Foto: Rolando Mondragón / DAR
Narcotráfico, tala y minería ilegal, e invasión de tierras amenazan la vida e integridad de la población indígena amazónica.
Ante la creciente ola de asesinatos de líderes indígenas, el incremento de actividades ilegales en territorios colindantes a sus comunidades y los delitos conexos que estas generan; pero sobre todo, ante el limitado accionar del Estado en diversos sectores, el movimiento indígena amazónico viene impulsando el reconocimiento de los gobiernos territoriales autónomos.
La propuesta que es impulsada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus 109 federaciones de base, busca que los pueblos originarios amazónicos de nuestro país, a través de sus organizaciones representativas, gestionen de manera integral los territorios que ancestralmente han ocupado, más allá de los límites de las comunidades nativas tituladas y reconocidas por el marco jurídico peruano.
De acuerdo a lo manifestado por sus representantes, esta propuesta representa una alternativa sólida y justificada, tanto, para enfrentar actividades ilícitas como el narcotráfico, tala ilegal, invasión de tierras, minería ilegal, entre otros; como para atender las necesidades en otros sectores como la administración de justicia, salud, educación, entre otros.
“Es importante fortalecer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, que es reconocido en diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país; ya que una gestión territorial liderada por las propias organizaciones indígenas, beneficiará a la sociedad en general, tanto en temas como la seguridad ciudadana como en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible” sostiene Diego Saavedra, líder de proyecto de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Más datos
El pasado 6 y 7 de octubre más de 60 líderes indígenas representando a diversos pueblos originarios de la Amazonía peruana se reunieron en el marco del Segundo Encuentro de las Autonomías Indígenas, donde intercambiaron experiencias y debatieron acerca de las propuestas y acciones que llevarán a cabo para lograr su reconocimiento.
En 1978, al emitirse la Ley de Comunidades Nativas, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se instauró una nueva forma de organización para la población indígena: las comunidades nativas. Si bien, esta ley tuvo la intención de brindarles reconocimiento jurídico sobre la tierra que habitaban, al mismo tiempo representó una gran limitación para su forma de vida, pues ancestralmente los pueblos originarios han hecho uso del bosque bajo la noción de territorio, muchas veces delimitado por características propias del paisaje natural y el uso ancestral, como zonas de caza, pesca y recolección, entre otros usos.