El ex coordinador de la Oficina Regional del Programa para promover el Convenio 169 de la Organismo Internacional del Trabajo – PRO 169, Manuel García, aseguró durante entrevista en el espacio Agenda Ambiental que en el Perú hay un déficit en políticas públicas para resolver las problemáticas de los pueblos indígenas.
García indicó que pese a que desde hace 20 años el Estado peruano puso en vigor el Convenio 169 , no se han establecido políticas públicas que promuevan la identidad, la cultura, el derecho al uso de las lenguas y la participación efectiva de los pueblos indígenas; orientadas a promover su bienestar, programas sociales pertinentes y adecuados, que promuevan la seguridad alimentaria, el desarrollo de economías locales, que garanticen y protejan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular el derecho al territorio y al uso de los recursos naturales.
“Se debe reconocer que hay avances en procesos de reconocimiento y titulación, pero que también hay orientaciones a privatizar el área comunal, a poner los derechos colectivos a un lado, por un supuesto desarrollo y eso implica al final situaciones de conflictividad, que solo se resolverán con el diálogo social intercultural, como lo propone el Convenio 169 de la OIT”, agregó el especialista.
Durante la entrevista García se refirió a que en Perú hace falta construir políticas públicas que aseguren la participación indígena y ayuden al cumplimiento de sus aspiraciones para el desarrollo. Es decir, crear espacios a nivel local, regional y nacional que sean efectivos, reales y formales, donde los pueblos indígenas puedan participar y aportar desde sus perspectivas sobre temas que se conviertan en políticas que luego van a incidir en sus vidas.
Respecto a quienes son las personas que deberían beneficiarse con estas políticas públicas, el ex Coordinador del PRO 169 señaló que el Convenio 169 de la OIT establece en su Artículo II que los sujetos de los derechos colectivos son aquellos pueblos que habitaron en territorios de Perú antes de la colonización, antes de la constitución del Estado y la nación por un criterio de continuidad histórica; teniendo en cuenta el mantenimiento de instituciones, formas de vida, usos y costumbres.
Esto quiere decir que tanto una comunidad del altiplano o de la amazonia que tenga esa continuidad histórica es objetivamente un pueblo sujeto de estos derechos, pues no se trata de una designación personal sino de una verificación de esos criterios. Finalmente el Convenio señala que el sentimiento de la propia identidad indígena debe ser especialmente tomado en cuenta a la hora de definir quiénes son pueblos indígenas y quiénes no.
Al concluir su participación, García dio a conocer que desde fines de 2014 el Ministerio de Cultura creó dentro de la estructura del Viceministerio de Interculturalidad (VMI) un grupo permanente de trabajo, conformado por siete organizaciones indígenas representativas del Perú y el equipo técnico del VMI, para el diseño aplicación y seguimiento de políticas públicas en materia indígena.
El especialista aseguró que si este grupo de trabajo logra su objetivo de representatividad, será el mejor remedio para evitar futuras situaciones de conflicto, pues se visibilizará y tendrá en cuenta la opinión de los pueblos indígenas.
Segunda parte de la entrevista