Escribe: Aída Gamboa Balbín.
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski enfrenta muchos retos. En materia de energía e industrias extractivas debe abordar el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la promoción de la transparencia, el acceso adecuado y oportuno de la información, y la eficaz participación ciudadana en pro de una buena gobernanza de nuestros recursos naturales.
Para ese fin, lo primero es fortalecer a las instituciones ambientales, como del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para garantizar que cumplan con resguardar el medio ambiente y los derechos fundamentales de las poblaciones, ante potenciales impactos por el desarrollo de actividades contaminantes, como las extractivas y de infraestructura.
Mejorar el proceso de evaluación ambiental implica que exista una participación ciudadana efectiva. Es decir, que la población se involucre en la toma de decisiones, siendo importante para ello que se difundan adecuadamente los expedientes de los estudios de impacto ambiental (EIA) con información de la clasificación del proyecto, de la evaluación de los planes de participación ciudadana, las modificaciones en los instrumentos de gestión ambiental y de los procesos de evaluación de los informes técnicos sustentatorios (ITS). Además, se debe institucionalizar nuevos estándares para este proceso como la evaluación de riesgos ambientales y a la salud humana, incorporar enfoques de género, interculturalidad, y de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, es importante que se fortalezcan a instituciones con opinión técnica previa vinculante como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), cuidando de no debilitar las normas, instrumentos de gestión y estándares de las áreas naturales protegidas (ANP).
Es clave no debilitar al OEFA y continuar con el aporte por regulación a su favor, regulado por la Ley N° 27332, actualmente en controversia legal por el gremio de energía y minas. Igualmente, se debe derogar el artículo 12°c de la Ley N° 30230, el cual impide que las multas administrativas financien la potestad sancionadora del OEFA; y modificarse el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA (Resolución de Consejo Directivo N° 016-2015-OEFA/CD), ya que permite –a través del art 19 de la Ley N° 30230– otorgar facilidades a las empresas, a pesar de haber cometido faltas ambientales, para que las multas sean el último recurso que garanticen el cumplimiento de la legislación ambiental.
Lo segundo es impulsar la transparencia y mayor acceso a la información. La creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y el Acceso a la Información fue una promesa electoral a ejecutarse en los 100 primeros días de su gobierno. A esto debe sumarse la necesidad de que se continúe con los compromisos internacionales del Estado, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI en inglés), la Alianza de Gobierno Abierto (OGP en inglés) y apoyar la firma con altos estándares del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe (Principio 10), documento que estará listo en diciembre de este año.
Tanto el EITI, OGP y el Principio 10 son oportunidades para fomentar más transparencia en el sector extractivo y al interior del Estado. Si el nuevo gobierno quiere generar confianza en la población y prevenir los conflictos sociales, debería fortalecer estos compromisos y fomentar el acceso a mayor información socio-ambiental.
Lo tercero es la aplicación efectiva de la consulta previa a los pueblos indígenas y reconocer e institucionalizar su sistema de vigilancia. De esta manera, se garantizan los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo cuando sus territorios son impactados por los proyectos de inversión. Por ello, es importante que puedan influir en la toma de decisiones y en los aspectos socio-ambientales para aportar en la gestión sostenible de los recursos naturales. Es vital también que se promueva la consulta previa antes de la aprobación de los EIA.
El cuarto elemento es el aprovechamiento de las energías renovables no convencionales y el cumplimiento de nuestros compromisos sobre cambio climático. Esto último es una oportunidad para que la sociedad civil peruana y los pueblos indígenas demanden información y transparencia sobre la implementación de las INDC y de los compromisos asumidos ante Naciones Unidas con la firma del Acuerdo de París. Información que debe otorgarse de manera oportuna, con la difusión de los avances del Estado y el involucramientos de los gobiernos regionales y otros actores como la academia, movimientos sociales, organizaciones indígenas y sociedad civil.
Finalmente, es necesario que se respete el ejercicio de la transparencia y participación ciudadana en los procesos de construcción de propuestas normativas, al igual que los mecanismos obligatorios de consulta ciudadana, en especial si afectan a poblaciones indígenas. El nuevo gobierno debe tener en cuenta estos elementos pues buscan generar gobernanza en el país, así como mayor confianza entre la población y las instituciones públicas. Las salvaguardas socio-ambientales no deben ser vistas como “trabas” a las inversiones sino como oportunidades para el desarrollo de inversiones sostenibles.
Artículo publicado en la Revista Peruana de Electricidad, Petróleo y Gas “Energía y Negocios”, edición 110, año XVII, agosto 2016 y entregado durante el 14° Congreso Internacional Energía 2016, organizado por Perú Eventos.
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