La audiencia del martes representa un momento decisivo para el futuro ambiental del Perú, que ha perdido más de 2,7 millones de hectáreas de bosque en las últimas dos décadas. La ciudadanía exige una decisión que priorice la conservación de la Amazonía.
Este martes, 5 de noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) realizará una audiencia judicial clave para el futuro ambiental del país, en la que evaluará la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao contra la Ley 31973. Esta norma, ampliamente criticada por especialistas y organizaciones ambientales, ha sido señalada como un mecanismo que facilita la deforestación y vulnera derechos de comunidades indígenas y locales.
En un contexto en el que Perú ha perdido 2,774,563 hectáreas de bosque en las últimas dos décadas —una extensión equivalente al territorio de Haití—, la audiencia ha generado expectativa entre activistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos preocupados por el acelerado avance de la deforestación.
De acuerdo con la información oficial, gran parte de esta pérdida ha sido atribuida a la agricultura a pequeña escala, pero investigaciones de organizaciones como la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) han puesto en evidencia el papel cada vez mayor de industrias como la palma aceitera y el cacao, que se expanden en la Amazonía peruana en detrimento de su rica biodiversidad.
El Colegio de Sociólogos, junto con otros colectivos de la sociedad civil, advierte que la Ley 31973 abre puertas para actividades que impactan negativamente el entorno natural y, en especial, los bosques amazónicos. La norma, que pretende regular y promover ciertas actividades en áreas rurales, es una invitación a prácticas de expansión agrícola y explotación de tierras sin el debido control ni estudios de impacto ambiental.
Estas preocupaciones han sido recogidas por órganos internacionales, como el relator de Pueblos Indígenas de la ONU, quien advirtió a Perú que dicha norma incentiva el despojo y tala en tierras indígenas, además de fomentar la impunidad de actividades ilegales en los bosques y aumentar la violencia contra defensores de derechos indígenas.
La propia organización indígena nacional AIDESEP ha señalado que la ley es una medida «lesiva» que contradice los compromisos ambientales de Perú y refleja la falta de respeto hacia los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por lo que esta organización participa en la acción legal en calidad de “tercero interesado”. Resalta también que la modificatoria no tuvo un proceso de consulta previa, a pesar de las graves vulneraciones a los territorios indígenas que pueden resultar de su implementación.
Preocupación social por la deforestación
Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizado en septiembre de este año, revela que el 29% de los encuestados considera que la pérdida de bosques es el problema ambiental más grave del país (el porcentaje creció en 10% desde mayo de 2023). Este dato confirma que la deforestación es una preocupación social creciente y no solo un tema de activismo ambiental, y añade peso a las críticas contra la Ley 31973, ya que la preservación de los bosques es un tema urgente y de interés general para la ciudadanía.
Los bosques amazónicos juegan un papel vital en la regulación climática, la captura de carbono, y son el hogar de innumerables especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Además, estos ecosistemas son el sustento de comunidades que dependen de ellos para mantener sus modos de vida tradicionales.
En juego el futuro de la Amazonía
En ese contexto, la audiencia de este martes representa una oportunidad para que el TC se pronuncie sobre la coherencia de la Ley 31973 con la Constitución y con los compromisos internacionales de Perú en materia de derechos humanos y protección ambiental.
La norma atenta contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general, que depende de la sostenibilidad de los recursos naturales.
Una decisión favorable a la demanda de inconstitucionalidad podría sentar un precedente importante y establecer criterios más estrictos para la promulgación de leyes que afecten recursos naturales, en un escenario en que el país ha adquirido compromisos internacionales en la COP16 y otros foros globales para reducir sus emisiones y proteger sus áreas naturales.
Cabe añadir que, en la misma fecha, el TC también evaluará la constitucionalidad de la Ley 31388, promulgada por el Congreso, que amplía el plazo de formalización minera en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Se trata de una norma que promueve la minería ilegal y que fue cuestionada con una demanda de inconstitucionalidad por el Colegio de Abogados de Loreto.
Con todo, el futuro ambiental del país quedará en manos de los magistrados del TC, mientras cada vez más peruanos y peruanas consideran urgente proteger la Amazonía.