• Con el fin de promover la inversión, las empresas de infraestructura o extractivas gozan de permisivas leyes que las protegen por encima de los derechos de las comunidades y trabajadores, siendo las más afectadas las mujeres.
• Ante este escenario, la población más vulnerable son las mujeres que no solo ven atropellados sus derechos humanos por las empresas, también enfrentan los problemas de una sociedad que refuerza al hombre como el eje del sector laboral.
En los últimos 30 años, los distintos gobiernos han dado una serie de facilidades legislativas y económicas para fomentar la inversión en el país, no obstante, el esfuerzo estatal por proteger los derechos de las personas que dependen de las industrias extractivas ha sido insuficiente. Esto se evidencia con el aumento de la conflictividad social relacionada con este sector, siendo las más afectadas las mujeres que son discriminadas no solo por el empleador, sino también por la sociedad que prioriza la masculinidad en la relación laboral.
Además, tanto las empresas como el Estado presentan como sujetos interlocutores a los hombres para los procesos de relacionamiento, ofertas laborales, tomas de decisiones, consulta, reparaciones más que a las mujeres. En ese sentido, existe el riesgo que el ingreso de las empresas o nuevas actividades a las comunidades indígenas pueden alterar los roles de género.
“Las actividades extractivas (petróleo e infraestructura) en Loreto han afectado el territorio de las mujeres indígenas. El impacto se hace visible con la pérdida de la biodiversidad acuática, contaminación de suelos, plantas, aire y agua, escasez de alimentos, entre otros. Incluso se transforma en violencia contra la mujer y su familia”, comentó Claudia Zúñiga, especialista de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El panorama es similar en Urubamba (Cusco), según advierten las mujeres indígenas de la zona, las actividades petroleras han producido la escasez de peces. A lo que se suma la contaminación por mercurio que afecta la salud de los pobladores, principalmente de los niños.
En la costa peruana, en Ica, si bien no se ha dado una afectación al ecosistema, pero sí existen precarias condiciones laborales para la población local empleada en la agroindustria. Estas malas prácticas han afectado la salud de la población.
““Los horarios de trabajo en las mujeres de la agroexportación sobrepasan las diez horas. Las infecciones urinarias son muy recurrentes porque trabajan durante todo el día y ni siquiera pueden ir a un centro de salud. No están aseguradas y el horario de las postas es durante sus turnos de trabajo. Sobre su tratamiento muchas veces no pueden tomar las pastillas cada ocho horas porque siguen en el trabajo de campo”, precisó Rosario Huayanca Zapata de la Comisión de Derechos Humanos de Ica.
En esta parte del país, las empresas agroexportadoras siguen instalando pozos a pesar que hay una ley que lo prohíbe. Afectando al cultivo de la pequeña agricultura, por que desciende el volumen de la recarga acuífera para el riego de sus cultivos, añadió Zapata.
“En la región andina, a consecuencia de más de 30 años de actividad minera en la zona de Espinar (Cusco) se han afectado las fuentes de agua. Los caudales y quebradas en la zona de Tintaya y Antapaccay se han reducido considerablemente, al igual que los niveles de agua subterránea. Como consecuencia de la ampliación del Proyecto Coroccohuayco, se verán afectadas otras fuentes de agua de las que depende la comunidad”, explicó Allison Peralta, representante de CooperAcción.
Frente a los impactos mencionados anteriormente las mujeres resisten y enfrentan a través de algunas actividades que realizan en sus territorios como la gestión de pozos, evaluación de calidad de agua y diseño de piscigranjas en las comunidades, reforestación de árboles frutales y maderables, entre otras. Además, realizan la siembra de chacras familiares, forman comités de vigilancia, toman acuerdos comunales y realizan denuncias públicas mediante radio u otros medios que tienen a su alcance.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que las mujeres indígenas son sujetos de derecho y no simplemente víctimas o blanco de violaciones de derechos humanos.
Ante este complejo escenario, el próximo sábado 28 de noviembre se realizará el Taller de formación con enfoque de género sobre derechos humanos y actividades extractivas y de infraestructura, organizado por DAR, CooperAcción, CODEH Ica, Diakonia y Derecho sin Fronteras.
El objetivo del evento es generar un espacio de encuentro en formación de capacidades y promoción del fortalecimiento del liderazgo sobre Derechos Humanos con enfoque de género para impulsar la Plataforma nacional de mujeres sobre empresas y derechos humanos.