Por: Carlos Quispe Dávila
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
“Pakitsa” es una palabra en asháninka que traducida al castellano significa “águila”. En la cosmovisión de este pueblo, el águila ha estado asociada con periodos de violencia y muerte. Así lo recogen distintas investigaciones (Veber, 2009; Espinosa, 2012; Durand, 2021) y el propio testimonio de varones y mujeres en la cuenca del río Ene en Junín, quienes narran que en el pasado un águila rondaba en la parte alta del río, capturando y asesinando a los asháninkas para comerse su carne, junto con una mujer de la que se había enamorado. Algunos testimonios señalan que esto acabó cuando lograron engañar al águila y la mataron, con lo que sus plumas se convirtieron en canoas al tocar el agua y de ahí nacieron otros pueblos río abajo como los shipibo-konibo, hacia el ámbito de Ucayali.
Otros testimonios, más bien, señalan que el águila aún sigue en la cueva que yace a la altura del pongo de Pakitzapango (ver Foto N° 1). Inclusive, hay quienes cuentan haber soñado con la misma antes de la llegada de los kityonkari (Sendero Luminoso), como anticipo de un periodo largo de violencia. Con el pasar de los años, como parte de las secuelas del conflicto armado interno, y la experiencia de relacionamiento desigual e inequitativo con actores externos, entre los cuales se encuentra el Estado nacional, se ha identificado en las amenazas del presente un vínculo con las vividas en el pasado, como parte de un “pasado que no pasa” o un “presente muy lleno de pasado” (CARE y DAR, 2024).
Foto N° 1. Pongo de Pakitzapango
Foto: Pamela Cifuentes/DAR.
La cuenca del río Ene hace parte del Valle de los ríos Ene, Mantaro y Apurímac (VRAEM) que, según las cifras oficiales de DEVIDA (2024), representa el 41.2% del total nacional de cultivos de uso ilícito de hoja de coca. Las comunidades ubicadas en la parte alta constantemente tienen conflictos territoriales con invasores, taladores ilegales y actores relacionados con la deforestación y el tráfico ilícito de drogas. Esto ocurre pese a que estas mismas comunidades fueron un actor clave en el proceso de pacificación, al mismo tiempo que fueron las más golpeadas debido a la desaparición de comunidades enteras y la muerte o desplazamiento forzado de sus integrantes, según ha recogido el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003).
Por eso, iniciativas como la presentada por el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, en febrero de 2025, no solo son contrarias a los derechos de las comunidades, sino que dejan de lado por completo lo que representa el desplazamiento forzado para las mismas, por lo ya vivido en el pasado, y que se sienten muy latentes en el presente.
Aquí nos referimos al Proyecto de Ley N° 10349/2024-CR, que “declara de interés nacional y de necesidad pública la ejecución y construcción de la central hidroeléctrica Pakitzapango, ubicada en la provincia de Satipo y el departamento de Junín”.
Pakitzapango, sin embargo, no es nuevo, ya que cuenta con antecedentes en estudios realizados en la década de 1970 por Electro Perú que involucraron narrativas acerca de “la conquista del Perú por los peruanos” (Dourojeanni, 2017). Muchas décadas después, volvió a la palestra pública, en el 2010, en el marco de un Acuerdo Energético entre Perú y Brasil, que pasó por revisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, en aplicación del artículo 56 de la Constitución, el cual establece que los tratados que versan sobre soberanía y obligaciones financieras del Estado “deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República”.
Esta Comisión aprobó, en mayoría, un dictamen de rechazo en mayo del 2014. Entre sus argumentos refirió que el Acuerdo favorecía desproporcionadamente a Brasil al garantizar el acceso prioritario a la energía generada en territorio peruano por un periodo mínimo de 30 años, con posibilidad de extenderse hasta 50. Comprometiendo recursos naturales de dominio público, sin priorizar las necesidades nacionales.
Mapa N° 1. Área de la Concesión de la Hidroeléctrica Pakitzapango
Fuente: DAR, SER, CARE (2011).
Paralelamente, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) lideró distintas acciones en defensa de los derechos de las comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene, que se verían gravemente afectadas con la construcción de la referida represa a lo largo de aproximadamente 73 400 hectáreas (CARE, 2011). Tal y como sigue haciéndolo en el presente, en marco de su Estrategia CARE 2030, bajo la cual, la defensa del territorio es un pilar fundamental.
Por si fuera poco, el proyecto de ley bajo mención no es específico en su exposición de motivos. Plantea “grandes beneficios económicos” e identifica una población local de “10,000 personas afectadas de las comunidades asháninkas”, lo cual claramente contrasta con pronunciamientos públicos que vienen difundiendo las organizaciones indígenas luego de consultar a sus bases en 45 comunidades y anexos de la cuenca del río Ene.
Finalmente, el proyecto de ley bajo comentario señala que la construcción de la represa beneficiaría a la población local de zonas rurales que no cuentan con fluido eléctrico, contribuyendo indirectamente con la garantía de otros derechos como el acceso a educación, salud y telecomunicaciones. Aunque es un fin plausible, no es del todo exacto.
La seguridad energética en el Perú se fundamenta en la capacidad del país para satisfacer la demanda nacional de energía de forma confiable, regular, continua y eficiente, lo que implica asegurar un suministro energético constante para las necesidades de la población y las actividades económicas. Sin embargo, como hemos recogido en Opinión Técnica elaborada por organizaciones integrantes de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI): el problema es de una inadecuada distribución y comercialización.
Actualmente, el Perú cuenta con una producción estable y superavitaria de electricidad. Se estima que el margen de reserva se mantendrá por encima del 30% en los próximos tres años. Inclusive, la generación de energía eléctrica está diversificada, en el 2024 la producción hidráulica representó el 51.1%, mientras que la térmica fue el 40.1%, seguido de la eólica con el 6.5% y solar con el 2.1%. Más bien, una de las principales razones detrás de la brecha en el acceso a la electrificación es la falta de una infraestructura adecuada de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esta carencia se manifiesta en un déficit del 16.7% a nivel nacional en el servicio de transmisión y subtransmisión, lo que equivale a 784 km de líneas necesarias para atender la demanda creciente y fortalecer el sistema.
Al final, quienes se encuentran detrás de estas iniciativas son autoridades renuentes para garantizar derechos esenciales de comunidades que han sido (y son) un actor clave en la agenda nacional del pasado, como ocurrió durante el conflicto armado interno, y como lo es en el presente, en las agendas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Lo único que causa el proyecto de ley en mención es ahondar la brecha para alcanzar el buen vivir o kametsa asaike, o como también se ha señalado, evidenciar que el pasado no ha pasado, sino que vuelve, como el águila con la que soñaron los sheripiari (quienes tienen visiones) antes de la llegada de la violencia que marcó la memoria asháninka.