Lima, 31 de agosto de 2020.- La viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), Lies Linares, invitó al Congreso de la República a tomar una decisión informada sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú. “Invoco y ratifico nuestro compromiso al diálogo para absolver dudas y estoy segura de que el Congreso tomará la mejor decisión para el país, que es la ratificación del Acuerdo de Escazú”, agregó.
La funcionaria del Minam reconoció que el acuerdo es una oportunidad para que los países demuestren su compromiso respecto a los avances en la promoción de la participación, el acceso a la información y la justicia ambiental. Estas declaraciones las dio en el webinario “La ratificación del Acuerdo de Escazú: Avances e importancia para América Latina y el Caribe”, organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en alianza con la Coalición por la Transparencia y Participación, la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, Cultura Ecológica de México, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) de Chile, Fundação Grupo Esquel de Brasil y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Generando espacios de diálogo
En la actualidad, este tratado está en manos de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, donde se viene debatiendo sobre sus contenidos y se espera de tener su aprobación para que pueda pasar al Pleno. La viceministra resaltó que el convenio cuenta con la aprobación del Ejecutivo desde el Consejo de Ministros y desde el Minam se está absolviendo todas las dudas que se han generado al respecto al documento.
“Uno de los temas que presenta mayor preocupación de algunos gremios tiene que ver con la pérdida de la soberanía de los Estados. Pero precisamente uno de los principios que recoge el Acuerdo de Escazú tiene que ver con el reconocimiento de la misma respecto al aprovechamiento de sus recursos y en especial de su territorio”, manifestó la viceministra de Gestión Ambiental.
Agregó que otras de las inquietudes se enfocan al poder trasladarse a la justicia supranacional asuntos entre privados o asuntos vinculados a decisiones del país en materia ambiental. “Creo que es importante aclarar que eso no es lo que busca el acuerdo. El propio texto reconoce al fuero interno como el que finalmente van a regular las formas de solución a cualquier controversia”, subrayó.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que busca garantizar de manera efectiva los derechos al acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en países de América Latina y el Caribe. Además, es el primero en incorporar disposiciones que aseguren la protección de las personas defensoras del ambiente. A la fecha nueve países lo han ratificado y se necesitan que sean once para que entre en vigencia.
El evento en línea contó también con la participaron de Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (Cepal); Christian Guillermet-Fernández, Viceministro para Asuntos Multilaterales de Costa Rica; Fernando Patricio Flores, de la Asamblea Nacional de Ecuador quienes manifestaron las oportunidades que significa el Acuerdo para la región.
Por su parte, María Alejandra Aguilar (AAS, Colombia), Rubens Born (Fundación Grupo Esquel, Brasil) y Tomás Severino (Cultura Ecológica, México) comentaron las oportunidades en materia de acceso a la información y participación ambiental que ofrece para la región. Mientras, Andrés Nápoli (FARN, Argentina), Gabriela Burdiles (FIMA, Chile) detallaron cómo este instrumento ofrece garantías en acceso a la justicia ambiental. Mientras Gregorio Mirabal (COICA) ofreció un panorama de los beneficios del tratado para los y las defensoras indígenas en su labor de protección del territorio y el ambiente.