El 4 de octubre, la representante especial para la Justicia y Equidad Racial del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.) se reunió con representantes de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), la Federación de las Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con la finalidad de conocer las principales amenazas que enfrentan los pueblos indígenas amazónicos y andinos del Perú.
Desirée Cormier Smith, representante especial del Departamento de Estado de los EE. UU, destacó que la actual gestión tiene como prioridad impulsar acciones que contribuyan con la lucha contra la crisis climática y la mitigación de su impacto sobre los pueblos indígenas, por lo que el fortalecimiento de capacidades, promoción de sus derechos, en especial de las personas defensoras ambientales, es indispensable. Además de impulsar mejoras en las herramientas estatales para su protección, más aún considerando el especial contexto de violencia existente.
En ese marco, Berlin Diques, presidente de la ORAU, compartió información de un estudio publicado por ORAU con el apoyo de DAR y PROPURÚS sobre la situación de los y las defensoras ambientales en Ucayali, en donde se evidencia las tendencias de presiones territoriales asociadas especialmente con economías ilícitas y proyectos de infraestructura vial, que incluso estarían llegando a los ámbitos territoriales de Reservas Indígenas habitadas por pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Indicó: “Nosotros estamos preocupados ante la incertidumbre actual. Ucayali es la región más peligrosa para los defensores ambientales. Nosotros queremos tener medidas y esfuerzos del Estado peruano para la protección de nuestros territorios.”
Rosalia Clemente, representante de la CNA, manifestó su preocupación por la situación de impunidad que caracteriza los ataques a las personas defensoras ambientales: “Desde que empezó la pandemia se sabe que se han asesinado hermanos en Huánuco y Ucayali por defender sus territorios del tráfico de tierras y de taladores ilegales. Sin embargo, no han detenido a los responsables ni se da protección a los líderes”.
Añadió que las amenazas también involucran a actividades formales impulsadas por el Estado: “En diversas protestas sociales nos amenazan como pueblos indígenas y campesinos, que salimos a las calles en defensa de nuestro territorio, sin embargo, no sucede lo mismo con los que contaminan nuestros recursos atentando contra nuestras vidas.” Complementó con la necesidad de contar con un enfoque sobre impactos diferenciados sobre las mujeres indígenas quienes “Somos las que ponemos la comida a la mesa, nosotras cuidamos nuestra biodiversidad y nuestras semillas nativas, puesto que sabemos cómo sembrar y cultivar. Sin embargo, trabajamos de peones y muchas veces somos despedidas por atender a nuestros hijos”.
Jamner Manihuari Curitima, presidente de CORPI-SL, manifestó: “Hablar de territorio es hablar de la vida de todos los que vivimos en esos lugares. Para nosotros, son años de lucha que vivimos de manera continua con todos los desafíos que los pueblos vienen atendiendo. Nosotros sin territorio no existiríamos, nuestros hermanos van perdiendo su vida por proteger nuestro territorio. Ese reconocimiento de seguridad aún el Estado no nos ha garantizado. Vamos a seguir viendo muertes por la resistencia y van quedando niños huérfanos. No podemos ver líderes muertos por defender sus territorios, no podemos quitarle la vida a los hermanos que tienen mucho futuro”.
Por su parte, Hugo Che Piu, presidente de DAR, explicó que existen ejes que deben ser priorizados: Completar los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos que se han desarrollado por parte del Ministerio de Justicia, y la necesidad de contar con el Protocolo de Atención que tiene que ser elaborado e implementado por el MININTER. Además, resaltó la importancia de los mecanismos de autoprotección de las organizaciones indígenas y la necesidad de apoyo para su implementación, así como la necesidad de proteger a los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Contacto Inicial (PIACI). Por último, señaló que el gobierno peruano tiene como reto frenar el avance de actividades ilícitas como el narcotráfico, tráfico de tierras, entre otros.
Finalmente, la representante especial para la Justicia y Equidad Racial del Departamento de Estado, manifestó su interés de trabajar conjuntamente con las organizaciones participantes, respondiendo en lo posible a las problemáticas identificadas, pues, países como Colombia, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos comparten la misma preocupación en torno a la situación de defensores del medio ambiente y territorio, por ello recomendaron que se debe plantear soluciones globales.