Nosotros, representantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Junta Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), expresamos nuestra profunda preocupación y condenamos la decisión del Congreso de la República del Perú de aprobar, ayer 12 de marzo de 2025, la reforma a la Ley 27692, Ley que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta preocupante ley sigue el patrón de leyes similares aprobadas en otras jurisdicciones del mundo, que se han utilizado para silenciar a la sociedad civil y castigar cualquier oposición o crítica.
Esta ley debilita los derechos civiles de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas en el Perú, viola el espacio cívico y afecta el derecho a la libertad de expresión de estas organizaciones. Esta ley establece que, a partir de ahora, constituye una infracción muy grave que las organizaciones de la sociedad civil reciban o utilicen fondos internacionales de desarrollo para asesorar, asistir o financiar cualquier acción administrativa, judicial o de otra índole, en foros nacionales o internacionales, que critique al gobierno o vaya en contra del Estado peruano. Es evidente que el Gobierno del Perú puede utilizar este término vago para silenciar cualquier crítica.
En la práctica, esto significa que será imposible emprender acciones legales en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos sin ser sancionado. Cualquier organización de la sociedad civil que reciba financiación extranjera y que defienda a un acusado durante un juicio podría ser multada o se le revocaría su registro. Esto no es transparencia, es censura. Se restringe el derecho a denunciar abusos y promover el voto informado, lo que debilita la supervisión ciudadana y atenta contra la democracia y la participación ciudadana.
En un contexto donde la protesta social y la libertad de criticar al gobierno son fundamentales para la democracia mundial, estas disposiciones buscan intimidar a quienes supervisan y exigen transparencia a las autoridades. Esta ley no promueve la rendición de cuentas, sino que establece un mecanismo de censura. Por lo tanto, nos unimos a la sociedad civil peruana para instar al gobierno a respetar el derecho a la libertad de expresión, la participación ciudadana y la preservación del espacio cívico, y en el contexto de la EITI, el Requisito 1.3 sobre la libre participación de la sociedad civil.
Firman:
Miembros de la Junta Internacional del EITI
- Ba Aliou Coulibaly, Président of PWYP Coalition Mauritania, EITI Board Member.
- Vanessa Cueto La Rosa, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), EITI Board Member – Perú.
- Tamika Halwiindi, Transparency International Zambia, EITI Board Member.
- Diana Kaissy, The Lebanese Oil and Gas Initiative, EITI Board Member.
- Kossi Kougblenou, ACOMB,Togo, EITI Board Member.
- Mariya Lobacheva, Public Association Echo, EITI Board Member – Kazakhstan.
- Clancy Moore, Transparency International – Australia
- Olena Pavlenko, DiXi Group Ukraine, EITI Board Member.
- Matthieu Salomon, Natural Resource Governance Institute, EITI Board Member.
- Yessica Prieto Ramos, EITI Board Member – Colombia.
Organizaciones de sociedad civil y personas naturales
- Mauricio Alarcón Salvador, Fundación Ciudadanía y Desarrollo – TI Ecuador.
- Epifanio Baca Grupo Propuesta Ciudadana, Representante alterno de Sociedad Civil en la Comisión EITI Perú.
- César Bazán Seminario, Instituto de Defensa Legal – IDL, Perú.
- Beverly Besmanos, Bantay Kita, Filipinas.
- Rayah Bhattacharji, Projekta, Surinam.
- Ivan Brehaut Larrea, Asociación ProPurús, Perú
- Oswaldo Bilbao Lobatón, Centro de Desarrollo Étnico – CEDET, Perú.
- Olimpia Castillo Blanco, Comunicación y Educación Ambiental SC, México.
- Elvia Milagros Correa Sánchez, CEDEPAS Norte, Perú.
- Juan Luis Dammert, Natural Resource Governance Institute – Latin America
- Olga De Obaldia, Fundación para el desarrollo de la Libertad Ciudadana – Transparencia internacional Panamá.
- Marta Ferrara, Semillas para la Democracia. Paraguay.
- Carla Flores Lot, CartoCrítica, México.
- Juan Krahl, Directorio Legislativo, Argentina.
- Iris Olivera, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR, Representante alterno de Sociedad Civil en la Comisión EITI Perú
- Oleksiy Orlovsky, International Renaissance Foundation, Ucrania.
- Alejandro Parellada, International Work Group for Indigenous Affairs-IWGIA, Dinamarca.
- Marcin Piersiak, Alliance for Responsible Mining Europe, Francia.
- Patricia Pinto Arenas, DESCOSUR , EITI Arequipa.
- Yessica Prieto Ramos , EITI board member from Civil society LAC, Colombia.
- Danuta Radzik, Guyana oil and gas change.
- Vanda Radzik, Independent Civil Society Rights Advocate, Guyana.
- Brenda Rodríguez, Natural Resource Governance Institute, México.
- Simon Taylor Hawkmoth, Países Bajos.
- Federico Tenorio Calderón, Grupo Propuesta Ciudadana, Perú.
- Pedro Zapata Tapia, Natural Resource Governance Institute, Chile.
- Melissa Donet Paredes, CEDEPAS Norte, Perú.
- Olga Cristina del Rocío Gavancho León, Instituto de Defensa Legal – IDL, Perú.
- Alex Martín Gonzales Anampa, Colegio de Sociólogos del Perú – Región Cajamarca, Perú.
- Carmen Koochoi Gutiérrez, Consejo Regional de Sociólogos – Áncash, Perú.
- Lilyan Delgadillo Hinostroza, Fondo Socioambiental del Perú.
- Carlos Herz Saenz, Entornos, Perú.
- Ana Romero Cano, Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Perú.
- Amaru Ruiz, Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, Nicaragua.
- Raul Silesky Jimenez, Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Costa Rica.
- Anna Cartagena. Persona natural.
- Isaac Alejo Reyes. Persona natural. Perú.
- Alejandro Arrieta Diaz. Persona natural. Perú.
- Nelly Carrasco Camones. Persona natural. Perú.
- Mabel Abanto Yllescas. Persona natural. Perú.
- María del Pilar Benavides Carlín. Persona natural. Perú.
[Continúan firmas]