Lima, 2 de octubre del 2020.- Hoy, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó la norma de creación del “Registro sobre Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” como parte del cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y de acuerdo con el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos” el cual establece como una de las funciones de la Dirección General de Derechos Humanos la de diseñar, implementar y gestionar el mencionado Registro.
A partir de su creación, se podrá identificar las zonas más riesgosas y los tipos de ataques para las personas defensoras de Derechos Humanos, así como los problemas estructurales que profundizan la situación de vulnerabilidad de este grupo. Asimismo, el Registro permitirá contar con información estadística y un mapa de riesgos para orientar las acciones de prevención y protección contenidas en el Protocolo. Para ello, se fortalecerán las acciones preventivas sobre las reactivas.
Si bien la creación del Registro es un paso importante, aún está pendiente su implementación. Para ello, se utilizará como línea base, los casos recogidos a partir de la activación del mecanismo de Alerta Temprana considerado en el Protocolo de Defensores aprobado en el 2018, así como otros casos que el MINJUSDH ha podido identificar como riesgosos para las personas que realizan la labor de defensa de sus derechos. Las fichas y matrices para la alimentación del registro deberán ser elaboradas de manera participativa con la sociedad civil, sector estatal, sector privado y, sobre todo, con las organizaciones indígenas territoriales que son constantemente amenazadas.
La situación de estas personas en sus territorios es bastante crítica. Tal es así que, el día de hoy, que se publicó el registro, tomamos conocimiento de acciones de amenaza en contra del Apu Berlín Diques, presidente de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (ORAU), por defender sus territorios; además, un atentado sufrido por el administrador de la misma organización. Respecto a este hecho, tenemos información de que el MINJUSDH ya se comunicó con el mencionado defensor para plantear un acompañamiento al caso, en el marco del mecanismo de Alerta Temprana del Protocolo.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos, es necesario que estas medidas sean coordinadas de manera multisectorial con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, Ministerio del Interior y Policía Nacional, así como la articulación con los Gobiernos Regionales y las organizaciones indígenas, a fin de que se puedan otorgar medidas de garantía personal, se aceleren las investigaciones y se haga justicia para estos casos.
La aprobación de esta norma se da en un contexto en el cual nuestro Congreso se encuentra debatiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, que incluye cláusulas de protección a las y los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Por ello y buscando la coherencia de las políticas públicas, solicitamos al Congreso de la República de manera urgente la ratificación del Acuerdo de Escazú en nuestro país.