Imagen: Johana Mendoza
- La Ordenanza Regional N° 002-2022-GRU-CR declara de interés regional la protección de las personas defensoras de derechos humanos en la región Ucayali. Asimismo, oficializa la creación de la Mesa Regional para la protección de personas defensoras.
- La creación de la Mesa Regional es el resultado de las acciones de incidencia lideradas por la ORAU, y sus aliados, ante el incremento de asesinatos, amenazas y presiones territoriales hacia los pueblos indígenas en la región de Ucayali.
Pucallpa, 15 de septiembre de 2022. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), conjuntamente con representantes de otros sectores incluidos en la gobernanza del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, y el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), hacia finales de noviembre de 2021, anunciaron la conformación de una Mesa Regional que permita ejecutar acciones concretas y articuladas desde lo nacional hacia lo subnacional, con la participación de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas.
Dicho espacio fue anunciado en un contexto de violencia y amenazas por el incremento de presiones sobre las tierras y los bosques, que según el estudio de ORAU, DAR y PROPURUS alcanza a al menos 113 comunidades nativas de Ucayali, con una tendencia de desplazamiento de carreteras hacia la frontera con Brasil, y la apertura de nuevos frentes de colonización posiblemente vinculados al narcotráfico.
En mayo de 2022, se realizó una nueva reunión de la referida Mesa Regional en la que representantes del MINJUSDH dieron a conocer los ejes que orientarán su funcionamiento, estos son: i) Prevención, que incluye el análisis de contextos de riesgos y posibles medidas de mitigación; ii) Protección, que implica las coordinaciones locales para la atención de situaciones de riesgo identificadas; y, iii) Promoción del acceso a la justicia, que se enfocará en investigaciones y procesos por ataques o amenazas contra defensores y defensoras indígenas.
El 14 de septiembre, se formalizó su conformación, a través de la Ordenanza Regional N° 002-2022-GRU-CR, publicada en el Diario Oficial El Peruano. En ese marco, al ser consultado sobre el tema, Angel Gonzalez, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del MINJUSDH, indicó que se trata de: “Un hecho importante para la promoción y protección de los derechos humanos, [pues], esta norma institucionaliza un espacio de coordinación a nivel regional para la coordinación, articulación y toma de decisiones para hacer efectiva la promoción y protección de las labores de defensa de las personas defensoras de derechos humanos, en especial, de los líderes ambientalistas y representantes de las organizaciones indígenas”. Añadió que “la iniciativa de las mesas regionales también se está replicando en los departamentos de Madre de Dios y San Martín, siendo parte de una estrategia territorial que permite realizar el seguimiento de casos, alertar sobre situaciones de riesgo y coordinar con las autoridades de las regiones, organizaciones indígenas y de sociedad civil. Ello, con el fin de desarrollar acciones inmediatas orientadas a mitigar y/o neutralizar los riesgos que especialmente afrontan los y las defensoras ambientales”.
Por su parte, Jamer López, vicepresidente de ORAU y encargado del programa Defensores Indígenas de la misma organización manifestó que: “Se trata de un espacio importante; sin embargo, no debemos quitar de nuestra atención que el problema concreto es la inseguridad jurídica territorial, que afecta a un alto porcentaje de comunidades nativas afectadas por el avance de actividades ilícitas como el narcotráfico como viene ocurriendo en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco; la provincia de Contamana en Loreto; y las provincias de Padre Abad, Coronel Portillo, Atalaya, y Purús, en Ucayali. Y que incluso estaría llegando a zonas de Reservas Indígenas en las que habitan pueblos indígenas en situación de aislamiento y situación de contacto inicial.”
Para Cussi Alegria, coordinador del Programa Derechos y Justicia Ambiental de DAR, “la oficialización de la Mesa es indicativa de una voluntad de trabajo entre lo nacional liderado por el MINJUSDH y lo subnacional enfocado en la región de Ucayali, con la finalidad de que las medidas a aprobar para la protección de personas defensoras no queden en estudios de escritorio, sino que tengan aplicabilidad en la práctica y busquen llegar a los problemas de fondo. Por eso los siguientes pasos están enfocados en asegurar el funcionamiento de la Mesa, con la participación de los sectores vinculados por el Mecanismo Intersectorial, gobierno subnacional, y los pueblos indígenas”.
Desde DAR, saludamos que finalmente se haya oficializado el espacio regional, al cual hemos contribuido en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con el MINJUSDH, vigente hasta enero de 2024. Y que se ha materializado en las personas de enlace que han apoyado el MINJUSDH en Ucayali. Inicialmente la abogada indígena Susy Diaz Gonzales, y actualmente el abogado Juan Carlos Chávez.
Finalmente, consideramos que los retos actuales representados por el impulso de una reactivación económica basada en actividades extractivas, la ampliación de la frontera agrícola e incremento de economías ilícitas potenciadas por el impulso de proyectos de infraestructura, son aspectos que deben abordarse de manera estratégica y decidida por parte de las instituciones estatales, pues de lo contrario, el tema será irreversible con graves consecuencias sobre los pueblos indígenas amazónicos.