Foto: Segundo Chuquipiondo
Por: Jorge Pérez Rubio
Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO
La explotación petrolera viene afectando económica, social y ambientalmente a más de 400 pueblos indígenas amazónicos en el último siglo: ríos, cochas, quebradas, humedales y tierras de labranza han sido contaminados por el vertimiento de aguas de producción y derrame de crudo. En consecuencia, miles de personas conviven con la zozobra y pobreza causadas por la contaminación de las fuentes naturales de alimentación y la precaria situación de salud.
Las mayores afectaciones están relacionadas a las malas prácticas de las concesiones forestales que se superponen al territorio ancestral y de usufructo de los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, vulnerando, de esta manera, el derecho al territorio colectivo, antes libre de amenazas y con recursos que tradicionalmente han sustentado la vida, historia, cultura y el buen vivir, reconocido en la Constitución Política del Perú, en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y otras normas de alcance nacional e internacional.
Por otro lado, los impactos sociales y ambientales causados por la construcción de carreteras en la Amazonía son excesivamente altos y los impactos positivos en la economía son bastante relativos. Por ejemplo, la Carretera Interoceánica Sur ha generado un incremento en la deforestación, incendios forestales e invasión de Áreas Naturales Protegidas, entre otros ilícitos. La mejor contingencia que planteamos es evitar la construcción de carreteras y otras infraestructuras viales que trae como consecuencia, directa o indirecta, la transformación del territorio amazónico y la vulneración a los derechos humanos. Así podríamos salvar de lo que queda del bosque y los saberes milenarios.
Ante esta realidad, cabe preguntarnos ¿Cuál es el rol de las empresas? Y la respuesta no es el de ser un mero espectador trasladándole toda la responsabilidad al Estado sino que, como bien lo establecen los principios rectores de empresas y derechos humanos (proteger, respetar y remediar), las empresas deben implementar la “debida diligencia” en sus actividades para evitar que las mismas vulneren los derechos humanos. Asimismo, cuando se identifiquen impactos en nuestros derechos, deben tener políticas claras sobre las que desarrollen acciones concretas para la remediación de dichos impactos, en coordinación con el Estado peruano y nuestros pueblos.
En este marco, el Estado peruano viene elaborando el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA). Este instrumento permitirá articular las acciones del Estado (proteger), de las empresas (respetar) y del Estado y las empresas (remediar) los impactos negativos en los derechos humanos y cumplir con los compromisos nacionales e internacionales. La Plataforma Indígena Amazónica está constituida por Aidesep y cinco de sus federaciones regionales con la finalidad de hacer seguimiento a la elaboración del PNA y garantizar los derechos de 43 pueblos indígenas de la Amazonía en el proceso.
Actualmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la entidad encargada de su elaboración, podrá incluir las demandas planteadas por las organizaciones indígenas y garantizar su participación en el proceso de elaboración de la línea de base, diagnóstico y estructuración del plan. Para ello, es necesario la apertura y fortalecimiento de la mesa de trabajo indígena dentro del Grupo Multiactor que permita la revisión, discusión y monitoreo de la información consensuada, con mayor acompañamiento del Ministerio de Cultura. La expectativa de los pueblos indígenas en relación al PNA es alta: evitar nuevos impactos; remediar los sitios contaminados por la actividad petrolera; compensar los daños y acabar con el atropello de los pueblos indígenas que se ha institucionalizado en nuestro país.