Por Ciro Salazar Valdivia
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Perú debería insistir en la importancia de un capítulo ambiental en el Tratado de Libre Comercio con China, que ambos han incluido en acuerdos con otros países.
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En octubre de 2019, el Gobierno peruano informaba de la culminación de la cuarta ronda de negociaciones con China, en el marco del proceso de “optimización” del Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países suscribieron en abril de 2009. La inclusión a pedido del Perú del capítulo “Cadena de Suministro Global”-una innovación en los acuerdos de comercio- fue resaltada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Este éxito evidenciaría la buena capacidad negociadora del equipo peruano.
Hay, sin embargo, un capítulo presente en otros importantes acuerdos comerciales suscritos por nuestro país, que extrañamente el Gobierno no ha querido plantear en la mesa ante China: la inclusión de un capítulo ambiental.
A partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), suscrito en 1994 por México, Estados Unidos y Canadá, diversos TLC en el mundo han incorporado capítulos ambientales, debido a que las actividades comerciales y las inversiones pueden generar una amplia gama de impactos ambientales y sociales. Por ello, una de las principales cláusulas que suele ser incorporada en dichos capítulos establece que los países no flexibilicen sus normativas ambientales, ni dejen de cumplirlas, para incentivar el comercio y la inversión.
Algunos acuerdos pueden contener incluso cláusulas vinculantes con el cumplimiento de acuerdos ambientales multilaterales, así como mecanismos de consulta pública sobre el desempeño del capítulo, como los acuerdos suscritos por el Perú con Estados Unidos y la Unión Europea. Pueden también abordar subsectores específicos, como es el caso del anexo forestal incorporado en el TLC con Estados Unidos.
La inclusión de capítulos ambientales en los TLC es considerada una buena práctica internacional. De hecho, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que el Perú suscribió el 2016 y que era promocionado como el nuevo estándar de acuerdos de comercio del siglo XXI, incorpora un capítulo ambiental. También hay capítulos ambientales en los TLC suscritos por el Perú con la Unión Europea, Canadá y, más recientemente, con Australia.
Es cierto que los capítulos de inversiones de los TLC pueden contener cláusulas que cuestionan la eficacia de los capítulos ambientales y que, en general, la mera existencia de dichos capítulos no es en sí misma una garantía de la incorporación de altos estándares ambientales en las inversiones que estos acuerdos promueven pero, en un escenario mínimo, proveen algunos mecanismos de denuncia a la sociedad civil.
Una reciente investigación conjunta del investigador Germán Alarco, de la Universidad del Pacífico, y de DAR, estimó que el stock de inversiones chinas en el Perú al 2018 estaba concentrado en un 80% en el sector extractivo, minero y de hidrocarburos, porcentaje que bordeaba el 90% si se consideraba las inversiones en pesca[1], como se ve en el Cuadro 1.
Es decir, el grueso de la inversión china se concentra en zonas de alta diversidad biológica y con presencia de comunidades indígenas. Eso implica que requieren implementar altos estándares no solo ambientales, sino también sociales. Por ejemplo, procesos de consulta previa de acuerdo a la realidad específica de cada zona de intervención.
Cabe mencionar que en años recientes y a nivel global, China viene incrementando sus inversiones en los subsectores de telecomunicaciones y transporte. En este último caso, tenemos por ejemplo en el Perú a la Hidrovía Amazónica, una iniciativa en torno a la cual se han evidenciado serias limitaciones en el sistema de inversión pública, para generar los estudios técnicos que sustenten la viabilidad del proyecto, así como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ha recibido cuestionamiento de varias instituciones públicas. Las autoridades insisten en que el principal problema del proyecto radica en no haber comunicado adecuadamente los beneficios del mismo a las poblaciones amazónicas.
Algo que poco se ha discutido es que al 2020, China ha concluido procesos de negociación y renegociación de acuerdos de comercio que incluyen capítulos ambientales con Nueva Zelanda, Suiza y Chile, mientras que mantiene otros en las fases finales de negociación con Noruega e Israel. En los casos de Suiza y Chile, se contempla la evaluación periódica del impacto ambiental de los respectivos acuerdos de comercio ¡No es un tema ajeno para China!
China y Perú han suscrito un Memorando de Entendimiento de Cooperación Ambiental el 2016. Además, en abril de 2019, nuestro país se adhirió a la iniciativa china de La Franja y La Ruta, la que es considerada la mayor propuesta de generación de proyectos de infraestructura de la historia. El Memorando de Entendimiento que consagra esta adhesión, suscrito el 25 de abril de 2019, hace referencia a la “Ruta de la Seda Verde” sobre la cual se precisa: “se refiere a considerar la habilidad ecológica de los países que desean unirse a la Iniciativa de La Franja y La Ruta, con el fin de fomentar conjuntamente un buen entorno ecológico, el desarrollo sostenible, la protección del ambiente, la prevención y el control de la desertificación y la producción de energías limpias como sectores prioritarios”.
Si bien estos documentos promueven la cooperación en materia ambiental, para efectos prácticos esto es poesía, en tanto no contiene mecanismos vinculantes que contribuyan a la implementación de altos estándares ambientales y sociales en proyectos de inversión.
Así, la inclusión de un capítulo ambiental en el proceso de renegociación del TLC Perú-China, no solo está en línea con buenas prácticas internacionales, así como con los principios e intenciones contenidas en los Memorandos de Entendimiento que ambos países han suscrito, sino que resulta de interés prioritario por el tipo de entorno en el que se desarrolla el grueso de las inversiones chinas en el Perú.
Pero al hacerlo, será clave incorporar mecanismos que faciliten la transparencia de la información ambiental de las inversiones, así como el reconocimiento de la consulta previa y procesos de participación, no solo de diálogo sino de construcción de proyectos en función a las necesidades de las poblaciones locales. En esa misma línea de fomentar un mayor acceso a la información pública y a la participación va el Acuerdo de Escazú, que firmó Perú y aún le resta ratificar en el Congreso.
Entendemos que China sigue en la actualidad procesos de negociación comercial de forma virtual con algunos países, si bien no se dispone de información pública que dé cuenta de cuántas rondas de negociación quedan pendientes con nuestro país. Creemos que todavía estamos a tiempo de poner sobre la mesa de negociación un capítulo ambiental. Al parecer el equipo negociador es capaz de impulsar los temas que son de interés del país. Entonces no hay excusas, hay que hacerlo.
Nota
[1] DAR(2019).Economía, Ambiente y Derechos Humanos en las Inversiones Chinas en América Latina.