Madrid, 13 de diciembre de 2019.- Los impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe agravan las desigualdades y erosionan los derechos humanos, como a la vida, a la salud o a un ambiente sano, entre otros. Bajo este escenario y siendo la desigualdad preocupante en la región, el Acuerdo de Escazú se encuentra entre las demandas sociales de países como Colombia y Chile, por lo que no podía falta su discusión en la máxima cumbre contra el cambio climático.
Para Mary Robinson, primera mujer en asumir la presidencia en Irlanda (1990-1997), excomisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidenta de la organización The Elders -socios globales en la promoción del Acuerdo de Escazú, este instrumento “coloca a los derechos humanos en el centro de la lucha contra la crisis climática”. ¿Cómo? proporcionando información a las comunidades más vulnerables, fomentando su participación en las decisiones ambientales y fortaleciendo el camino hacia la justicia ambiental. El Acuerdo de Escazú es la respuesta a los jóvenes, quienes han tomado las calles demandando cambios y acciones de justicia climática, puntualizó.
Por su parte, Joseluis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que no solo es posible avanzar en la acción climática con buenas políticas públicas, es necesario incrementar la participación social. “Necesitamos a la sociedad y los mecanismos que permitan una participación estructurada, informada, significativa, oportuna y exigible”, indicó. De esta manera, Acuerdo de Escazú es el pilar para lograr una transición justa, que dé a la gente dignidad sin atentar con los derechos laborales y humanos. Informó que desde la CEPAL, una vez entre en vigor Escazú, se dará especial énfasis a los pueblos indígenas y a las mujeres en la participación del ejercicio del Acuerdo.
Joseluis Samaniego (CEPAL) y Mary Robinson (The Elders).
Escazú:
demanda social frente a las amenazas contra la Amazonía y el medioambiente
En representación de los pueblos indígenas, Adolfo Chávez, coordinador del Área de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), demandó a los Estados de América Latina y el Caribe la pronta implementación del Acuerdo de Escazú, ya que se trata de un instrumento vital para el trabajo de las y los defensores de tierra, territorio y ambiente.
“El Acuerdo de Escazú es importante porque se enfoca en el derecho humano a defender”, señaló. Asimismo, mencionó que la COICA se suma proceso de implementación de Acuerdo y que cuentan con unos mínimos para su involucramiento y el fortalecimiento de la justicia ambiental. Una de sus acciones inmediatas ha sido publicar el Acuerdo para sus bases nacionales.
Este Acuerdo es un hito para la democracia ambiental, sobre todo para afrontar las amenazas que se viven en nuestra región, especialmente en la Amazonía por el incremento de los proyectos de inversión, principalmente extractivos y de infraestructura. “El activismo ambiental es la forma más peligrosa de activismo, según Lyndal Rowlands de Civicus, existe tres veces más probabilidades de sufrir un asesinato por ello.
“Perú, junto con Colombia y Brasil, está entre los ocho países de la región más peligrosos para los pueblos indígenas y ciudadanos que defienden el ambiente, la tierra y el territorio, según informes de Global Witness o Front Line Defenders”, indicó Aída Gamboa de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Por ello, se vienen promoviendo iniciativas para fortalecer la implementación del Acuerdo, como el Observatorio de Justicia Ambiental del Poder Judicial y la aprobación del Protocolo del Defensores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, aún Perú necesita ratificar el acuerdo, proceso que se encuentra detenido en el Congreso peruano tras el proceso de elecciones de enero de 2020. Por lo que se espera que sea una agenda prioritaria el siguiente año.
Además, invitó a más organizaciones a sumarse a la “Campaña #EscazúAHORA”, que involucra sociedad civil, ciudadanos y pueblos indígenas en acciones de capacitación, articulación e incidencia para incrementar el conocimiento en la ciudadanía de esta instrumento, único en el mundo con enfoque en defensores, el cual fue un logro de sociedad civil que lo impulsó en las negociaciones.
Avances en la región
Estas declaraciones fueron vertidas en el side event, “Advancing climate action through Escazú Agreement standards in Latin America and the Caribbean”, en el marco de la COP25. Este encuentro fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), World Resources Institute (WRI), The Access Initiative, CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation, FIMA de Chile, DAR de Perú, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN de Argentina), The Elders y la COICA, con la colaboración del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Rodolfo Godinez (México) y Paola Vega (Costa Rica)
Rodolfo Godinez de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México comentó que si bien el Ejecutivo no traslada al Legislativo el pedido de ratificación, existe el compromiso de que se realice pronto y expeditamente. Paola Vega, congresista de Costa Rica, prometió que desde su despacho se enfatizará la ratificación del Acuerdo. Esto debido a la amenaza de un modelo extractivista sin control, sin límite, sin enfoque en derechos humanos. “Latinoamérica está muriendo gente por defender el ambiente. Tenemos el caso de Berta Cáceres, ella es un símbolo en esta lucha y a quién debemos dedicarle la adopción de este acuerdo”, reiteró.
Foto: Twitter (@cepal_onu)
Colombia en esta semana firmó el Acuerdo. Se espera que su ratificación se pronta. Samaniego (CEPAL) precisó que este fue un logro de las organizaciones sociales colombianas y de la academia, quiénes tomaron a Escazú entre sus demandas sociales. Gabriela Burdiles de FIMA (Chile) mencionó que esperan el anuncio de que el Gobierno chileno firme y ratifique el Acuerdo. Para finalizar el evento, Enrique Maurtua de FARN (Argentina) recalcó el vínculo del Acuerdo de Escazú para contribuir con la acción climática en América Latina y el Caribe.
Sociedad civil de la región espera pronto que la implementación del Acuerdo de Escazú sea una realidad.