– César Gamboa, asesor senior de DAR, advirtió que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ubica a la Amazonía y los Andes como una frontera de su zona de influencia, lo que agravará las presiones sobre los recursos naturales del Perú.
– Los expertos coincidieron en que la minería ilegal se ha convertido en el actor económico y político más disruptivo del país: con el precio del oro superando los 5.000 dólares la onza, ha acumulado poder territorial, violencia y capacidad para debilitar décadas de institucionalidad ambiental.
Lima, 8 de abril de 2026. La problemática ambiental del Perú no está siendo discutida en la campaña electoral pese a que representa una de las amenazas más serias para el país en los próximos años. Esta fue una de las conclusiones del conversatorio «Problemas Ambientales en el Perú», organizado por el programa Ciencia Andina de la Universidad del Pacífico y el grupo Visionarios, en el que participaron César Gamboa, asesor senior de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Marc Dourojeanni, ingeniero forestal y exdirector general forestal; José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental y de la ONG Cooperaccion; y Ana Sabogal, directora de la Maestría en Desarrollo Ambiental de la PUCP.
GEOPOLÍTICA Y RECURSOS NATURALES
César Gamboa situó la crisis ambiental peruana dentro de un escenario geopolítico convulsionado. Señaló que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (noviembre de 2025) retoma la Doctrina Monroe como eje central y extiende el concepto de «Gran Norteamérica» hasta los límites geográficos de la Amazonía y los Andes, tal como lo expuso el secretario de Defensa Pete Hegseth en una reunión de ministros de defensa de la región en Washington el 5 de marzo. «Esto va a ser un elemento del contexto global que afectará la problemática del Perú en los próximos cinco años», advirtió.
Foto: conversatorio «Problemas Ambientales en el Perú»
Foto: conversatorio «Problemas Ambientales en el Perú»
En ese mismo marco, Gamboa señaló al Puerto de Chancay como un caso emblemático de las contradicciones que enfrenta el país: una obra de alta tecnología que reduce el tiempo de transporte entre el Pacífico y Asia de 35 a 23 días, mientras el Estado no pudo fiscalizar el puente que une el distrito de Chancay con Lima, cuyo colapso, en 2025, causó tres muertes. Junto con la Universidad del Pacífico y la Universidad de Clark, DAR publicó recientemente un reporte que advierte sobre la falta de planificación territorial ante las rutas de conectividad con la Amazonía, con una sobreestimación de los beneficios y una subestimación sistemática de los impactos ambientales y sociales.
La ruptura del ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) fue otro ejemplo citado por Gamboa para ilustrar la falta de previsión: «Se pensó en exportar el gas, pero no en cuánto iba a crecer el Perú. Después de 20 años, el gas de Camisea llega solo a la costa». Ante esa crisis, advirtió, algunos actores promueven iniciativas para cambiar el marco normativo y extraer gas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y de la Reserva Comunal Amarakaeri sin garantías ambientales, de seguridad, equidad ni de rentabilidad energética.
Foto: conversatorio «Problemas Ambientales en el Perú»
Foto: conversatorio «Problemas Ambientales en el Perú»
LA MINERÍA ILEGAL COMO AMENAZA SISTÉMICA
José de Echave presentó datos sobre la transformación estructural de la producción aurífera en el Perú. En 2005, los cuatro principales productores de oro concentraban el 80% de la producción; hoy representan apenas el 30%. La producción se ha fragmentado: de 39 productores registrados en 2001, se pasó a más de 300, sin contar informales e ilegales. Con el precio del oro superando los 5.000 dólares la onza —frente a los 270 dólares de 2001—, la extracción ilegal ha acumulado un poder económico, territorial y político sin precedentes. «Estamos hablando de un actor que nunca antes ha tenido este nivel de acumulación y de influencia, y esa influencia está siendo utilizada para golpear la gobernanza ambiental que se construyó con mucho esfuerzo en los últimos 20 años», señaló.
De Echave también subrayó la expansión territorial del fenómeno: históricamente concentrado en cuatro zonas (Madre de Dios, Puno, el sur medio y La Libertad), la minería informal e ilegal se ha extendido a departamentos amazónicos como Loreto y Ucayali, donde las concesiones mineras crecen de manera sostenida. Además, ya no se trata solo de minería aurífera: se ha diversificado hacia cobre, plata, carbón antracita y minería no metálica.
DÉCADAS DE INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN RIESGO
Gamboa trazó una línea histórica de la regulación ambiental peruana —desde el Código del Medio Ambiente de 1990 hasta la creación del Ministerio del Ambiente en 2008— y advirtió que desde 2013 ese proceso entró en un ciclo de retroceso. La reciente modificación del Reglamento Ambiental del Sector Transportes, que reduce el número de proyectos de infraestructura sujetos a evaluación ambiental, es el ejemplo más reciente. «La EIA sigue existiendo, pero en menos proyectos. Eso incrementa el riesgo ambiental de manera directa», explicó.
Marc Dourojeanni puso el acento en la deforestación: solo en Madre de Dios, la minería ilegal y las actividades agropecuarias han deforestado 130.000 hectáreas, 24.000 de ellas en los últimos tres años. Propuso medidas concretas: una moratoria de carreteras nuevas en bosques primarios, la institucionalización de guardabosques con participación indígena y la persecución prioritaria de los grandes actores de la deforestación antes que de los pequeños. Ana Sabogal, desde sus investigaciones en ecosistemas del norte del país, subrayó que deforestación, minería y cambio climático son fenómenos interconectados que se retroalimentan y cuyas consecuencias ya son visibles en los bosques secos y páramos.
De Echave añadió que grupos armados transfronterizos —el Comando de Frontera (ex FARC), los Choneros y Lobos de Ecuador, y el Comando Vermelho de Brasil— operan y controlan territorios donde el Estado peruano ha perdido soberanía. Según Global Witness, América del Sur concentra el mayor número de asesinatos a defensores ambientales en el mundo, la mayoría de ellos indígenas amazónicos.
El conversatorio cerró con una pregunta que Gamboa dejó abierta para el debate político: si existen oportunidades reales para revertir esta tendencia. «Hay una presión geopolítica creciente por los recursos naturales, la acentuación del extractivismo generará más conflictos, y la limitada capacidad regulatoria del Estado imposibilitará el control del territorio. Ningún plan de gobierno tiene hoy una respuesta seria para ello», concluyó.
El conversatorio «Problemas Ambientales en el Perú» fue organizado por el programa Ciencia Andina de la Universidad del Pacífico y el grupo Visionarios, y se realizó el miércoles 8 de abril de 2026 mediante la plataforma Zoom.