Por: Carlos Quispe
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Estamos atravesando un periodo crítico en el que la pobreza e inseguridad siguen en aumento, pero las autoridades parecen actuar en sentido inverso a la atención integral de estos problemas. El lamentable asesinato del cantante Paul ‘Russo’ Flores de la conocida agrupación musical Armonía 10, no hace sino engrosar las cifras de muertes producto de extorsiones, lideradas por bandas criminales que cada vez se sienten más empoderadas al realizar una actividad muy lucrativa en completa impunidad.
Los incentivos están puestos. Tenemos como ejemplo a la Ley N° 32108/2024, que modificó el marco normativo sobre Criminalidad Organizada, eliminando el “factor sorpresa” en los allanamientos liderados por la Fiscalía.
Tampoco olvidemos que por varios meses, el Congreso evitó debatir el dictamen que proponía restituir la “detención preliminar judicial en casos de no flagrancia”. Recién el 6 de marzo se aprobó por mayoría su restitución. Para comprender la relevancia del tema pensemos en un ejemplo: el lunes dejaron una bomba con una nota extorsiva en un colegio privado; algunos días después, el viernes, la Policía cuenta con suficientes indicios para solicitar al juez la detención preliminar de un sospechoso al que se encuentra debidamente identificado. Sin embargo, siguiendo el ejemplo, esto ocurre 24 horas después del hecho, es decir fuera del periodo de flagrancia.
Entonces, si hubieran querido detenerlo no hubieran podido, porque no fue encontrado con las “manos en la masa” (flagrancia). Solo hubiera quedado la opción de solicitar su detención preventiva, que, a diferencia de la preliminar, requiere de una audiencia con presencia del imputado debidamente notificado. Situación que en los casos de delitos como los mencionados, se convierte en una puerta de salida para ingresar al mundo de la clandestinidad, y dejar todo en impunidad.
Adicionalmente, la Ley N° 32138/2024 ha excluido de la definición de “organización criminal” a los delitos con penas menores a cinco años en su extremo mínimo, entre los cuales se encuentran los delitos de colusión, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias que, precisamente, son la columna vertebral del crimen organizado y la corrupción. Sí, debemos tomar medidas drásticas contra la criminalidad, pero no debemos dejar de tomar también medidas respecto a la estructura que las avala y propicia su perpetuación.
Iniciativas como la “pena de muerte” o “salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” son salidas facilistas que no atacan el tema de fondo. Salvo los casos de traición a la Patria y terrorismo, la pena capital se encuentra prohibida en la Constitución vigente; y salir de la Convención Americana tardaría cuanto menos 1 año, siguiendo los procedimientos establecidos por dicho sistema.
Si realmente quisiéramos asestar un golpe duro al crimen organizado, deberíamos comenzar con el fortalecimiento de las capacidades de investigación de instituciones como el Ministerio Público, la reorganización de la Policía Nacional, y el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y lavado de activos.
Más aún porque las propias autoridades estatales vienen reportando la magnitud de lo que representan las actividades ilícitas en términos económicos. En su último informe, la Unidad de Inteligencia Financiera señala que entre enero de 2015 y enero de 2025, actividades tales como la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, tala ilegal, entre otras, han movilizado un monto total de USD 199 908 millones. ¿A dónde va a parar ese dinero?
Que la impunidad no nos nuble, que la interminable cantidad de delitos y muertes que se reportan en los noticieros mañaneros no nos haga olvidar que existen aquellas que podrían explicarnos las tramas de corrupción y criminalidad organizada que se encuentran detrás, como los casos de Andrea Vidal, de Nilo Burga, o el atentado con dinamita en una Fiscalía de Trujillo que investiga a una red de corrupción de oro ilegal en Pataz. ¿Ya las hemos olvidado?
Finalmente, en un año de campañas electorales, es imposible no mencionar la reciente modificación de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para restituir el financiamiento privado de los partidos políticos.
A primera vista, esta medida podría parecer positiva; sin embargo, no solo contraviene lo decidido en el referéndum nacional de 2018, sino que, además, aprueba medidas tales como la confidencialidad de los datos de aportantes y el aumento del monto de financiamiento hasta un millón de soles por año.
Con esta decisión, se abre una ventana para que economías criminales que mueven cantidades increíbles de dinero continúen acentuando lazos con la política a través del “pitufeo” o la creación de organizaciones fantasma que “aporten” económicamente a los partidos, reservando su identidad, con lo que los partidos fácilmente pueden desentenderse ante la identificación de irregularidades.
A pesar de lo crítico de la situación, buscamos apelar a dos sentimientos fundamentales: la conciencia y la solidaridad ciudadana. Una ciudadanía activa, que comprenda que estos problemas no son ajenos, puede ayudarnos a salir de esta situación crítica.
*Foto: Agencia Andina.