Por Hugo Che Piu Deza
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
El 11 de octubre de 1492, a finales del siglo XV, todos los que habitaban en este continente eran no contactados. Al día siguiente se dio el primer contacto inicial, no por voluntad de los habitantes de estos territorios, sino por iniciativa de un grupo de extranjeros que buscaban hacerse ricos abriendo una nueva ruta comercial. Estos arribaron sin permiso ni invitación a unas islas y se quedaron para la extracción de minerales preciosos de todo el continente, justificando su presencia con el propósito de la evangelización. El lugar fue el continente que hoy todos llamamos América y las consecuencias inmediatas fueron la explotación y la disminución de las poblaciones originarias como resultado de esos abusos y también de los patógenos para los cuales las poblaciones originarias no tenían anticuerpos.
Cuatrocientos años después, a finales del siglo XIX, varios pueblos no contactados o en contacto inicial vieron llegar a sus bosques a un grupo de forasteros que buscaban hacerse ricos con la extracción del caucho. Justificaban sus acciones diciendo que les llevaban la civilización a estos pueblos y el patriotismo hasta los confines de las fronteras. El lugar fue la Amazonía peruana, ocasionando así que miles de indígenas amazónicos pierdan la vida, debido a las enfermedades y malos tratos. La táctica de defensa de algunos de estos pueblos amazónicos fue alejarse, desplazándose hacia territorios más aislados, escapando del sometimiento, la explotación y la muerte.
Más de cien años después, en pleno siglo XXI, la misma ambición de siempre, de hacerse ricos extrayendo recursos naturales (petróleo, madera, etc.) vuelve a dirigir su sombra sobre los territorios donde habitan estos pueblos amazónicos en aislamiento. La justificación —porque siempre hay una justificación —, es el desarrollo del país, el bienestar de la región e incluso llevarles servicios básicos a estos pueblos. Sin embargo, no se considera que estos pueblos siguen sin contar con defensas y anticuerpos contra los virus y enfermedades que llevamos con nosotros. Quienes hablan de “desarrollo”, incluso dicen ahora que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario no existen, y están a punto de lograr que así sea pues buscan seguir invadiendo sus territorios sin permiso ni invitación para llevarse los recursos naturales que siempre han buscado y dejarles la muerte de la que ellos siempre han huido. Si no lo evitamos, las consecuencias serán también las de siempre: sometimiento, explotación y muerte.
Esta década puede ser la última vez en que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario se vuelvan a encontrar con el extractivismo porque ahora les quedan tan pocos lugares a donde huir o refugiarse. Pero también puede ser el final de esta inhumana persecución de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento. El 18 de mayo del 2023 se cumplieron 17 años desde la publicación de la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. La persecución del extractivismo contra los pueblos indígenas en aislamiento llega incluso al Congreso, donde se pretende debilitar dicha ley acusándola de limitar “innecesariamente el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en dichos territorios y peor aún, impidiendo la ejecución de proyectos de inversión pública o privada…”. Creo que ya existe suficiente decencia y conciencia histórica en el país para decir “basta”. Si el país tiene más de 128 millones de hectáreas y la Amazonía peruana tiene más de 70 millones de hectáreas, ¿por qué necesitamos extraer recursos naturales justamente en poco más de 4 millones de hectáreas[1] en donde habitan y se desplazan los pueblos indígenas en aislamiento voluntario?
El pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro podemos escribirlo de una manera diferente. De una manera en que la búsqueda de la riqueza de algunos no termine para otros en sometimiento, explotación y muerte. Podemos empezar evitando que se debilite el marco legal que protege a los
[1] La suma de las superficies de las reservas indígenas y territoriales suman 4’116,338 hectáreas.