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- Comisión de Naciones Unidas analizará este martes denuncias de violación de derechos humanos en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela.
- Panel de revisión tomará en cuenta información oficial enviada por los propios Pueblos indígenas afectados.
Lunes 5 de noviembre de 2018.- En la última década, las inversiones de empresas de capitales chinos y con participación de la República Popular China (RPCH) en América Latina han crecido de forma notable. Desafortunadamente, varias de estas inversiones han derivado en casos de vulneración de los derechos de pueblos indígenas en cinco países de la Cuenca Amazónica: Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela.
Los casos de afectación a poblaciones indígenas han sido recopilados en un informe desarrollado por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización que representa a las organizaciones nacionales de los nueve países amazónicos. El informe señala que estas inversiones han vulnerado el derecho a la vida, territorio, consulta previa y ambiente sano, entre otros y se realizó con el apoyo técnico de la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación (conformada por las organizaciones DAR, AAS, CEDLA y Conectas Direitos Humanos1).
Gregorio Mirabal, coordinador general de COICA, enfatizó “Las empresas chinas no quieren dialogar con nadie, ni con las organizaciones, ni con los defensores, ni con las organizaciones ambientalistas (…) Nosotros tenemos que unirnos para defender la vida, porque es nuestra vida, si destruyen la naturaleza, la cuenca amazónica, están destruyendo nuestra casa”.
PERÚ: el caso Lote 58
Ubicado en la selva de Cusco, el Lote 58 es un proyecto de gran potencial para la extracción y procesamiento gasífero. Si bien dicha concesión es operada por PETROBRÁS ARGENTINA S. A., el 100% de su capital pertenece a CNPC PERU S. A., de origen chino, filial local de la China National Petroleum Corporation (CNPC).
En este caso, la compañía ha iniciado el procesamiento de líneas sísmicas y la perforación de cuatro pozos exploratorios sin contar con un proceso de consulta previa a las comunidades indígenas que viven en la zona: Tangoshiari, Kirigueti, Kochiri, Camisea, Puerto Huallana, Mayapo, Ticumpinia, Camaná, Timpia, Chirumbia, Cashiriari, Segakiato, Shivankoreni y Poyentimari; además de superponerse al área natural protegida Reserva Comunal Machiguenga.
COLOMBIA: Bloque Petrolero El Nogal
Siendo el Bloque petrolero más grande de la amazonía colombiana, con un área de 239 415 Ha., el proyecto está a cargo de Emerald Energy, filial de Sinochem, empresa bajo la supervisión del Consejo de Estado de China y tiene graves vacíos ambientales, como el desconocimiento de humedales y aguas subterráneas y superficiales, así como desconocer la existencia de 2 comunidades y 3 resguardos indígenas ante la Dirección de Consulta previa, entre otros.
ECUADOR: Proyecto Cóndor Mirador
En este caso se trata del accionar de las empresas estatales chinas Tongling Non-Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation y su subsidiaria ECSA, que están llevando a cabo la explotación minera a gran escala para la extracción de cobre en la Cordillera del Cóndor, el cual es declarada como “área de bosque y vegetación protectores”, además de superponerse al territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar.
La ejecución de este proyecto minero ha derivado en desalojos forzosos, donde de acuerdo al informe de COICA “la empresa ECSA, con la participación del Estado y de fuerzas públicas ecuatorianas (Policía Nacional y Militares) destruyeron de forma ilegítima la iglesia y la escuela de la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Morona Santiago”. A la fecha se han dado otros casos de desalojos forzosos.
El hecho más grave en esta área se dio con el asesinato de tres líderes indígenas que se oponían al avance de las obras de minería: José Tendetza, hallado muerto el 3 de diciembre de 2014; también fueron asesinados Bosco Wisum (2009) y Fredy Taish (2013).
De igual forma, los casos de Brasil y Venezuela configuran casos de violación a los derechos humanos por acciones de afectaciones a la vida de las comunidades indígenas en distintas formas. En el caso colombiano se dieron las denuncias en El Bloque petrolero El Nogal (BPN); en el caso brasileño se trata del proyecto Represas Teles Pires y São Manoel en el río Teles Pires; y en el caso de Venezuela se trata del Caso del Arco Minero del Orinoco (Proyecto AMO).
¿Por qué Naciones Unidas evaluará el accionar de China en América Latina?
La RPCH, como Estado Miembro de las Naciones Unidas (ONU) está obligada a respetar los principios consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
En cada periodo de sesiones, el mecanismo intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos realiza un Examen Periódico Universal (EPU), en el que 14 Estados Miembros de las Naciones Unidas son evaluados en el cumplimiento de las obligaciones sobre derechos humanos. Este año, la RPCH se encuentra entre los países evaluados, siendo la sesión central el 6 de noviembre próximo.
Debido a compromisos firmados por el Estado chino, este debe hacerse responsable por las violaciones de derechos ocasionados dentro como fuera de su territorio. Al respecto, Diego Saavedra, de la Asociación Civil peruana DAR, organización miembro de la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, señaló: “China debe hacerse cargo de las afectaciones que provocan sus inversiones en América Latina. Al ser miembro de Naciones Unidas está obligado por Tratados Internacionales a cumplir el Principio de Extraterritorialidad y respetar los derechos humanos en el plano global, lo que no está ocurriendo actualmente, como se evidencia en los casos señalados en perjuicio de poblaciones que ven afectados sus derechos”.
Por ello, COICA, en representación de las poblaciones indígenas que han denunciado la vulneración de sus derechos humanos, plantea a los países que evaluarán a la RPCH –Hungría, Arabia Saudita y Kenia– una serie de temas a inquirir entre los que destacan saber qué medidas ha tomado este país para la protección efectiva de los DDHH de los pueblos indígenas en la Cuenca Amazónica donde operan empresas o bancos bajo la dirección del gobierno chino; qué mecanismos han puesto en marcha ante la constatación de una violación de los DDHH de pueblos indígenas por parte de agentes bajo su dirección; así como qué medidas se han adoptado para promover sistemas de transparencia, anticorrupción y de derecho al acceso a la información en los proyectos ejecutados por empresas de capital chino.
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Nota del Editor
1 La Coalición Regional por la Transparencia y la Participación está conformada por las organizaciones Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú), Asociación Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia) , Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA (Bolivia) y Conectas Direitos Humanos (Brasil)1
CASOS EN AMÉRICA LATINA
- Venezuela: Caso del Arco Minero del Orinoco (Proyecto AMO). Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas – ORPIA.
- Colombia: El Bloque petrolero El Nogal (BPN). Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC.
- Ecuador: Proyecto Cóndor Mirador. Confederación de Nacionalidades indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFENIAE.
- Perú: Lote de Hidrocarburos 58. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP.
- Brasil: Represas Teles Pires y São Manoel en el río Teles Pires. Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia brasileña – COIAB.