Lima, 29 abril de 2019.- El 27 de abril pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de Personas Defensoras en Derechos Humanos” a través de la Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS, instrumento que se desprende de lo estipulado por el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y que tiene como objetivo principal garantizar la protección a un ambiente adecuado de aquellas personas que desempeñen sus actividades en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
Además, tiene como objetivos específicos promover el reconocimiento de estas personas y trabajar en la prevención de situaciones de riesgo, articular a las entidades públicas para la protección integral y asegurar a estas personas, así como para una adecuada investigación, juzgamiento, sanción y reparación en casos de ataques dirigidos a ellas. Este protocolo contó en su elaboración con la participación de diversas entidades públicas y de organizaciones de sociedad civil.
Un aspecto que destaca en este documento es que incorpora la identificación de estas personas o grupos que ejercen actividades de defensa de derechos humanos, así como un estudio de evaluación de riesgo, acciones urgentes de protección y un sistema de alerta temprana para su rápida protección. Para ello, el MINJUS tendrá que coordinar con la Defensoría del Pueblo, SERVIR, MIMP, MINCU, MTPE, Poder Judicial, CONACOD, la Academia de la Magistratura, el Ministerio Público, entra otras organizaciones.
Desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) saludamos esta importante iniciativa y la labor que viene desempeñando el MINJUS para la protección de los defensores y las defensoras, en especial porque se incluye a las poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas y personas defensoras de asuntos ambientales que se encuentran en constante riesgo en la vulneración de sus derechos, a nivel nacional y de América Latina y el Caribe. Si bien aun hay mucho camino por recorrer, esta medida representa un paso significativo para afrontar la problemática de la región y fortalecer el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú en nuestro país, para la promoción de los derechos humanos y la construcción del desarrollo sostenible.