En respaldo a los defensores del medio ambiente y contra la corrupción en megaproyectos extractivos, organizaciones sociales, relatores de la CIDH, PNUMA y MINAM reafirman la importancia de implementar el Principio 10 de la Declaración de Río.
“Quiero hacer un llamado al Congreso para que pueda ratificar el Acuerdo Regional del Principio 10 y conocer la importancia de su implementación. Creo que ello mejoraría mucho la gobernabilidad del país”, afirmó Vanessa Cueto La Rosa, presidenta de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El pedido lo hizo durante el foro ‘Promoviendo mayores estándares sobre acceso a la información y transparencia en el sector extractivo’, que reunió a miembros de organizaciones sociales de distintos países de América Latina y el Caribe así como a Relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de Naciones Unidas y al Ministerio del Ambiente.
El motivo fue discutir la falta de transparencia y acceso a la información en asuntos ambientales así como la corrupción en megaproyectos extractivos –que afectan al Perú y otros países de América Latina y El Caribe- y resaltar la vulnerabilidad que sufren los defensores de la tierra y el medio ambiente pues, según cifras reveladas por Global Witness, solo en 2016, al menos 200 de ellos fueron asesinados en 24 Estados.
Para Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en materia de acceso ambiental y participación “parecería que se tiene todos los elementos (en los marcos jurídicos de las naciones) pero hay notorias fallas y desviaciones al momento de implementarlos”.
“Esto ocurre a veces por falta de capacitación, falta de voluntad política o, lo que es más grave, por falta de buena fe”, apuntó, durante su participación en el foro.
Soledad García, Relatora para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, recordó que el continente americano es considerado “el más desigual del planeta” y el acceso a la información “no solo es un derecho sino que posee una función instrumental en el procedimiento para respaldar otros derechos humanos”.
Como resultado del espacio de diálogo, se generó una alianza entre ambas Relatorías y organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe organizada en el Observatorio Regional de Inversiones, Transparencia y Derechos Humanos, que cumpliría la función de un comité asesor que facilite a la CIDH información sobre los casos de vulneración de derecho a la transparencia y acceso a la información, especialmente de defensores ambientales.
Asimismo, se hizo entrega a los Relatores del “Informe regional de transparencia y acceso a la información en industrias extractivas en América Latina y el Caribe”, que presenta ocho casos en ocho países de América Latina y el Caribe (República Dominicana, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Perú, Brasil y Argentina) sobre vulneraciones al derecho a la transparencia y acceso a la información; y se presentó la Guía de buenas prácticas sobre la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas en sectores de Educación, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Asociación DAR recomendó a los Estados que cumplan de manera efectiva las leyes de acceso a la información, participación y consulta a las comunidades locales en las que se realizan operaciones extractivas y de infraestructura; que no criminalicen la protesta de los defensores de derechos humanos; que se generen mecanismos para que la población tenga acceso a la información ambiental de manera intercultural; y se constituyan espacios de diálogo que permitan a víctimas, comunidades, sociedad civil y a entidades estatales superar falencias normativas de políticas y prácticas de acceso a la información y transparencia.
El Foro Público “Promoviendo mayores estándares sobre acceso a la información y transparencia en el sector extractivo” fue organizado por DAR, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH (REDESCA) y la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión (RELE).