Fuente: Brehaut, 2021.
Según el registro sobre situaciones de riesgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Ucayali es una de las regiones que registra un incremento en el número de amenazas y ataques en contra de personas defensoras ambientales, principalmente, debido al desarrollo de actividades ilícitas que afectan los territorios de los pueblos indígenas, tales como el narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras, el cultivo ilícito de hoja de coca, entre otros.
Desde el Estado se han realizado importantes avances tales como la aprobación del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos (Decreto Supremo N° 004-2021-JUS), y la puesta en marcha de una Red de Alerta Rápida anunciada en una reunión de alto nivel realizada en la ciudad de Pucallpa el 14 de mayo de este año. Esta última iniciativa se realizó como respuesta a las múltiples denuncias formuladas por la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), con acompañamiento de la sociedad civil, dentro de la cual se encuentra Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Sin embargo, existen obligaciones que aún no han sido cumplidas como la aprobación de un Protocolo de Actuación para la implementación de las medidas de protección o urgentes de protección que son otorgadas por el MINJUSDH, y que estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, conforme lo establece la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 004-2021-JUS.
Asimismo, las acciones implementadas aún no cuentan con la efectividad esperada y los casos incrementan como lo refleja la denuncia presentada por la comunidad nativa Sawawo Hito 40, ubicada en el distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, Ucayali, en la frontera con Brasil.
Con el respaldo de ORAU y de la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral del Yurua – Yono Sharakoial (ACONADIYSH), esta comunidad ha presentado una denuncia en contra de las empresas Forestal Mendoza EIRL y Negociaciones Forestales Ostua EIRL, luego de que su Comité de Vigilancia Forestal realizara un patrullaje en el que identificó un tractor y dos motocicletas de personas ajenas a la comunidad y que se ha reaperturado una carretera que empieza desde Sawawo hasta la Comunidad Shahuaya, lo que está causando impacto negativo en los bosques de la comunidad, como la pérdida de árboles y animales que habitan en los mismos.
Fuente: ORAU, 2021.
El 16 de agosto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Atalaya, ha notificado la disposición de Investigación Preliminar, a cargo del fiscal Raúl Huaroc Pocomucha, en contra de los representantes legales de la empresa “Negociaciones Forestales Ostua EIR y de “Forestal Mendoza EIRL”, por la presunta comisión de los delitos contra los bosques o formaciones boscosas en su forma agravada (artículo 310-C, inciso 1 del Código Penal); incumplimiento de las normas relativas al manejo de los residuos sólidos (artículo 306); y, sobre la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas en agravio del Estado peruano (artículo 314-A).
Desde DAR, hacemos un llamado a las autoridades competentes, comenzando por el MINJUSDH en tanto ente rector del Mecanismo Intersectorial para que se articulen acciones inmediatas para la mitigación del riesgo. Invocamos a que la Fiscalía pueda actuar con la celeridad adecuada para realizar las investigaciones. Por intermedio de ORAU pudimos conocer que actualmente los miembros del Comité de Vigilancia y dirigentes de la comunidad de Sawawo se encuentran amenazados por los operadores de las maquinarias en caso sigan impidiendo que pasen por su territorio.
Referencia
Brehaut, Ivan, “Emergencia en Yurúa: Empresas forestales apelan a la impunidad creciente en Ucayali para invadir y saquear los recursos de comunidades nativas fronterizas con Brasil. El Estado aún no actúa”, publicado el 16 de agosto de 2021 en La Mula.pe, disponible aquí: