- DAR presentó, ayer en un conversatorio público, un documento de análisis sobre el Mecanismo Intersectorial para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. El documento enlaza la desprotección de quienes defienden el territorio en la Amazonía con circuitos delictivos más amplios, mostrando que la inseguridad urbana está financiada por las ganancias del crimen ambiental.
- Se hizo un llamado a reformar el Mecanismo Intersectorial de Protección y a construir una hoja de ruta multisectorial que incorpore la lucha contra las economías ilícitas para fortalecer la seguridad y gobernabilidad nacional
En los últimos años, la cuenca amazónica ha enfrentado una expansión acelerada de economías ilícitas, que, ante una reacción estatal limitada y fragmentada, continúan permeando el tejido social y comunitario. Aunque sus efectos más inmediatos se sienten en los territorios indígenas, donde las personas defensoras ambientales sostienen una resistencia fundamental para proteger derechos colectivos, en la realidad se evidencia que sus efectos no se restringen al ámbito rural. El dinero generado por estas actividades fluye hacia las ciudades, especialmente hacia Lima, donde fortalece redes criminales que inciden en la extorsión, el sicariato y otras formas de violencia. Así, la desprotección de quienes defienden el territorio se enlaza con circuitos delictivos más amplios que operan en el país, mostrando que la inseguridad que hoy afecta a las urbes tiene raíces amazónicas y vínculos directos con el crimen ambiental. En este contexto, el evento presenta un documento de análisis crítico sobre el Mecanismo Intersectorial de Protección, con el propósito de examinar su funcionamiento entre 2021 y 2025 y promover una lectura integral que conecte la protección de las personas defensoras con los desafíos que plantean las economías ilícitas desde el bosque hasta la ciudad.
En el marco del desarrollo del evento Economías ilícitas, defensa territorial y seguridad pública: diálogos para una protección integral en el Perú, tras las palabras de bienvenida ofrecidas por representantes de tres de las organizaciones coorganizadoras —Central Asháninka del Río Ene, Derecho Ambiente y Recursos Naturales e Instituto de Naturaleza, Tierra y Energía, a través de Saul Vega, Hugo Che Piu y Ana Sabogal, respectivamente—; se inició con la presentación sobre los principales hallazgos del documento a cargo de Carlos Quispe (DAR) e Irupé Cañari (CARE). Desde DAR, Carlos Quispe expuso las propuestas de mejora al Mecanismo Intersectorial de Protección, destacando los ajustes normativos e institucionales necesarios y la importancia de fortalecer su articulación con iniciativas indígenas y locales de defensa territorial. Por su parte, Irupé Cañari profundizó en el análisis de CARE sobre los riesgos asociados al Protocolo de Actuación Fiscal en casos que involucran a personas defensoras, evidenciando cómo ciertas prácticas pueden derivar en situaciones de criminalización y en un uso inadecuado de herramientas fiscales que agravan su situación de vulnerabilidad. Ambos aportes permitieron situar la discusión en la urgencia de contar con un sistema de protección más efectivo, coherente y territorialmente pertinente.
Con ello se dio apertura al primer panel: “Propuestas para la garantía de entornos seguros para personas defensoras”, que reunió a representantes del Estado, organizaciones indígenas y organismos internacionales para abordar el núcleo del problema: la reforma y efectividad del sistema de protección. Participaron Jesús Peña Palacios (OACNUDH), Rocío Trujillo (AIDESEP) y Frank Almanza, Coordinador Nacional de las FEMA del Ministerio Público, cuyas intervenciones se centraron en señalar los ajustes normativos e institucionales que requiere el Mecanismo Intersectorial de Protección y en destacar la importancia de una articulación intersectorial más sólida. Asimismo, se enfatizó la necesidad de integrar de manera efectiva las iniciativas indígenas de autoprotección como parte de una respuesta estatal más coherente y territorialmente pertinente. En conjunto, el panel contribuyó a convertir los hallazgos del documento de análisis en orientaciones concretas para fortalecer la protección de las personas defensoras.
Por su parte, el segundo Panel, “El circuito ilícito: del bosque a la ciudad”, amplió la discusión hacia una mirada integral que conecta el avance de las economías ilícitas en la Amazonía con la creciente criminalidad en los entornos urbanos. Contó con la participación de Yvette Sierra Praeli (Mongabay Latam), Ángel González (MINCUL) y Mariola Paima, fiscal de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Recuperación de Activos del Exterior del Ministerio Público, quienes analizaron cómo las ganancias del crimen ambiental financian redes delictivas que impactan en la seguridad ciudadana, la corrupción y la gobernanza en las ciudades. Desde perspectivas complementarias —investigación periodística, gestión cultural y experiencia fiscal—, los panelistas identificaron los flujos financieros y logísticos que permiten a estas economías ilícitas extenderse más allá del ámbito rural, reforzando la necesidad de una respuesta estatal multisectorial capaz de cortar estas rutas criminales. En conjunto, el panel contribuyó a posicionar la protección de las personas defensoras como un componente estratégico de la seguridad y gobernabilidad nacional.
La jornada concluyó con las palabras de Hugo Che Pie (DAR), quien ofreció un balance general destacando los consensos alcanzados a lo largo del evento. Subrayó la importancia de visibilizar públicamente las recomendaciones del informe —en particular, la necesidad de evaluar la elevación del Mecanismo Intersectorial de Protección a rango de ley— y resaltó que las discusiones de ambos paneles aportaron insumos concretos para construir una hoja de ruta multisectorial que incorpore la lucha contra las economías ilícitas como una medida esencial para prevenir riesgos y fortalecer la protección de las personas defensoras. Asimismo, enfatizó que el diálogo entre el Estado, los pueblos indígenas y la cooperación internacional es clave para avanzar hacia un sistema de protección más eficaz y territorialmente pertinente. Finalmente, recordó que la defensa del territorio y de quienes lo protegen debe entenderse como un asunto de seguridad y gobernabilidad nacional, y no únicamente como un tema sectorial de derechos humanos, convocando a sostener el impulso colectivo generado durante el encuentro.
Es preciso mencionar que el Equipo de Derecho Ambiental (EDERA) y el Grupo de Antropología Amazónica, ambos equipos pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica del Perú, fueron coorganizadores del mencionado evento.
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