Escrito por:
Isabel Gonzales Icaza / Claudio Zúñiga Carrillo
Programa Cambio Climático y Bosques
Entre el 31 de octubre y 12 de noviembre del presente año, se viene desarrollando la Vigésimo Sexta Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en la que más de 190 países buscan limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales; ello, a través de compromisos climáticos más ambiciosos (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) y de incrementar los esfuerzos en adaptación (especialmente en países más pobres y vulnerables); así como de la movilización del financiamiento climático (tanto para la mitigación como para la adaptación).
Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) son los compromisos que asumen los países enfocados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a la adaptación al cambio climático, conforme al Acuerdo de París, los cuales deben renovarse cada cinco años[1]. En el 2020, Perú comunicó a la CMNUCC la actualización de sus NDCs, incrementándose el compromiso de reducir las emisiones de GEI de un 30 % a un 40 %. Para ello, se identificaron 62 medidas NDC en mitigación, siendo el Manejo Forestal Comunitario (MFC) una de ellas.
A través de la medida NDC de MFC se busca brindar asistencia técnica a las Comunidades Nativas (CCNN) para la gestión efectiva de los recursos del bosque en sus territorios, mediante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS) competentes. Para ello, se propuso como meta promover el MFC en 2, 776 395 hectáreas de bosques comunales para el 2030, mediante la aplicación de planes de manejo a escala comunitaria, buscando así la disminución de la tasa de deforestación y contribuir en la reducción de 1.33 Mt CO2eq de emisiones de GEI al 2030.[2]
En Perú, los pueblos indígenas habitan alrededor de 14 millones de hectáreas, lo que significa que a través de la NDC de MFC se ha planteado contribuir con el manejo de poco menos del 10 % de la superficie de bosques comunales, aportando un 3 % en la reducción de GEI correspondiente al sector Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS).
Si bien la NDC en MFC plantea un aporte muy conservador en términos de mitigación, la contribución del MFC debe verse de manera más amplia, ya que el mantenimiento de los bosques permitirá que la población indígena pueda adaptarse mejor al nuevo escenario climático, al aseguramiento del agua y a los elementos básicos para una agricultura sostenible, que a su vez son fundamentales para la seguridad alimentaria. En el contexto de reactivación económica post COVID-19, el impulso del MFC, también ofrece la posibilidad de aportar a la recuperación de la economía indígena que, por muchos años, lejos de aportar al desarrollo sostenible de las comunidades, les ha generado diversos problemas. Al respecto, un reciente estudio[3] señala que entre el 2015 y 2020, el 32 % del total de madera ilegal movilizada correspondió a las CCNN de los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, lo que significó multas millonarias para las comunidades.
La medida NDC en MFC considera, además, un conjunto de condiciones habilitantes que son sumamente importantes y que, de no implementarse, limitaría no solo el cumplimiento de la meta de mitigación, sino que pondría en riesgo la permanencia de los bosques comunales y la supervivencia de sus habitantes.
El informe final del Grupo de Trabajo Multisectorial de las NDC (GTM-NDC) considera diez condiciones habilitantes para la implementación de esta medida, dentro de las cuales destacamos: la implementación de las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC); culminación de los proceso de titulación de CCNN y la asignación de títulos habilitantes para el aprovechamiento forestal; el establecimiento de acuerdos y coordinaciones eficientes entre diversas instituciones para hacer frente a los delitos ambientales en los bosques comunales; la implementación del programa de monitoreo, control y vigilancia vinculado a los planes de manejo de comunidades; la gestión de recursos, financieros y no financieros, a fin de asegurar la implementación de las intervenciones en los bosques comunales.
¿Cómo se viene avanzando con la implementación de las condiciones habilitantes y qué retos se encuentran pendientes?
Las UTMFC son las oficinas especializadas que deben crearse para asegurar una atención técnica permanente a los pueblos indígenas, propiciando su participación y empoderamiento para que cada vez dependan menos de “terceros” para el desarrollo de negocios forestales sostenibles; no obstante, hasta la fecha son muy limitados los avances, pues solo se cuentan con tres UTMFC en selva central, creadas por el SERFOR, pero con limitaciones en su operatividad por falta de presupuesto. Asimismo, con apoyo de la cooperación, regiones como Ucayali, cuentan con pilotos de UTMFC que si bien son importantes para la atención de comunidades y generar la experiencia; se requiere un real compromiso de las autoridades forestales para lograr su creación y operación, gestionando para ello los recursos financieros, humanos e instrumentos para operar.
Otra de las condiciones importantes es la titulación de comunidades y la asignación de títulos habilitantes, que además de constituir un derecho, dota de mayor seguridad jurídica a las tierras comunales, contribuyendo a una conservación más efectiva de los bosques. De acuerdo al Estudio Técnico de actualización de las NDC (MINAM 2020), la asignación de derechos es una condición habilitante que cuenta con un potencial de reducción importante de emisiones de GEI (12,2 MTCO2 eq), que representa el 28% del total del potencial de emisiones del sector UTCUTS. Asimismo, una mejora de la seguridad en la tenencia de los territorios indígenas constituye una de las opciones más económicas para reducir las emisiones de carbono (Ding et al 2016 citado por FAO y FILAC 2021)[4].
Pese a la importancia de esta condición, en el país aún hay una brecha de titulación superior a las 600 CCNN y para resolverlo se requiere dar solución efectiva a los problemas de superposición de tierras comunales con otros derechos, entre los cuales se encuentran los Bosques de Producción Permanente (BPP), concesiones forestales, Áreas Naturales Protegidas (ANP).
En cuanto a los delitos ambientales en bosques comunales, un reciente estudio de Mongabay[5] registra al menos 1247 comunidades, tituladas y no tituladas, que en la actualidad son críticamente impactadas por la minería ilegal, cultivos ilícitos de coca, etc. Esta situación se ha incrementado los dos últimos años, observándose un incremento alarmante de la deforestación, así como mayores amenazas sobre los defensores ambientales. Por lo tanto, si bien se han hecho algunos esfuerzos para mejorar la coordinación entre las autoridades que deben intervenir en estos casos como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), el Poder Judicial (PJ), las autoridades forestales, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), el Ministerio del Interior del Perú (MININTER), entre otros, aún estos esfuerzos no tienen efectos significativos en los bosques comunales; por lo tanto, se requieren soluciones efectivas para sancionar estos casos, y de otro lado, controlar los drivers que propician la ocupación desordenada y la proliferación de actividades ilegales en estos territorios, como la infraestructura vial no planificada.
En cuanto a la implementación de los programas de monitoreo, control y vigilancia vinculado a los planes de manejo de comunidades, cabe indicar que desde la puesta en marcha de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 2015, los avances han estado enfocados al reconocimiento de Comités de Vigilancia Comunal y muy poco a su operatividad, a su articulación con otras formas de vigilancia en los territorios indígenas, ni mucho menos a su sostenibilidad; en ese sentido, los esfuerzos en esta etapa deben incrementarse para viabilizar acciones de vigilancia articuladas y sostenibles en los bosques comunales.
Finalmente, en relación al financiamiento para impulsar el MFC, es importante resaltar la necesidad de que los recursos financieros, tanto de fuentes nacionales como internacionales, se canalicen principalmente en el nivel local y regional; para atender de forma efectiva los problemas en los territorios comunales. En la actualidad, la mayor cantidad de recursos financieros se quedan en el nivel nacional. Un ejemplo de ello es el Programa Presupuestal 130 (competitividad forestal y aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque), el cual, de los más de 120 millones de soles asignados para el 2021, un 65% se destinó al Gobierno Nacional, el 29% a los Gobiernos Regionales, y un 7% a los Gobiernos Locales.
En conclusión, si bien la NDC en MFC plantea un aporte poco significativo en término de reducción de emisiones, su contribución va mucho más allá, no solo en mitigación, sino principalmente en adaptación. La asignación de derechos sobre estos bosques constituye una de las condiciones habilitantes que más aporta en la reducción de emisiones; no obstante, sus avances son muy limitados. El resto de condiciones habilitantes también tienen poco avance, lo cual denota que en el país aún no hay una real apuesta por la implementación del MFC.
[1] MINAM. 2017. Avances en la implementación de las NDC en Adaptación. Recuperado de: https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/ndc/
[2] MINAM. 2018. Informe final del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar información técnica para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC). Recuperado de: https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%c3%91OL.pdf
[3] 2021. USAID PROBOSQUES. Aportes a la agenda forestal del Perú Bicentenario.Participación de las Comunidades Nativas en la Cadena de Valor de la Madera y el Sector Forestal en la Amazonía Peruana.
[4] 2021. FAO y FILAC. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe.
[5] 2021.Mongabay. Pueblo Indígenas y delitos ambientales en cifras