El Megapuerto Chancay ya es un hecho, de acuerdo con especialistas este proyecto traería beneficios para el país. Según una nota de la BBC, se estima que generará más de 7 mil empleos y posicionará al Perú como un punto estratégico comercial. Sin embargo, impactaría de forma negativa en aspectos sociales y ambientales, cuestiones que pese a las observaciones no subsanadas en el estudio de impacto ambiental, el proyecto obtuvo viabilidad por parte de SENACE. La situación se agrava si se comprende al puerto como parte de la cadena logística para transportar productos desde Brasil hacia China, lo cual implica la ampliación de vías terrestres que atravesarán la Amazonía, las cuales actualmente están intensificando las economías ilegales en regiones como Ucayali.
Estos y otros aspectos importantes fueron abordados en el Foro Social Frente al APEC, en donde representantes de diversos sectores, gremios, líderes y lideresas indígenas alzaron su voz de protesta y preocupación para dar a conocer los problemas que el APEC no aborda.
Javier Macedo, líder indígena y representante de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) cuestionó las garantías del Estado, “¿quién nos puede garantizar si una carretera realmente nos va a traer la solución de los problemas básicos de las comunidades?, más que ayudar, ha incrementado la invasión de nuestras comunidades», sostuvo.
Asimismo, César Gamboa, asesor senior de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien participó como ponente en la mesa de diálogo en el explica que, si bien esta obra traerá el desarrollo para nuestro país, el Estado ha olvidado la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones más vulnerables de nuestra Amazonía.
“En este APEC, el estado viene promocionando proyectos importantes de infraestructura como carreteras, ferroviarias e hidrovías, los cuales se conectarán con el Megapuerto de Chancay y las regiones Amazónicas y Brasil. Al día de hoy, no existe una planificación sostenible de la infraestructura vial de la Amazonía, un panorama preocupante que pone en riesgo parte de nuestro territorio peruano y poblaciones indígenas”, detalla Gamboa.
En línea con ello, menciona que los territorios indígenas están bajo un escenario de amenazas y riesgos a sus vidas, a causa de las economías ilícitas pues hasta la fecha han sido asesinados 12 defensores indígenas en Ucayali. Esta situación no ha cesado, por lo que las organizaciones indígenas han reiterado en diferentes oportunidades la planificación y trabajo conjunto con el Estado.
Cabe mencionar, que el Perú cuenta con experiencia sobre la mala planificación vial, como es el caso de la carretera Interoceánica Sur – IIRSA SUR, que ha ocasionado el incremento de la minería ilegal en Madre de Dios, la deforestación y degradación de la biodiversidad con daños irreversibles; y que lamentablemente el Estado ha perdido el control. A su vez, Denisse Linares, mencionó que, con la IIRSA Sur también se prometió fortalecer las economías locales, más al día de hoy no se puede hablar de una mejora en la producción e industrialización del País; por el contrario, ante la mala planificación, regiones como Madre de Dios sufren los impactos de la minería ilegal y la ausencia de institucionalidad del Estado. Tenemos que dejar de ver a la Amazonía, como parte de una cadena logística para transportar materia prima, eso ya no es sostenible y rompe con la narrativa de justicia climática y ambiental.
Este tema junto a otros se abordó en el Foro Social Frente al APEC 2024, donde diferentes personalidades se reunieron para debatir sobre los impactos de las inversiones y el comercio en los derechos humanos y el medio ambiente. La ONG DAR también tuvo una participación sobre la transición energética y planificación adecuada para maximizar los beneficios y mitigar los impactos negativos en comunidades vulnerables y territorios afectados por la extracción de recursos naturales.
Finalmente, líderes y lideresas indígenas, así como representantes de DAR exhortan al Estado incluir en la agenda la protección de derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales; y no ser visto como un obstáculo para el desarrollo de estos proyectos. Asimismo, el gobierno debería planificar en función al territorio, priorizando las necesidades de la población, y teniendo en cuenta el contexto, que vive en la zona de dichos proyectos; así como, los riesgos ambientales, que generaría la apertura de vías de conectividad en la Amazonía.