Por Diego Saavedra Celestino
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
En un contexto como el actual, con un Gobierno de Transición y con una ciudadanía movilizada y vigilante, dando cada vez más forma a un debate constituyente que cambie las reglas de juego y el pacto social, es clave analizar las decisiones del Estado y sus implicancias a la luz de las prioridades planteadas en el discurso de toma de mando.
En el discurso, se señaló la necesidad de un manejo responsable del presupuesto público -que debe ser aprobado por el Congreso este mes- que atienda a las prioridades de salud y promueva la reactivación económica; y para ello, se mencionó, es fundamental la gobernanza y el desarrollo de ciencia y tecnología en el país.
En los últimos meses, dentro de las prioridades en la reactivación económica reflejadas en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad estuvieron proyectos de infraestructura, en gran medida viales, lo que efectivamente generaría mano de obra local y dinamismo económico, por lo menos para el corto plazo. Sin embargo, entre esos proyectos está la Hidrovía Amazónica, proyecto que en su momento recibió más de 400 observaciones técnicas de parte de instituciones del Estado y sociedad civil.
A inicios de este año, el SENACE aceptó la solicitud de la empresa titular de no continuar con el proceso de certificación ambiental de su Estudio de Impacto Ambiental; estudio que identificaba sólo trece zonas de dragado de los ríos, sin embargo el Estudio Definitivo de Ingeniería, parte también del proyecto, señala que ahora serían veinticuatro. Y recientemente, ante el evidente incumplimiento de plazos acordados en el contrato de concesión, en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se muestra una propuesta de Adenda. Esta no solo amplía los plazos, sino que reconoce que las zonas de dragado podrían incluso ser más de veinticuatro.
Es fundamental mejorar el transporte fluvial en la amazonía, y más ahora cuando la atención de la pandemia debe permitir llegar a las comunidades indígenas y poblaciones más alejadas. Pero hacer el transporte fluvial más seguro y moderno no debe darse a costa de afectar las condiciones naturales y ambientales, o los derechos de la población. Tanto los ríos como los bosques son fundamentales para la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones locales.
Gracias a la consulta previa de 2015 (que se realizó antes de contar con el Estudio de Impacto Ambiental), se incluyó un acuerdo que preveía la realización de una consulta previa al EIA si se identificaban nuevos impactos no consultados. Al cumplirse esa condición, la organización indígena AIDESEP y sus bases interpusieron una demanda judicial para que se realice la consulta previa al EIA.
Este proceso tendrá una nueva audiencia hoy martes 24, en la cual el Estado pide que se desestime la demanda. Cabe resaltar que Defensoría del Pueblo ha recomendado la realización de consultas previas a los EIA, desde el caso minero, dado que es el instrumento que contiene la información clara de los impactos de un proyecto.
Queda claro que la vigilancia ciudadana será reforzada por el contexto, y esto es algo que las autoridades deben tener muy en cuenta. Y es necesario que esta vigilancia traslade las propuestas ciudadanas a un programa que oriente el debate sobre un posible momento constituyente.