Autora: Jackeline Borjas, programa Amazonía de DAR
Somos un país donde aún impera y se acrecienta la violencia y los asesinatos contra defensores y defensoras de la Amazonía. Desde el año 2017 hasta el 2020 se han reportado 1,268 asesinatos a nivel global[i], donde solo en el 2020, de acuerdo a lo denunciado por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), cada dos días, en promedio, muere un defensor indígena en la Amazonía[ii]. Esto incluye a Perú, siendo la región de Ucayali una de las más afectadas, debido a las continuas amenazas a defensores y defensoras, y ante la falta de acciones concretas e inmediatas de las autoridades para la erradicación de actividades ilícitas. Además de ello, el Congreso peruano, continúa sin ratificar el Acuerdo de Escazú.
El Perú pasó de ser uno de los países que lideró las negociaciones previas para la firma de este tratado, a estar en la lista de los países de la cuenca amazónica que no han priorizado su ratificación[iii]. Mientras el Gobierno y el Congreso de la República se centran en cuestiones políticas de vacancia, los defensores y defensoras indígenas siguen siendo amenazados y asesinados. Asimismo, a nivel regional, el proceso de preparación de la próxima Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú ya está en marcha, liderado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su rol de secretaría técnica del tratado. El Mecanismo Público Regional, un mecanismo para la participación, viene haciendo los esfuerzos por incluir las recomendaciones de las organizaciones de sociedad civil. La participación en la COP debe incluir representación del público indígena, en la estructura de la COP como en iniciativas para fortalecer la participación de los defensores y defensoras.
Por ello, además de la existencia de este mecanismo, cuya creación fue gracias al logro de la incidencia de la sociedad civil organizada, es importante y urgente que los Estados partes del Acuerdo establezcan un mecanismo propio y específico para la participación efectiva y plena de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, el mismo que responda a las dinámicas propias, cosmovisión, autonomía y gobernanza de los pueblos indígenas. Ello, para sostener la apertura del proceso, pues esta inclusión de su participación tiene sustento en los estándares internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, cuyas obligaciones internacionales deben garantizarse en la implementación del Acuerdo de Escazú.
En consecuencia, resulta imprescindible, de conformidad con el espíritu del propio Acuerdo, que los Estados puedan garantizar este mecanismo intercultural y oportuno para la participación representativa de los pueblos indígenas, con respeto de su estructura orgánica y en coordinación con sus respectivas autoridades. Finalmente, que nuestro Congreso priorice su discusión en la agenda para la pronta ratificación del Acuerdo y que los sectores tomen acciones concretas ante los factores de riesgo a la vida de los y las defensoras indígenas en el país. Urgen acciones ya.
[i] Front Line Defenders (2020). Informe de Análisis Global 2020. Citado en: COICA (2021). Declaración de Glasgow sobre metas para la protección de defensores y defensoras desde la COICA en la COP 26. En: https://coicamazonia.org/declaracion-de-glasgow-sobre-metas-para-la-proteccion-de-defensores-y-defensoras-desde-la-coica-en-la-cop26/
[ii] COICA (2020). Declaratoria de emergencia de derechos humanos para defensoras y defensores indígenas de la Amazonía. En: https://coicamazonia.org/declaratoria-de-emergencia-de-derechos-humanos-para-defensoras-y-defensores-indigenas-de-la-amazonia/
[iii] Solo han ratificado 3 de los 9 países de la cuenca amazónica: Ecuador, Bolivia y Guyana.