a poder participar desde el inicio de la planificación de los proyectos, actualmente eso no sucede en la región”.
Finalmente, alertó que se ha esparcido una campaña de desinformación en Perú para evitar la ratificación del Acuerdo, bajo uno de los argumentos de que al integrar las disposiciones de este instrumento se perdería la soberanía nacional, cuando el mismo tratado reconoce expresamente este principio fundamental de los Estados en su artículo 3, declaraciones que distan mucho de los beneficios de Escazú. Sostuvo que es importante que los legisladores tomen una decisión informada de diversos actores.
Escazú es un instrumento vital en tiempos de pandemia y post pandemia ya que permite se garanticen los derechos humanos, como el acceso a la información cuando hay peligro inminente a la salud. Por ejemplo, las organizaciones indígenas como la COICA y AIDESEP en Perú informan que no se encuentra información idónea sobre la COVID-19, ni de manera diferenciada, por ello han hecho un llamado a la movilización para visibilizar sus demandas.
EL DATO
- Durante la Asamblea por la Amazonía, Aidesep presentó su informe Perú, entre sus demandas se encontraron la ratificación del Acuerdo de Escazú y la modificatoria de la Ley PIACI, pueden ver su presentación aquí.