Foto: María Fe Mendoza / DAR
Cristina López Wong
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
La celebración del día de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe (17 de octubre) nos recuerda su importancia como mecanismo de conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica, servicios ecosistémicos y otros valores asociados. Las áreas naturales protegidas (ANP) conservan el 15% de los entornos terrestres y de agua dulce y el 7% de los mares a nivel mundial.
Las metas mundiales para la conservación de la diversidad biológica al 2020 (Metas Aichi) no se han cumplido, cerca del 25% de las especies de animales y plantas están amenazadas y un millón de especies están en peligro de extinción (IPBES). En diciembre de 2022, se han asumido nuevos compromisos en el Marco Mundial de Biodiversidad Kumning-Montreal al 2030, cuyo cumplimiento requerirá medidas urgentes de los países, que garanticen la conservación al menos de un 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales y de las zonas marinas y costeras, mediante sistemas de áreas protegidas y otras medidas de conservación basadas en áreas ecológicamente representativas, bien conectadas y gestionadas equitativamente, incluidos los territorios indígenas y tradicionales (meta 3).
En el Perú, las 246 ANP[1] existentes, conservan una superficie terrestre y marina de aproximadamente 29 millones de hectáreas. Éstas se enfrentan a fuertes presiones extractivas (deforestación, caza, minería ilegal, infraestructura vial, tala ilegal, contaminación, entre otros), con riesgos adicionales asociados a la crisis climática (OCDE), que ponen en riesgo la provisión de recursos de alimentación, agua, salud y otros medios de vida de la población.
Se suma a ello, las iniciativas de modificación del marco legal e institucional ambiental peruano promovidas por PERUPETRO, MINEM, Congreso y actores del sector privado para promover hidrocarburos en ANP, las cuales impactarían negativamente al mantenimiento de los beneficios brindados por las ANP. DAR y otras organizaciones de la sociedad civil, alertaron sobre los riesgos del proceso de promoción de 31 nuevos lotes de hidrocarburos en zonas con alta vulnerabilidad ambiental y social, al superponerse con territorios indígenas, como la Reserva Indígena Madre de Dios (que protege Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial – PIACI) y ANP, como la Reserva Comunal Amarakaeri, cogestionada con los pueblos indígenas Harakbut, Yine y Matsiguenka.
Además, de aprobarse tal iniciativa de modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, se debilitaría fuertemente la protección de las ANP, al permitir el aprovechamiento comercial de recursos renovables y no renovables en ANP de uso indirecto, las de más alta protección en el país y caracterizadas por su fragilidad ambiental, como los Parques Nacionales (como el PN Manu), Santuarios Nacionales (como el SN Megantoni) y Santuarios Históricos (como SH Machupicchu).
Es importante también resaltar que el financiamiento público para la gestión de las ANP, en los diferentes niveles de gobierno, continúa siendo insuficiente y refleja una poca prioridad en la agenda pública. Por ejemplo, el proyecto de Ley para el presupuesto público del año 2024, asigna solo 1.8% del presupuesto general nacional a la función ambiental. A pesar de que las recomendaciones de la OCDE y de la Contraloría de la República en relación a la conservación de la diversidad biológica y las ANP, incluyen el incremento de los recursos dedicados a la conservación de los ecosistemas y sus funciones asociadas. De esta manera, se podrá asegurar también la contribución de las ANP a las metas de adaptación al cambio climático, a través de la restauración de ecosistemas y las prácticas ancestrales articuladas a las medidas de conservación, la vigilancia y el control frente a las amenazas, así como el monitoreo permanente.
Por ello, el Gobierno debe cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales y no promover y avalar propuestas de normas que debilitarían la protección de las ANP, fuentes de vida para las generaciones presentes y futuras del Perú y del mundo.
[1] 76 ANP de administración nacional, 32 ANP de administración regional (ACR) y 138 ANP privadas (ACP) a septiembre de 2023.