Juezas y Jueces Latinoamericanos plantean alternativas para fortalecer la Justicia Ambiental en la región

18 de octubre de 2019. El 16 de octubre  se celebró el “I Encuentro de juezas y jueces latinoamericanos por la Justicia Ambiental”, organizado por la Comisión Nacional de Gestión Ambiental (CNGA) del Poder Judicial y la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con el apoyo de la Clínica jurídica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Actuar).

Este encuentro se celebró en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia en Lima – Perú y su inauguración estuvo a cargo del Dr. Francisco Távara Córdova, presidente de la CNGA y Juez Decano de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien reiteró el compromiso de trabajo de la CNGA en el fortalecimiento de la justicia ambiental y anunció que, en su oportunidad, se planteará la creación de un Tribunal de justicia en la Corte Suprema en materia ambiental.

El objetivo del evento fue presentar alternativas  para el fortalecimiento de la Justicia Ambiental desde las experiencias particulares de países en Latinoamérica como Perú, Bolivia, Costa Rica y El Salvador. Con respecto a la jurisdicción ambiental de El Salvador, Norma Elizabeth Lemus de Milla, Jueza Ambiental de Santa Ana de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, destacó la importancia de la justicia ambiental para poder lograr la restauración de las problemáticas ambientales y la necesidad de judicializar una conducta que haya provocado un daño ambiental, cuyo fin sea restaurar, reparar o volver las cosas a su estado original.

Asimismo, señaló que en materia ambiental la tutela de derechos difusos o colectivos resulta un engranaje para que las juezas y jueces puedan tener una actividad proactiva en campo, a fin de verificar e inspeccionar las problemáticas y determinar el otorgamiento de una medida cautelar que garantice los derechos ambientales. Por eso resaltó la importancia de que se realicen capacitaciones a los juzgadores ambientales para que puedan decretar de mejor manera la responsabilidad civil y penal. Por ejemplo, en El Salvador se están realizando capacitaciones en el conocimiento de las maderas, ya que muchos de los delitos tienen que ver con este recurso y es importante la especialización para poder detectar cuando se lleva una madera que está restringida, en peligro de extinción o amenazada.

Por otro lado, la Dra. Elva Terceros Cuellar, Magistrada del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia, señaló que el medio ambiente es un derecho humano fundamental, por lo que en su evaluación judicial sobre su afectación se debe aplicar también los acuerdos internacionales, incluyendo la jurisprudencia internacional referida al medio ambiente. Además, refirió que este derecho implica un deber de proteger un medio ambiente que sea adecuado para el desarrollo de los seres vivos, que no solo es un deber de los seres humanos sino también es un deber de las instituciones.

Con respecto a las alternativas para el fortalecimiento de la Justicia ambiental, la Dra. Damaris Vargas Vásquez, Jueza del Tribunal Agrario del Poder Judicial de Costa Rica, destacó la importancia de los derechos a la participación y a la consulta previa, libre e informada como mecanismos para dar cumplimiento al acceso a la justicia.  Asimismo, señaló que el instrumento “100 reglas de Brasilia” incluye por primera vez a las personas desplazadas por motivos ambientales como “personas en alta vulnerabilidad”. Y el Acuerdo de Escazú va más allá, pues establece el derecho a la información, a la participación y acceso a la justicia ambiental con aspectos muy específicos.

En el caso de Perú, el Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, Embajador de Buena Voluntad de la Organización de los Estados Americanos para la Justicia Ambiental, indicó que se ha avanzado en materia legislativa y el reto está en seguir avanzando en materia de organización institucional. Así, se ha creado dos juzgados especializados en Madre de Dios y en Ucayali (Pucallpa). Recordó que la selección de Madre de Dios como sede para el juzgado ambiental fue un tema simbólico al ser un distrito judicial con mayor índice de incidencias de casos con minería y tala ilegal.

Finalmente, el Presidente de DAR, Hugo Che Piu, clausuró el evento y señaló que para DAR es un honor acompañar a la CNGA en este gran reto de encontrar alternativas para el fortalecimiento de Justicia Ambiental desde una perspectiva jurisdiccional. Se destacó el compromiso en apoyar a todos los operadores de la Justicia Ambiental y se espera seguir construyendo en conjunto.

 

Nota:

Después del evento, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las juezas invitadas y la Viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, a fin de identificar acciones conjuntas para el fortalecimiento de la Justicia Ambiental en la región latinoamericana.

Asimismo, el evento contó con una sección denominada “Coloquio: Cómo funciona y cómo debería funcionar la Justicia Ambiental”.

Para mayor detalle de las ponencias y el coloquio de este primer encuentro de juezas y jueces por la justicia ambiental, se puede revisarlo aquí.

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