FOTO: Maria Fe Mendoza / DAR
- DAR resalta la necesaria articulación entre desarrollo y derechos, así como la elaboración de una hoja de ruta para atender las amenazas a la Amazonía sobre la base de las agendas presentadas por las organizaciones indígenas.
- Los pueblos indígenas son quienes mejor han protegido los bosques y más han aportado a la lucha contra la deforestación y la crisis climática. El Estado debe basar sus acciones en el diálogo intercultural y el reconocimiento de sus saberes ancestrales, aplicando el enfoque intercultural de manera transversal.
Durante el foro “Amazonía Intercultural”, realizado el pasado 23 de setiembre, en el marco de la ExpoAmazónica Tingo María 2023, líderes y lideresas indígenas presentaron las principales demandas de sus organizaciones frente a problemas como la contaminación por derrames petroleros, y la expansión de actividades ilegales como el narcotráfico, tala y minería ilegal. Estas problemáticas, constituyen un peligro constante para sus territorios ancestrales y su vida, así como a la degradación de los bosques amazónicos y pérdida de biodiversidad.
En ese espacio, participaron la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas (CONAP) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración (ANECAP). Posteriormente, se contó con los comentarios de la actual ministra del ambiente, Albina Ruiz, el viceministro de interculturalidad, José Carlos Rivadeneyra, el gobernador regional de Huánuco; y el presidente de la Mancomunidad Regional Amazónica (MRA), Antonio Pulgar; así como representantes de organizaciones de sociedad civil como César Gamboa, director ejecutivo, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Fabiola Muñoz de GCF Task Force.
En ese sentido, como parte de las reivindicaciones contenidas en su Agenda Grande, AIDESEP exigió garantizar la seguridad jurídica de sus territorios como base para el ejercicio de sus derechos colectivos, protección para los PIACI y personas defensoras, medidas para una mejor participación política y fortalecimiento de las economías indígenas. Por su parte, la CONAP señaló que se debe implementar la Carta de Intención de MRA donde se contempla el saneamiento físico legal de los territorios indígenas, protección a comunidades y líderes, así como fortalecer las economías indígenas y enfrentar la crisis climática. Asimismo, la ANECAP expuso sobre la experiencia del modelo de cogestión entre comunidades y Estado para las reservas comunales, permitiendo el uso sostenible y participativo de los recursos naturales como socios conjuntos.
Ante ello, Albina Ruiz, la ministra del ambiente se comprometió a trabajar articuladamente con los pueblos indígenas y las autoridades subnacionales para impulsar la titulación de tierras, frenar las actividades ilícitas y cuidar la Amazonía para evitar el punto de no retorno. Mientras que el Viceministerio de Interculturalidad anunció la propuesta de ordenanza que ha venido trabajando con los gobiernos regionales para incorporar el enfoque de interculturalidad en la gestión pública y la creación de una comisión que trabajará sobre la seguridad jurídica de los territorios.
De los comentarios brindados por las autoridades estatales y la sociedad civil, se desprenden conclusiones como las expresadas por César Gamboa, Director Ejecutivo de DAR, señaló la importancia de abordar el debate del desarrollo y los derechos, debiendo generar una hoja de ruta consensuada para atender los múltiples retos de la Amazonia con base en las agendas indígenas expuestas. Es fundamental desarrollar las economías indígenas y sus vías alternativas de desarrollo para cerrar las brechas existentes, reconociendo sus saberes locales y respetando los estándares ambientales y sociales que ayuden que toda inversión tenga un enfoque de sostenibilidad. Así como también el Estado debe garantizar protección para las personas defensoras de la Amazonía, y en general el patrimonio natural del Perú, mucho más efectivos que el mecanismo existente, recogiendo las opiniones y experiencias de las organizaciones indígenas, protección a la que contribuiría enormemente la incorporación del Perú al Acuerdo de Escazú.
Por otro lado, como parte de las intervenciones finales, los participantes señalaron la urgencia de implementar las agendas propuestas por los pueblos indígenas con la finalidad de saldar la deuda histórica del Estado con ellos y enfrentar juntos las amenazas que aquejan al país sobre la base del diálogo intercultural, reconociendo que los pueblos indígenas son también quienes mejor han protegido los bosques contra la deforestación y al crisis climática. De igual forma resaltó la importancia de la Carta de Intención para la conectividad de las economías indígenas y facilitarles enviar sus productos a los mercados nacional e internacional.
Por último, se reconoció la situación de discriminación estructural que sufren las mujeres indígenas y su particular situación de vulnerabilidad a pesar del soporte que brindan a sus hogares, familias y comunidades, no solo con el trabajo de cuidados sino al enfrentarse a las graves amenazas que sufren sus comunidades exponiéndose a numerosos peligros para sus integridad y su vida, que a su vez se suman a la discrminación constante que sufren en todos los ámbitos. Con el fin de lograr la igualdad se debe implementar un enfoque de género en las políticas, impulsando los liderazgos de mujeres indígenas y brindando apoyo para sus emprendimientos económicos.