- En este escenario de pandemia aproximadamente tres millones de personas fueron despedidos de sus puestos de trabajo pese a que en algunos casos sus empleadores accedieron a créditos estatales para evitar los despidos.
La pandemia por la COVID-19 ha golpeado fuertemente a las economías siendo los más afectados los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo pese a que sus empleadores accedieron a créditos estatales como Reactiva Perú para evitar precisamente despidos masivos. Al respecto, el Perú se ha comprometido y se encuentra desarrollando un Plan Nacional de Acción (PNA) con el fin de terminar y prevenir las violaciones de los derechos humanos en el contexto empresarial.
En la actualidad, veinticuatro países publicaron un PNA, entre los que se encuentran Colombia y Chile. Veintitrés están en proceso de desarrollar un plan de acción nacional o que se han comprometido a hacer uno, entre ellos, se encuentra el Perú.
Al tercer trimestre del año, el número de puestos de trabajo que fueron víctimas de la pandemia y que están pendientes de recuperación sumó alrededor de 3 millones. De estos, según un reporte de Phase Consultores, 1,25 millones corresponden a Lima Metropolitana, y la diferencia (1,75 millones), al resto del país. Los sectores más afectados son comercio y servicios que concentran el 80% del total de puestos de trabajo perdidos.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, del que Perú forma parte, alienta encarecidamente a todos los Estados a desarrollar, promulgar y actualizar un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos como parte de la responsabilidad del Estado para difundir e implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, haciendo hincapié en proteger “a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en el contexto empresarial como lo son las mujeres, niños, pueblos indígenas, los trabajadores migratorios y sus familias, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y los defensores de los derechos humanos”.
PANORAMA LOCAL
En el caso peruano, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, aprobado en enero de 2018 a través del Decreto Supremo N° 002-2018-JUS. Por primera vez incorpora un lineamiento dirigido a la implementación progresiva de estándares internacionales sobre la relación entre empresas y derechos humanos, específicamente, los Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Proteger, Respetar y Remediar). Para alcanzarlo, se propuso para el 2018 la formulación de un diagnóstico y una línea de base que permitan la construcción de un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos.
“Actualmente, nos encontramos en una etapa de evaluación de los diagnósticos elaborados. En esta etapa distintos/as representantes de organizaciones indígenas, sociedad civil, sindicatos, gremios empresariales, asociaciones de derechos humanos, entre otros, tienen la posibilidad de trasladar sus preocupaciones y aportes con relación a los contenidos de los diagnósticos”, comentó Claudia Zuñiga, especialista de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
No obstante, Zuñiga advierte que la pandemia ha dificultado el trabajo de evaluación, a lo que se suma que las entidades representantes de las empresas han solicitado distintos aplazamientos en cuanto a las fechas, lo que ha terminado retrasando aún más el proceso de evaluación.
Al respecto, se realizará mañana un Webinar denominado “Empresas y derechos humanos: Un escenario complejo para América Latina” en la que se discutirá las metodologías que se pueden aplicar sobre la Conducta Empresarial Responsable en la región durante la reactivación de la economía y Prácticas Empresariales de los derechos humanos en el contexto del COVID-19. Asimismo, prevalecer los Derechos Humanos, Derechos laborales y Derechos de los Pueblos indígenas relacionados con las empresas y finalmente identificar los retos que se tendrían en los próximos 10 años de los principios Rectores.