- Representantes de 28 organizaciones indígenas y de la sociedad civil de siete países latinoamericanos se reunieron en Lima del 25 al 27 de noviembre para el Segundo Encuentro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI). El evento se enfocó en la creación de un plan estratégico que prioriza la protección de quienes defienden los derechos humanos y los territorios ancestrales frente a amenazas crecientes como economías ilícitas y proyectos extractivos.
El encuentro congregó a 35 participantes de países como Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Panamá, Costa Rica y México, quienes destacaron la urgencia de fortalecer mecanismos de autoprotección y de incidencia regional e internacional. En este marco, se identificaron eventos clave como el Foro de Personas Defensoras del Acuerdo de Escazú y la COP30, que se celebrará en Belén (Brasil) en 2025, como plataformas esenciales para exigir compromisos efectivos de los Estados en la defensa de los derechos indígenas.
Una red frente a amenazas comunes
La ALADTI fue conformada en octubre de 2023, como respuesta a problemáticas comunes que atraviesan las personas defensoras de toda la región, tales como el avance de economías ilícitas y la presencia de proyectos extractivos en territorios ancestrales, lo cual se traduce en amenazas a la vida, la seguridad y la integridad de quienes realizan acciones de defensa y promoción de derechos humanos. Además de ello, los pueblos indígenas se enfrentan a la vulneración sistemática de sus derechos colectivos, lo cual se refleja en la criminalización y persecución debido a las actividades de defensa territorial que ejercen, así como en las constantes barreras para acceder a la justicia, generando así situaciones de impunidad y desprotección.
Compromisos y pasos a seguir
Durante el encuentro, las organizaciones definieron un plan de trabajo que prioriza:
Acciones conjuntas en el Foro de Personas Defensoras impulsado por la Secretaría de la CEPAL en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú, así como en la COP30 de Cambio Climático, que se celebrará en Belén (Brasil) el próximo 2025.
Fortalecimiento de las medidas de autoprotección y autodefensa en territorios indígenas.
Incidencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para visibilizar la criminalización y la impunidad, con énfasis en casos emblemáticos de personas defensoras del territorio indígena.
Promoción de la seguridad jurídica de los territorios indígenas frente a políticas y legislación que vulneran derechos colectivos.
El contexto regional refuerza la necesidad de estas acciones: los pueblos indígenas enfrentan una creciente persecución debido a sus actividades de defensa territorial, mientras el avance de proyectos extractivos y de economías ilícitas amenaza sus vidas y su integridad física y cultural.
Mirada al futuro
Los participantes reafirmaron su compromiso de articular estrategias de corto y mediano plazo, construyendo alianzas que garanticen mayor protección y visibilidad para las comunidades indígenas en América Latina, través del fortalecimiento de medidas de autoprotección y autodefensa, así como de la promoción de la seguridad jurídica de los territorios, en un contexto en el que proliferan normas y políticas que debilitan el ejercicio de los derechos colectivos, y vulneran los territorios ancestrales.
Para lograrlo, organizaciones indígenas y de la sociedad civil lograron establecer las bases de la gobernanza interna de la red, así como un Plan de Trabajo que identificó la necesidad de construir capacidades y de realizar acciones de incidencia conjunta en espacios internacionales venideros.