Escribe: Mariana Soto Gutiérrez
Oficina Descentralizada de Loreto
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Loreto, el departamento más grande del Perú, ocupa por quinto año consecutivo el último lugar en educación, salud y antepenúltimo en acceso a los servicios básicos de electricidad, agua y desagüe[1], cuya disponibilidad se asocia a la mejora de condiciones de vida y de las actividades productivas[2]. En relación a la electricidad, sólo 940 de un total de 2346 centros poblados[3], entre urbanos y rurales, cuentan con acceso a energía eléctrica[4].
Los proyectos de suministro eléctrico con energía renovable desarrollados por el Estado para reducir las brechas de electrificación rural, son insuficientes para cubrir las necesidades de las familias, dado que el suministro de energía solo es para alumbrado y no permite el funcionamiento de equipos, maquinaria u otros, requerido para la práctica óptima de las actividades de la población rural. Además, otras actividades económicas se desarrollan en locales públicos como centros de acopio de peces, de artesanas, de turismo, de control y vigilancia, entre otros.
La pandemia por el COVID-19 en la Amazonía Loretana ha puesto en evidencia que el acceso a la energía es crítico para el bienestar de las poblaciones rurales y su ausencia incrementa su posición de vulnerabilidad, como los niños y niñas no han podido escuchar y/o ver los programas educativos impartidos por el Estado peruano, o aquellos pobladores que se han visto limitados para comercializar productos del bosque afectando su economía y la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales y urbanas de Loreto.
La instalación de sistemas fotovoltaicos implementados por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales en las comunidades cercanas a las áreas naturales protegidas en el departamento de Loreto, suma a la ampliación de la cobertura de energía renovable fotovoltaica hacia los locales públicos de los centros poblados y al cierre de brechas de los servicios de electricidad en la zona rural. El mejoramiento del acceso a la energía renovable para las actividades económicas de la población genera bienestar social, mejora los ingresos económicos familiares, disminuye la deforestación asociada a la implementación de infraestructura energética, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto actual de aceleración del cambio climático y suma al logro del objetivo “Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
[1] Instituto Peruano de Economía. 2020. Índice de Competitividad Regional – INCORE 2020. Lima, Perú.
[2] Agenda 2030 – Objetivo Desarrollo Sostenible
[3] MIDIS Mi Región, repositorio digital de información.
[4] Censo Nacional 2017- INEI