- El Encuentro Nacional es impulsado por AIDESEP con la finalidad de generar la articulación entre sus nueve bases regionales para la protección de las personas defensoras ante la oleada de violencia en territorio amazónico.
- El primer día de Trabajo concluyó con la necesidad de implementar estrategias que complementen las iniciativas estatales con propuestas indígenas basadas en el ejercicio de la autodeterminación.
Pucallpa, 22 de marzo. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional de AIDESEP Ucayali (ORAU) inauguraron el encuentro con el respaldo y participación de sus nueve (9) bases regionales bajo tres objetivos: conocer y reflexionar sobre la situación actual de los defensores/as; conocer los avances de la intervención desde las distintas instituciones; y, presentar propuestas de defensa desde los pueblos indígenas como respuesta frente al incremento de amenazas, criminalización y asesinato de los líderes y lideresas.
Un aspecto en común en las organizaciones indígenas participantes como AIDESEP, ORAU, ARPI-SC, CODEPISAM, y FENAMAD ha estado centrada en señalar los problemas de inseguridad jurídica territorial como asuntos de fondo que colocan a los pueblos indígenas en una especial situación de vulnerabilidad ante la creciente presencia de terceros favorecidos por redes criminales. Así, Jamer López, presidente de ORAU, señaló la pérdida de más de 7 mil hectáreas de bosque en la región Ucayali, debido a las actividades relacionados con el narcotráfico, y la existencia de al menos 56 pistas de aterrizaje ilegales, conforme el informe elaborado conjuntamente con DAR y PROPURUS.
Otro aspecto en común formulado se encuentra en la propuesta de Seguridad Indígena Amazónica, para que bajo el marco del artículo 149 de la Constitución se reconozca la validez de las iniciativas indígenas de vigilancia y patrullaje territorial, que en los términos de Jorge Chauca, presidente de ARPI-SC, forma parte del “Resistir, exigir para seguir existiendo”.
Dentro de los representantes estatales se contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura, la Fiscalía Especializada en Interculturalidad y Derechos Humanos de Ucayali, así como el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Precisamente, este último ministerio representado por Ángel González coincidió en cuanto a las alarmantes cifras que afectan a las personas defensoras, señaló que: “Desde abril 2018 hasta febrero 2023, se han atendido 146 situaciones de riesgo que involucran 356 personas defensoras y familiares. Y el 88% de los casos involucra a las personas defensoras ambientales”.
En ese marco, Carlos Quispe, especialista legal de DAR, participó en el bloque de representantes de la sociedad civil, y realizó un balance sobre lo avanzado desde el Estado para la protección de personas defensoras, bajo tres enfoques prioritarios: prevención, protección y acceso a la justicia, pensando en que detrás del incremento de la violencia en contra de las personas defensoras, existen causas estructurales, tales como la inseguridad jurídica territorial, el impulso de carreteras sin sustento técnico que potencian la deforestación, y el avance de actividades ilícitas en territorios amazónicos, los cuales exigen repensar la propia noción que orienta el actuar estatal, trascendiendo de lo individual y pensando en lo colectivo, así como fortalecer y articular las propias iniciativas indígenas como el Sistema de Alerta Temprana para la vigilancia y monitoreo territorial y espacial.
Como parte del segundo día, se continuará con el diálogo conjunto entre las 9 bases regionales de AIDESEP en función a tres temas principales: autoprotección de los defensores y defensoras indígenas; intercambio de experiencias sobre erradicación de cultivos ilegales en territorios indígenas; y, finalmente, se realizará un diálogo sobre los avances y retos del Programa de Defensores de la estructura orgánica de AIDESEP.
Nota: El Encuentro Nacional de Defensores es organizado por AIDESEP, con el respaldo de sus 9 bases regionales: ORAU, CODEPISAM, ARPI-SC, ORPIAN, ORPIO, FENAMAD, CORPI-SL, COMARU, y CORPIAA. Además del apoyo de organizaciones de sociedad civil como DAR, Amazon Watch, Forest People Programme, OXFAM, Propurus, SPDA, USAID, entre otros.