Quito, 23 de noviembre. El foro internacional impulsado por la secretaría de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en el marco del proceso de implementación del Acuerdo de Escazú, reunió a diversos representantes de Estados, organismos internacionales, cooperación, sociedad civil, e indígenas y afrodescendientes de países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) con la finalidad de reflexionar sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Un aspecto en común entre las distintas intervenciones estuvo referida a la amenaza latente sobre la vida, integridad y medios de vida de las personas defensoras, quienes “sufren una intensa presión asociada a economías extractivas”, como indicó Neidinha Cardoso de Kaninde, representante de Defesa Etnoambiental de Rondonia (Brasil), así como “economías ilícitas asociadas a grupos armados que impactan especialmente a las mujeres defensoras, quienes sufren el desplazamiento forzado de sus territorios”, conforme compartió Elvira Jossa, lideresa indígena de la Asociación de pensamientos ancestrales ‘Oh Corey’, del Putumayo (Colombia). Otros testimonios como los de Victor Zambrano del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata (Perú), y Raquel Zapien Directora de Son Playas (México) confirman que las presiones señaladas son parte de un patrón de despojo territorial existente en los países de la región, asociado a economías ilícitas, pero también a proyectos extractivos o de infraestructura impulsados a costa de los pueblos originarios, cuyos defensores y defensoras son criminalizados como lo confirmó el testimonio de Bernardo Caal, líder del pueblo q’qeqchí (Guatemala).
Del lado de los organismos internacionales de derechos humanos, como la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, quien hizo énfasis en la importancia que tiene el Acuerdo de Escazú bajo el contexto señalado en la sección de testimonios. Aspecto reiterado por el comisionado Joel Hernández, quien relevó la relación que existe entre las amenazas sobre los pueblos indígenas y las luchas por sus tierras. Añadió que “la CIDH ha señalado que varios derechos requieren la existencia de un ambiente sano. Las defensoras y defensores han luchado ante los efectos adversos de la contaminación, la extracción desmedida de los recursos naturales. Su importancia cobra mayor vigencia en el contexto de países con mayor conflicto, donde la defensa del ambiente se ha convertido en una actividad sumamente peligrosa.”
Coincidiendo con lo antedicho, Francisca Stuardo de Global Witness, refirió que a la fecha su organización ha documentado 1733 casos de personas defensoras asesinadas; asimismo sostuvo: “Hemos encontrado que los asesinatos es la punta del iceberg, y detrás está un sistema de violencia latente e impunidad. Por otra parte, también vemos que las políticas deben comprender los temas que subyacen, tales como la desigualdad que afecta a las mujeres o el racismo que afecta a los pueblos indígenas. No podemos separar esas estructuras del contexto de violencia que existe.”
Por parte del equipo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en la sección de intervenciones del público, Carlos Quispe, hizo énfasis en pensar en medidas inmediatas para contener los frentes de deforestación que no son exclusividad de un solo país, y que están asociados a economías ilícitas como el narcotráfico, y redes criminales de tráfico de madera. Así: “Las medidas serán efectivas en tanto logren prevenir amenazas, proteger la integridad personal, pero también respondan a los problemas de fondo que son territoriales. Por eso, son los pueblos indígenas y afrodescendientes los principales llamados a participar en espacios como el de este Foro, pero también desde su aporte de sus experiencias de vigilancia, monitoreo, y defensa local.
Para mayor detalle sobre las propuestas desde las organizaciones de la sociedad civil, puede revisar el informe sobre las propuestas del Público (disponible aquí) referentes a temas de importancia que deben ser atendidos, tales como los impactos diferenciados en mujeres defensoras,que, como lo indica el documento, “va desde la agresión verbal hasta el acoso y violación sexual, tanto por agentes del Estado como por colegas, vecinos, parejas y familias”. Asimismo, el informe sugiere que el Plan de Acción incluya un mecanismo de rendición de cuentas, bajo el cual se disponga de “presupuesto específico con el que cuenta el mecanismo implementado por cada Estado parte para cada año haciendo énfasis en el considerado por cada eje de acción del Acuerdo: prevención, protección y acceso a la justicia”.
Adicionalmente, el equipo de DAR ha planteado propuestas adicionales (disponibles aquí) para que se fortalezca los mecanismos de articulación y participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como parte de los deberes sustantivos (artículos 4.6 y 7.15) y deberes procedimentales (artículos 5.4, 7.12, 7.13, 7.14) previstos en el Acuerdo de Escazú que se traducen en obligaciones concretas tales como:
Brindar asistencia técnica a los pueblos indígenas en la presentación de sus peticiones, así como brindarles respuesta a las mismas; Promover la participación del público (grupos interesados) en los foros y negociaciones internacionales en materia ambiental (siguiendo las reglas de procedimiento que sean establecidas en cada uno de dichos espacios); Identificar y apoyar a personas o grupos vulnerables para involucrarlos activa, oportuna y efectivamente en los mecanismos de participación; y, Promover espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales o el uso de los ya existentes, valorando los conocimientos locales y sus visiones y saberes.
Estas propuestas fueron discutidas en las Plenarias del Foro, y también han sido parte de las reflexiones colectivas de la Red Regional de Escazú, específicamente en la Mesa titulada “¿Hacia dónde vamos en la implementación del Acuerdo de Escazú para la protección de defensoras y defensores ambientales?”, que contó con la participación de Natalia Gómez, ex representante del público; Mijael Kauffman, representante del público; Sara Lopez, representante indígena de México y Aída Gamboa, coordinadora de Amazonía. Mayor detalle sobre lo abordado en este espacio ha quedado registrado en la siguiente grabación (disponible aquí).
Finalmente, cabe recordar que el objetivo de este espacio de dos días es poder cimentar las bases para contar con un Plan de Acción que oriente el trabajo de implementación del artículo 9 sobre personas defensoras ambientales, previsto en el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, es necesario hacer énfasis en la necesidad de fortalecer los canales de participación y respaldo de las intervenciones de representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes. De lo contrario, se restaría oportunidades para el impulso de acciones sinérgicas que realmente atiendan las problemáticas en común identificadas.