Por César Gamboa, Ciro Salazar y Diego Saavedra
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Introducción
En ciertos sectores de la sociedad, se percibe una suerte de descolocamiento político después de los resultados de la primera vuelta electoral. Dos propuestas, de izquierda y derecha, con claros tintes populistas, han logrado pasar a la segunda vuelta para elegir a un nuevo presidente. Además, los resultados nos traen un Congreso fragmentado donde estas posiciones radicales ganan la mayoría de los escaños.
En tiempos de la Covid-19, donde se han evidenciado, nuevamente, desigualdades y serias limitaciones de los Estados para garantizar derechos, podría decirse que las banderas de más equidad e igualdad vienen generando una gran polarización. Se encuentran, de un lado, quienes las asumen como una expresión del modelo económico y del consumo; y del otro, quienes perciben que para alcanzarlas es necesario un cambio que ataque las brechas entre clases sociales. De esta forma, en tiempos de nuestro Bicentenario, asistimos a un escenario conocido, la disputa entre el mundo de los derechos y el mundo real de los privilegios.
En ese sentido, vale la pena interrogarnos sobre la actuación de la sociedad civil en este contexto, sea quien sea que resulte ganador, es fundamental identificar el rol pero también los relevantes elementos en materia ambiental deben mantenerse en la agenda pública; qué estrategias se pueden diseñar para fortalecer la sostenibilidad ambiental en los años que vienen; y caracterizar qué desafíos nos ponen por delante las opciones políticas y económicas a las que nos estaremos enfrentando en los próximos años.
¿Un sorpresivo resultado?
Al parecer, entre los perdedores de la primera vuelta electoral se encuentran las propuestas liberales y también la defensa por la expansión de los derechos humanos. Lo cierto es que la narrativa de los derechos humanos, especialmente la de las minorías, no es precisamente una narrativa mayoritaria o “popular”. En cambio, los resultados evidenciaron en ambas opciones que pasaron a segunda vuelta que lo “popular” es el desarrollo y el mercado, el consumo —lo económico como una aspiración—, y estos como medios para obtener derechos.
Como punto de partida, es importante señalar que el fundamento de los derechos humanos va más allá de una elección política y corre mucho riesgo si esta narrativa es sometida a un solo actor político partidario, o incluso a una negociación política que la banalice. Los derechos humanos son una posición política en sí misma, y esto exige disputar sentidos y consensuar con diferentes actores; promover esta posición no desde los antagonismos, sino desde lo que Mouffe denominaba política agonista (2014), donde el reto no es desaparecer al que piensa diferente, sino generar acuerdos sobre lo fundamental que, en este caso, son los derechos humanos. No es renunciar a su defensa, sino que toda convivencia social está basada en ella como principio social que nos une como sociedad o incluso, en el mercado.
Por ello, la sociedad civil organizada debe desplegar estrategias que permitan dialogar con todos los actores de la sociedad y el mercado; y, como hacedor de políticas o colaborador en su implementación, debe encontrarse vigilante a que los actores públicos y privados planteen sus intereses sin desmedro del ejercicio de los derechos fundamentales, el buen gobierno público y la sostenibilidad ambiental. De esta manera, cuando asomen posiciones, propuestas y narrativas que contravengan los principios fundamentales de respeto a los derechos humanos, es necesario actuar políticamente en su defensa.
Entonces, asumiendo que, si bien la labor de la sociedad civil es fundamental, la narrativa de los derechos humanos encarna significados, símbolos, mensajes, etc. y no está siempre en sintonía con las mayorías. Y es muy probable que estos discursos no hayan permitido tender puentes efectivos entre derechos y necesidades, en una sociedad tan inequitativa como es el Perú versión Covid-19, es decir, más desigual que nunca, por lo que más importante que volver popular los derechos humanos, es recoger e incorporar al actor voz de las necesidades en el discurso político.
Es claro que sin una estrategia política y un trabajo previo —sostenido— de relación con las poblaciones locales y el impulso de vínculos territoriales —incluso identificando las relaciones clientelares, común denominador en el Perú—, la posibilidad de transformar la labor de la sociedad civil en posiciones políticas, o que sus resultados sumen a posiciones políticas en contextos electorales, son cuestiones difíciles de lograr. Así, sumar desde la sociedad civil a posiciones garantistas de derechos en contexto electoral, pero sin un trabajo local y territorial sostenido termina en que no se logren los resultados esperados en las elecciones congresales o presidenciales, y menos a nivel de los discursos posicionados.
Es oportuno señalar que el trabajo territorial implica esfuerzos de diferentes niveles y temporalidades, no es algo que garantice efectos en un corto plazo. Implica la desmitificación de categorías como lo “popular”, “progresista”, “intercultural” y una profunda convicción por conocernos, re-conocernos, bajo principios de reciprocidad y respeto. Es por ello que los denominados “vientres de alquiler” electorales se engullen lo territorial como populismo o clientelaje para, en la mayoría de sus casos, no cumplir con sus planes de gobierno o sus hojas de ruta.
Un elemento que en las últimas campañas electorales ha irrumpido como aglutinador de mensajes son las redes sociales y la virtualidad. Es clave tomar distancia con el sentimiento de que la virtualidad puede reemplazar a lo territorial y a lo presencial. Asimismo, con que la sociedad civil pueda ser solo una extensión de una opción electoral.
La permanente posición política y territorialidad son cuestiones fundamentales que dan identidad y sostenibilidad a las apuestas y narrativas para garantizar derechos, más allá de un contexto electoral. En el marco de estas tensiones entre la posición política, la limitada territorialidad y la priorización de lo virtual, es que se percibe que el Twitter o Facebook han sido esperanzadas herramientas no solo para posicionar mensajes, sino para convertirlos en votos. Hay, efectivamente, un trabajo territorial que deben desarrollar los diferentes actores políticos, electorales o de sociedad civil para expandir, enraizar y construir apuestas sostenibles, porque un tweet de 10K no se traduce necesariamente en diez mil votos a la hora de la hora.
En suma, los resultados de primera vuelta no deberían ser una sorpresa teniendo en cuenta que, más allá de los múltiples esfuerzos, las narrativas progresistas no se han podido instalar como discursos de las mayorías.
Lectura de planes de gobierno desde varias posiciones
Una rápida lectura de los planes pareciera decirnos que tenemos dos propuestas claramente populistas y antagónicas. Queremos superar el reduccionismo, pero tanto en el discurso político de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, como en sus planes de gobierno, el mensaje es: mayor distribución de la riqueza para enfrentar la pandemia y la crisis económica. Uno desde una lógica populista de derecha, ampliando una economía de exportación de materias primas (sin tomar en cuenta los conflictos que esto puede traer), y el otro desde priorizar el mercado nacional, recaudando más impuestos en las actividades económicas claves. Por distintas vías, ninguno necesariamente se opone al otro, por un lado, es el mercado que asignará los bienes y derechos, por otro, es el Estado el gran distribuidor. A la hora de la hora, como hemos visto en otros países, estos modelos asignan derechos, pero también un mundo de privilegios alrededor de ellos.
En el caso de Fuerza Popular, pese a hablar de necesarias reformas estructurales, si tomamos los discursos del último mes, no parecería que la apuesta sea continuar con el modelo de ajuste, sino con uno que conserve el establishment pero que distribuya más, como anunció al proponer distribuir el 40 % del canon proveniente de las regalías por explotación de recursos naturales directamente a la población local. Que efectivamente lo haga -tal como ocurrió con su padre A. Fujimori hace 30 años con un Fujishock que negó en campaña y al asumir el gobierno fue una de sus principales medidas-, es otro cantar: en estos años hemos visto cómo promesas electorales, acuerdos y hojas de ruta se hicieron humo con el correr de los gobiernos.
En el caso de Perú Libre, se propone hacer crecer el Estado, aumentar el gasto público y realizar cambios institucionales y una reforma constitucional —de un modelo actual que evidentemente no ha permitido vencer la desigualdad y sí aumentar la corrupción—; cambios que parecen un aliciente radical para una población cansada del modelo político y económico peruano, y dispuesta a pasar de un modelo de gobierno representativo y privilegios, por uno más efectivo, igualitario, hasta deliberativo. Difícil de creer para una propuesta política que se viene construyendo y de-construyendo en estas últimas semanas.
En ambos casos, con relación a la sostenibilidad ambiental de las propuestas económicas, recae la preocupación de la ampliación o profundización del extractivismo. En tanto, venimos de décadas de conflictos socioambientales que representan el 70% de la conflictividad nacional, ese parece ser un tema que no se comprende en la narrativa política de las elecciones, pues ha sido engullido por la Covid-19, la reactivación económica y la sensación de que no hay más mañana. A lo mucho, se ha pensado en esfuerzos por la diversificación económica, lo que no necesariamente ha sido una opción, sino en muchos casos regímenes de privilegios, donde la vulnerabilidad laboral se ha hecho presente en cada uno de estos sectores. Frente a ello, los efectos del cambio climático y la protección de la biodiversidad se postergan por una de subsistencia económica.
Adentrándonos al futuro de lo ambiental
La preocupación por el futuro de la agenda ambiental es real, pero como la de derechos, aún no trasciende a lo prioritario. Los mensajes de las élites políticas van por nuevos arreglos institucionales y acuerdos políticos para el tratamiento de los recursos naturales. Es decir, de todas maneras, transformaremos el capital natural en capital social, “reduciendo” el costo de esa transacción institucional y trasladando cualquier costo a la naturaleza. Lo que si no asegura ninguna propuesta es cómo evitar la corrupción, el sistema de privilegios, la cooptación política, o un nuevo Odebrecht o un mal negocio como es la exportación del gas de Camisea, exportar electricidad a Brasil, etc.
“Trasladar el costo ambiental a la naturaleza” ya ha venido ocurriendo desde la Ley Nº 30230 y con el marco de reactivación económica para facilitar la inversión en el último año, en desmedro de la evaluación y fiscalización ambiental, como también de la participación ciudadana. En todo caso, una importante diferencia es la legitimidad de estas medidas, pues muchos ciudadanos parecen estar de acuerdo en sacrificar naturaleza por salud y vida, promoviendo una disociación entre estos bienes y derechos, generando falsos dilemas que refuerzan la postergación de lo ambiental. En todo caso, seguro se repetirá la ominosa campaña contra el Acuerdo de Escazú: “más derechos ambientales no le convienen al Perú”.
En ese sentido, una primera reflexión al leer de manera sistemática los temas ambientales en los planes de gobierno de estos dos candidatos, así como al oír las discusiones sobre el tema en distintos foros, es que no es una prioridad central el tema ambiental en el discurso electoral. Es cierto que el tema ambiental fue presentado como una oportunidad de negocios, sin tomar en cuenta los retos sociales, políticos e incluso de sostenibilidad que se nos presentan en la próxima década. Sin embargo, en el caso de Fuerza Popular y Perú Libre difieren en su acentuación. En el siguiente cuadro, presentamos los temas relevantes ofrecidos por ambos partidos políticos en sus planes de gobierno:
Las propuestas giran en torno al ordenamiento territorial, educación ambiental, contaminación ambiental y el aprovechamiento de recursos naturales. Por un lado, encontramos, como temas singulares, los delitos ambientales y el procesamiento de residuos (Perú Libre); mientras que el fortalecimiento ambiental, inversión ambiental y puesta en valor de la biodiversidad (Fuerza Popular) también son mencionados. Es una lectura cercana a la problemática social; no obstante, existen temas altisonantes y muy peculiares de las propuestas que podríamos mencionar.
La propuesta de fortalecer la gestión ambiental relacionada a arreglos institucionales. Al parecer, no hay un análisis profundo sobre cómo estos arreglos institucionales generarán resultados concretos vinculados a la reducción del declive irracional de nuestros recursos (pensemos en las necesarias vedas en el litoral peruano), los daños ambientales (derrames de petróleo en Loreto y su afectación a la salud a comunidades nativas) y la inestabilidad social y política que generan varios proyectos extractivos. Nos hemos quejado de que las instituciones no funcionan, pero no sabemos qué tanto se solucionan nuestros problemas de fondo con crear más instituciones o, incluso, con desaparecerlas. Si no evaluamos primero qué está mal, quizás más coordinaciones vinculantes podrían solucionar el problema.
Otro elemento en el debate ambiental es la necesaria diversificación económica, asociada a una estrategia de lucha contra el cambio climático y protección de la biodiversidad. En este marco, las actividades extractivas no solo deben ser abordadas desde la lógica de la distribución de la renta, sino desde su viabilidad y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, ambas propuestas electorales las priorizan como fuente de recursos para sus políticas de gobierno. Es necesaria una lectura desde el ordenamiento territorial, desde la transparencia ambiental y desde el combate contra los delitos ambientales.
Otro tema resaltante es el extractivismo y el posible tratamiento de la sociedad civil asociada a su monitoreo. La promoción del extractivismo contra el supuesto “medioambientalismo fundamentalista” o “ecologismo oenegero” es una dicotomía falsa y equivocada, levantada por actores que defienden una actividad extractiva que no cumple claros requerimientos ambientales y sociales. El tema de fondo es cómo se construye una actividad extractiva sostenible y equitativa. O cómo reconciliar las industrias extractivas con la agricultura, a través del manejo y gestión de los pasivos ambientales mineros. Esto podría conllevar a continuar con el camino trazado después del conflicto minero de Conga en Cajamarca en 2011, con el Informe Final de la Comisión Multisectorial (RS 189-2012-PCM) que presentó más de 30 medidas para solucionar los problemas sociales y ambientales de la minería y que la visión por una minería sostenible al 2030 y el Grupo Rimay, incluso la iniciativa EITI , aún persisten en trabajar en ello.
La agenda económica
Desde la primera vuelta se podía identificar que, en general, las propuestas de las 18 candidaturas, con sus matices, se agrupaban en dos bloques. Uno de ellos enfatizaba la necesidad política de mantener el modelo económico, pero con ajustes institucionales, con el objetivo, en teoría, de lograr la eficiencia estatal para traducir el crecimiento económico en beneficios para la población. Y el otro grupo resaltaba la necesidad de un cambio en el modelo económico, de tal forma que el Estado tenga un rol protagónico como medio para atender brechas, servicios y, desde su rol activo en la economía, pueda distribuir mejor las ganancias por renta extractiva. La segunda vuelta electoral nos presenta a los dos bloques en sus versiones antagónicas.
Creemos que lo ideal, en expectativa, hubiese sido una opción que combine adecuadamente las perspectivas de ambos bloques. La falta de capacidad de ejecución del presupuesto público en todos los niveles de gobierno y los escándalos recientes de corrupción en obras públicas hacen evidente el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza. Mientras que el 70% de informalidad laboral, así como el 40% de anemia infantil que teníamos prepandemia, nos alerta que un amplio sector de la población se inserta en una economía que está fuera del alcance y la mirada de las medidas impulsadas por el Estado.
Estimamos, en base al número de unidades productivas mineras inscritas en el proceso de formalización, así como a la cantidad de hectáreas de cultivo de hoja de coca según informes recientes, que al menos un 8% de la población no es pobre porque accede a los ingresos que recibe de las economías ilegales; economías que no solo degradan el ambiente y minan las instituciones, sino que vienen provocando la muerte de defensores ambientales. Esta situación es lamentable y evidencia, dramáticamente, el divorcio entre el crecimiento y el desarrollo económico de los peruanos.
Chile suele ser referido como modelo para nuestro país, pero lo que no se suele decir es que, tras más de cuatro décadas de estabilidad en políticas, una institucionalidad más avanzada y menores niveles de corrupción, este país mantenía, antes del inicio de la pandemia, un nivel de pobreza multidimensional del 20.7% de la población, al mismo tiempo que un 30% de informalidad. Esta es otra demostración de que una institucionalidad más sólida es solo una parte de la tarea.
Uno de los errores más patentes que no ha contribuido a entender lo anterior, es enfrascarse en condenar la corrupción en el interior del país, cuando, recientemente, el gobierno central gastó cerca de S/4,000 millones en una celebración (Juegos Panamericanos). Esto para justificar el centralismo, y un control que no permite caminar, no solo a un Estado descentralizado, sino que limita conocer e incorporar las necesidades locales en las políticas de desarrollo.
Es necesario realizar ajustes a nuestro modelo de crecimiento. En una reciente encuesta del IEP, se señala que más del 80% de la población quiere un cambio de modelo. Pero esta agenda debe incorporar un componente sustancial que lamentablemente no está siendo mencionado: el fortalecimiento de la sostenibilidad social y ambiental en el diseño de políticas y proyectos de inversión.
Por ejemplo, con base en cifras del MTC, vemos que en los próximos cinco años el stock de carreteras podría cuadruplicarse en la Amazonía peruana. La evaluación de este tipo de proyectos requiere altas capacidades de planeamiento y una visión consensuada de desarrollo que no observamos en el país ni en las regiones. Este tipo de conectividad es ampliamente conocido en toda la cuenca amazónica sudamericana por ser un driver de deforestación, potenciador de actividades ilícitas e incluso de enfermedades tropicales.
El reto en el Bicentenario es enorme. Se hace ya evidente que la población está manifestando, con su voto, una crítica profunda a cómo se ha venido gestionando el país, política y económica e incluso ambientalmente. En ese sentido, si bien la sociedad civil está en su derecho y deber de pedir a los actuales candidatos la mayor responsabilidad en cuanto a las propuestas electorales, así como también compromisos claros con la defensa de la democracia, es tanto o más importante la construcción de estrategias que permitan que la narrativa de derechos y sostenibilidad ambiental sea cada vez más territorial y presente alternativas para atender las necesidades locales. Está en esa territorialidad organizada la fuerza para ejercer el control y veeduría efectiva.
La coyuntura actual demanda, por parte de toda la población y organizaciones de sociedad civil, un rol activo de vigilancia de las instituciones públicas y de compromisos con la defensa de los derechos de toda la población. Las lecciones aprendidas son importantes para no volver a equivocarnos y mantener el rol vigilante para que el Estado, la sociedad y el mercado cumplan con sus roles y satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos de manera justa y sostenible.
*Foto: Globovisión