New York, 3 de octubre de 2018.- Con la firma del Acuerdo Regional sobre el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (Acuerdo de Escazú) ya se puede empezar la implementación en los países que lo han suscrito. Así lo mencionaron representantes de sociedad civil como Andrea Sanhuenza, Danielle Andrade y Carole Excell, durante el evento celebratorio a la firma del Acuerdo.
Hasta el momento son quince los países que han firmado el Acuerdo de Escazú: Perú, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Costa Rica, Guyana, México, Panamá, Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Haití y Paraguay. Algunos de estos países tienen que adecuar sus marcos normativos, pero todos deben implementar o mejorar sus prácticas en acceso a la información, participación y justicia ambiental y para eso no se necesita de una ley.
Por ejemplo, en Costa Rica, por mandato de la Defensoría de los Habitantes, cuando el país firma un acuerdo ya puede ser reclamado por los ciudadanos, antes de ser ratificado. “Esto no quiere decir que no vayamos a cumplir con el proceso, pero ya puede haber un reclamo legítimo para cumplimiento”, informó Epsy Campbell vicepresidenta de Costa Rica.
Gobernanza ambiental
Aída Gamboa, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), precisó que las disposiciones que se implementen en la región deben servir para gestionar adecuadamente sus recursos naturales y salvaguardar los derechos de sus ciudadanos de manera efectiva.
Necesitamos una región más transparente que luche contra la corrupción, y fomente la participación de los potencialmente afectados en la toma de decisiones. “Ahora el reto en cada país que ha firmado el Acuerdo de Escazú es su ratificación, creemos que sí es posible”, comentó la especialista.
DAR junto con Artículo 19, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Cultura Ecológica, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Ambiente y Sociedad, Comunicación y Educación Ambiental, World Resources Institute, La Iniciativa de Acceso, entre otras organizaciones, integra la red de sociedad civil que participaron en el proceso de negociación (LACP10 del Mecanismo Público Regional) y asistieron al evento.
Escazú: Culminación de Río 92 y Río+20
Para la representa de DAR que los países de la región hayan decidido firmar el Acuerdo, es un hito histórico para democracia ambiental, tal como lo fue, en su momento, la Declaración de Río en 1992. “Ahora después de más de 25 años, estamos viendo cómo se implementa a nivel regional”.
Similar opinión tiene la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena: la tarea aún no termina pues aún queda profundizar el Acuerdo a espacios nacionales, regionales y locales. Indicó que si bien el nacimiento formal del Acuerdo fue hace 6 años, con Río+20, se inspira en lo trabajado en la Cumbre de Río (1992).
Un mensaje al Congreso peruano
Además, Bárcena en entrevista exclusiva hizo un llamado al Congreso de la República de Perú: “Estamos muy contentos por la firma del Acuerdo de Escazú en las Naciones Unidas, esperamos que muy pronto se pueda ratificar por el Congreso peruano, será un gusto porque así podremos avanzar juntos en el sueño de la región”.
Las declaraciones fueron recogidas en el evento “Ratificación temprana del Acuerdo de Escazú: Acción regional sobre la democracia ambiental para cumplir la visión de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” organizado por la CEPAL y los gobiernos de Chile y Costa Rica, con apoyo de la Iniciativa de Acceso América Latina y el Caribe, Open Society Foundations (OSF), DAR, entre otras organizaciones.
Ente los invitados al panel estuvieron José Antônio Marcondes de Carvalho, Subsecretario General de Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Tecnología de Brasil, Lizardo Cauper, Presidente de AIDESEP, Satya S. Tripathi, Subsecretario General y Jefe de la Oficina de Nueva York ONU Medio Ambiente, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional de Costa Rica, Jonas Ebbesson, en representación de la Convención de Aarhus, Patrick Gaspard, Presidente de Open Society Foundations, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros.
