“Estamos viviendo un asalto de intereses económicos para reducir la capacidad regulatoria ambiental del Perú”, resaltó, César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), durante su participación en la mesa: “La transición energética justa y popular como solución frente al planeta en ebullición”, en el Foro Público: ¿Por qué dejar los combustibles fósiles bajo tierra en el Perú?, organizado por el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
Esta mesa tuvo como objetivo, discutir sobre las posibilidades de una transición energética justa y sostenible para el Perú. En ese contexto, Gamboa resaltó que es necesario una discusión nacional amplia para definir qué modelo de transición energética queremos impulsar como país, que tenga cómo mínimo dos prioridades: contribuir a reducir la temperatura a nivel global y reducir las inequidades en el país.
“Ya hace 15 años, el BID financió al Estado peruano un préstamo para elaborar un estudio sobre una nueva matriz energética sostenible para el país, que mínimamente debería ser el punto de partida para discutir y analizar estas alternativas de transición hacia una matriz energética más limpia pero también más sostenible y equitativa”.
Por eso, es prioritario resaltar que la transición energética del país no puede seguir trabajando bajo el modelo actual, con los mismos patrones de consumo e inequidades porque es insostenible e inconsistente con los compromisos internacionales climáticos del Perú.
Por ello, iniciativas legislativas, como la promovida por PERUPETRO, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para desarrollar actividades de hidrocarburos en parque nacionales como Manu y Bahuaja Sonene o en el Abanico del Pastaza, la tercera reserva de carbono más grande del planeta y hogar de cientos de comunidades nativas, es inaceptable, sobre todo porque no tiene ninguna consideración ambiental ni social y por los graves pasivos ambientales que tiene la actividad hidrocarburífera en nuestro país.
“En ese sentido, es importante resaltar algunos principios básicos que debería considerar cualquier propuesta legislativa que pretenda definir un marco legal de políticas públicas en torno a la transición energética. Como mínimo, esta propuesta debe considerar la necesidad de diversificar la matriz energética, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la participación ciudadana, la transparencia en el sector y el acceso a este servicio público de todos los peruanos y peruanas”, enfatizó Gamboa.