[Mira la entrevista de Gran Angular a Diego Saavedra, especialista de DAR]
De los 177 conflictos que registra la Defensoría del Pueblo, el 73% son conflictos socioambientales, es decir directamente vinculados a pueblos indígenas andinos y amazónicos del país.
En el país, 130 de 177 conflictos están vinculados a cuestiones socioambientales, debido principalmente a las disputas por la gestión de los recursos naturales, a la gestión territorial, o la contaminación ambiental por las actividades extractivas.
Uno de los recientes casos tiene que ver con la demanda de consulta previa en el Lote 192 en Loreto. Para Diego Saavedra, antropólogo de la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR): “desde el gobierno hay una posición negacionista sobre la existencia de conflictos sociales en el país, y eso es peligroso porque invisibiliza y reduce las posibilidades de desarrollar políticas de prevención, de diálogo y de participación con carácter permanente”.
Actualmente, estamos ante un nuevo punto de quiebre en un conflicto emblemático como es el Lote 192, una de las reservas más importantes de petróleo del país. Las comunidades además de exigir el cumplimiento del Estado de un acta de acuerdos firmado el año 2015, una deuda histórica en cuanto a garantizar servicios básicos (salud y acceso al agua potable), saneamiento de sus territorios (titulación), demandan además el cumplimiento del derecho a la consulta previa.
“No existe mucha voluntad de parte del gobierno a someter a consulta el Lote 192, porque hay una lógica clara de priorizar la inversión y de reducir costos para que el lote reactive su producción. Decir que no se requiere consulta porque desde hace 40 años se viene explotando ese mismo punto, o porque este sería la continuación de un proyecto anterior, es una clara vulneración a la norma”, dice Saavedra.
Vigilancia indígena para prevenir los conflictos
Para DAR, así como diversas organizaciones indígenas, es importante que desde el gobierno se impulse el reconocimiento de la vigilancia indígena para prevenir los conflictos y los desastres ambientales. Entre los años 2013 y 2014 los sistemas de vigilancia indígena de las comunidades que son parte de las cuatro cuencas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) donde se encuentra el Lote 192, detectaron cerca de 2 000 pasivos ambientales, de los cuales el OEFA y el Estado terminaron reconociendo más de un centenar de estos desastres ambientales.
En el año 2016, la Amazonía peruana enfrentó 13 derrames petroleros a causa de problemas con el Oleoducto Norperuano. Más de 12 mil barriles de crudo se vertieron a suelo y cuerpos de agua en las regiones de Amazonas y Loreto.
Estos sistemas de vigilancia indígena, por su cercanía y conocimiento del territorio, ayudan a tener información más oportuna y eficaz para prevenir situación de afectación ambiental, o reducirla. “El Estado debe reconocer los sistemas de la vigilancia indígena como una estrategia clave para la prevención de los conflictos, la protección de la Amazonía, de los bosques y los territorios”, señala el antropólogo.
“El Estado tiene que reconocer las labores que estamos realizando como promotores legales, he ahí el trabajo importante de la comunidad, que palpamos directamente las afectaciones que vienen desde las actividades extractivas petroleras y también madereras”, enfatiza Edinson Cupertino, vigilante indígena de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) de Ucayali.